Fallo judicial advierte sobre trasiego de municiones hacia ciudades norteñas.

Están listos los pum pum", "aquellas cosas", los "taca taca" o "el peine". Así se referían a las armas y municiones los integrantes de una banda de traficantes a Brasil que fueron objetos de escuchas telefónicas practicadas por funcionarios de la Dirección de Investigadores de la Policía de Rivera.

Miembros del crimen organizado de las ciudades de Río de Janeiro, Caxias y Bento Gonçalves venían a la ciudad de Rivera a adquirir las armas y las municiones. En algunos casos las dejaban en depósito en Uruguay. En otros las llevaban hacia suelo brasileño.

En Brasil los civiles tienen prohibido adquirir armas. Una pistola Glock 9 milímetros vale US$ 900 en Uruguay. En algunas zonas de Río Grande del Sur puede valer el doble o el triple de esa cifra.

Según consta el expediente judicial al que tuvo acceso El País, el trasiego de armas hacia los delincuentes brasileños se realizó a través de Río Branco-Yaguarón por lo menos en una oportunidad.

Los investigadores riverenses allanaron 13 viviendas en Montevideo, Tacuarembó, Canelones, Artigas y Rivera, dijo a El País el jefe de Policía riverense, Wilfredo Rodríguez. "En los allanamientos se encontró armas y municiones", agregó.

Las incautaciones de la Policía muestran que las armas decomisadas no tenían como destino el uso deportivo.

Según el auto de procesamiento, los policías incautaron diversas pistolas Glock, Bersa, Akdal semiautomática, rifle Mendoza modelo puma, un título de transporte de habilitación de armas, celulares, chips, GPS, varias esposas, handys, cartuchos calibre 16, agujas percutoras, cargadores de pistola Glock, piezas internas de mecanismos de disparo de pistolas y pie de cañón, entre otros objetos.

El auto de procesamiento de la jueza penal de Rivera, Annabel Gatto de Souza, señala que fueron remitidos a la cárcel ocho personas por delitos de tráfico interno de armas. A uno de los acusados se le imputó un delito de tráfico internacional de armas. En tanto, cuatro individuos fueron procesados por el mismo delito aunque sin prisión. "Los compradores brasileños no venían a Uruguay a hacer turismo. Ninguno de ellos estaba limpio. El problema que esas armas luego son usadas contra policías y civiles brasileños", dijo una fuente del caso.

A pedido de la Fiscalía, la jueza Gatto de Souza derivó el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, ya que se encontraron pruebas de que la banda de traficantes de armas tiene ramificaciones en otros departamentos.

No es la primera vez que en la frontera ocurren casos de tráfico de armas hacia Brasil. Armas uruguayas fueron vinculadas por la Policía Federal de Brasil en la muerte de un narcotraficante (ver nota aparte).

El 31 de mayo de este año, la Policía de Rivera obtuvo la información de que tras un encuentro en Minas de Corrales —a 95 kilómetros al este de la ciudad de Rivera—, tres sujetos harían un transporte ilícito de municiones. Posteriormente, el Comando de la Jefatura montó un operativo de vigilancia en varios puntos de la ruta 27 que une Rivera con Vichadero.

A las 22:00 horas del 31 de mayo, a la altura del kilómetro 3 de la ruta 27, la Policía interceptó una camioneta marca GM, modelo Blazer Executive, matriculada en el Estado de Santa Catarina, Brasil. Viajaban dos individuos en el vehículo.

Los policías revisaron el interior de la camioneta y constataron la existencia de 40 cajas conteniendo cada una 50 balas calibre 9 milímetros (2.000 proyectiles) y 25 cajas conteniendo cada una 20 cartuchos (500 proyectiles) calibre .223 Remington. Se trata de cartuchos deportivos que se pueden usar en fusiles automáticos.

Uno de los indagados reconoció que desde julio de 2015 compra y vende armas de fuego y municiones, y agregó que las vendía a brasileños de Porto Alegre y de "más arriba" también. "Nunca las saqué de Uruguay. Ellos venían a buscarlas a mi casa", declaró.

Otro sujeto, que fue procesado por tráfico internacional de armas, envió municiones a Brasil vía Río Branco, según consta en los audios de las intervenciones telefónicas.

Otro acusado expresó que tiene en depósito municiones de ciudadanos brasileños (que no puede individualizar) que según sus dichos vienen a cazar a Uruguay. Agregó que "existe una organización", pero que está por fuera de la misma.

En abril de 2015, la Policía realizó la Operación San Miguel, que finalizó con el procesamiento con prisión de dos agentes por parte del juez especializado en Crimen Organizado de Primer Turno, Néstor Valetti, por traficar 84 armas a Brasil a través de la ciudad de Rivera. Su colega de Segundo Turno, Adriana de los Santos, también procesó a dos personas por la misma causa, quienes figuraban como propietarios de dos pistolas Glock, armas que fueron encontradas en Brasil junto con un cargamento de 400 kilos de cocaína. Las Glock fueron usadas para el homicidio de un narcotraficante de alias "Xandi".

A mediados de 2015, efectivos de Inteligencia Policial estimaban que unas 300 armas automáticas fueron traficadas a organizaciones criminales de Brasil por policías de Rivera. Las pistolas 9 milímetros y subfusiles ametralladora eran adquiridos en armerías en forma legal y luego contrabandeados hacia Brasil por Rivera. Las bandas que compraban las pistolas y fusiles —se sospecha que una de ellas es el poderoso grupo narco Comando Vermelho— las utilizaban luego en hechos delictivos como tráfico de drogas y asesinatos.

El 5 de junio de 2012, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal por la desaparición de armas y municiones de la Jefatura de Treinta y Tres. La denuncia se originó luego que la Policía de Brasil detuviera a un narcotraficante que poseía armas de esa jefatura.

CRIMEN ORGANIZADOEDUARDO BARRENECHE