MALDONADO

Justicia obliga a Antía a mostrar detalles de la contratación de cámaras de vigilancia

La división Jurídica de la Intendencia de Maldonado había rechazado un pedido de acceso a la información pública por parte de un edil opositor.

Centro de monitoreo del Ministerio del Interior con doce cámaras en Maldonado. La intendencia quiere instalar 500. Foto: Ricardo Figueredo.
Centro de Monitoreo de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno falló a favor de revocar una sentencia que desestimaba el pedido de acceso a la información pública realizado por el edil suplente del Frente Amplio en Maldonado, Joaquín Garlo, quien había solicitado que la Intendencia de Maldonado (IDM) informara los detalles de la compra directa de un sistema de videovigilancia realizado a la empresa israelí Elbit Systems LTD, por US$ 18.500.000, informó hoy La Diaria.

El pedido había llegado a la Justicia luego de que la exjueza penal y actual directora de la división Jurídica de la IDM, Adriana Graziuso, rechazara el pedido que ediles del FA habían hecho amparados en la ley 18.381 de acceso a la información pública, quien argumentó que los legisladores departamentales no estaban facultados para acceder a esos datos.

El caso había sido llevado a la Justicia, pero en septiembre de 2017 la jueza María Farfalla desestimó el pedido, entendiendo que el contrato se firmó al amparo de lo previsto en  el artículo 33, literal C, numeral 8 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que establece que las contrataciones se podrán hacer directamente “cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto”, ya que en la compra del sistema de videovigilancia se encuentra involucrada “la seguridad pública”.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar esta decisión el pasado 22 de diciembre y solicitó que en un plazo de 10 días se otorgue la información solicitada por los ediles de la oposición, entendiendo que el legislador Garlo "ostenta legitimación para la promoción del proceso”, ya que “comparece por sí y no en su calidad de edil".

Además, el fallo considera que Garlo tiene “derecho a impetrar” el acceso a la información “sin necesidad de justificar las razones por las que solicita la información” más allá de su condición de miembro de la Junta Departamental.

Antía, Vázquez y la embajadora de Israel Nina Ben-Ami en la inauguración del Centro de Monitoreo. Foto: Ricrado FIgueredo.
Antía, Vázquez y la embajadora de Israel Nina Ben-Ami en la inauguración del Centro de Monitoreo. Foto: Ricardo FIgueredo.

En mayo del año pasado, el  Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto realizado por la IDM en las cámaras de videovigilancia, esencialmente por cuestiones formales.

Una de las observaciones se refiere al principio de ejecución del gasto por parte de la Intendencia sin la intervención previa del TCR, de acuerdo a lo que establece el artículo 211 de la Constitución. La otra observación fue aplicada por comprometer gastos sin crédito disponible, según el artículo 15º del Tocaf.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo en ese momento a El País que el sistema implementado por su administración era un hecho "trascendental" para el departamento, que comenzó a dar frutos haciendo caer en abril los delitos de rapiña de un modo considerable.

"La iniciativa de nuestra administración no solo está respaldada por los resultados. Cuenta con el apoyo del propio presidente de la República Tabaré Vázquez, que nos acompañó en el acto de inauguración del mismo. Está el Ministerio del Interior, que participó en la elaboración de la propuesta. Es una necesidad para todo el departamento", explicó.

El pasado 29 de noviembre, Antía compareció ante la Junta Departamental de Maldonado por este tema, donde el edil Andrés De León cuestionó “la reserva, el secreto y la confidencialidad” de la administración departamental a la hora de adquirir las cámaras y comparó la compra directa realizada con las licitaciones públicas que llevó a cabo el Ministerio del Interior para adquirir cámaras de videovigilancia.

Antía respondió que en el caso de las cámaras del Ministerio del Interior hubo un arriendo con opción de compra y que el monto final no aparece en el contrato firmado con la empresa ganadora de la licitación.

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