PROCEDIMIENTOS IRREGULARES

La Justicia investiga abusos de oficiales en la Prefectura

A partir de denuncia por acoso laboral, detectaron mala administración.

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La Justicia investiga procedimientos en la oficina del puerto de Montevideo. Foto: F. Flores

La Justicia especializada en Crimen Organizado estudia la situación de varios oficiales de la Armada que pertenecen o pertenecieron en los últimos años a la Prefectura del puerto de Montevideo (Premo), por su responsabilidad en la comisión de diversas irregularidades en servicios prestados a terceros en los últimos años. Esos oficiales fueron denunciados, en principio, por acoso laboral por dos funcionarios a su cargo.

La investigación que hizo el Ministerio de Defensa Nacional y que fuera apoyada por la Fiscalía de Gobierno, a cuyo detalle accedió El País, fue recientemente clausurada disponiéndose el arresto a rigor de un capitán de navío retirado por 30 días, y distintas sanciones a otro capitán de navío, un capitán de fragata, dos capitanes de corbeta y un teniente de navío, todos del cuerpo de Prefectura y en actividad, habiéndose detectado el incumplimiento de las normas sobre prestación de servicios especiales por parte de Prefectura e irregularidades en el cobro de una deuda por servicios prestados a una compañía naviera, entre otras infracciones, todo lo que supone para la Fiscalía un cúmulo de "faltas administrativas graves".

Los hechos irregulares comenzaron hace varios años. En 2013 dos marineros de Prefectura hicieron la denuncia ante las autoridades por acoso laboral, lo que fue probado. Durante la instrucción, luego de recogerse el testimonio de varios oficiales navales y personal subalterno, se descubrieron otras situaciones irregulares que derivaron en el pase de las actuaciones a la Justicia penal y a la especializada en Crimen Organizado.

Luego de la investigación hecha por Defensa en 2015, en junio de este año la cartera le envió las actuaciones a estudio a la Fiscalía de Gobierno, que corroboró "irregularidades" e "incumplimientos" en la prestación del servicio especial 222 (ley 13.318) en cuanto a la liquidación y su pago a los funcionarios navales que lo prestan. Esta irregularidad, dice la investigación, se constata desde mucho tiempo atrás y se encuentra contemplada en órdenes escritas por la Prefectura de puerto, por lo que se señala que la responsabilidad de los funcionarios "debería extenderse a quienes han ocupado los cargos de Prefecto Nacional Naval y eventualmente de Comandante en Jefe de la Armada".

Además se detectó el cobro de cantidades inferiores a lo previsto reglamentariamente en el caso de servicios especiales de vigilancia a buques en el puerto.

Servicios irregulares.

En el curso de la investigación, la Fiscalía de Gobierno solicitó los expedientes judiciales tramitados ante el juzgado penal de 13º Turno y ante la sede especializada en Crimen Organizado de 2º Turno. Al respecto la Fiscalía de Gobierno señala que "la prueba de hechos ilícitos reunida y diligenciada en sede penal podría proyectarse, irreductiblemente, en el procedimiento disciplinario administrativo acarreando responsabilidad funcional".

En el caso de la prestación del servicio especial 222 a empresas navieras, el dictamen señala que varios de los oficiales sancionados e investigados "incurrieron en falta administrativa en el manejo de los fondos y en general en cuanto al cumplimiento de la normativa sobre los servicios especiales de vigilancia".

Otra de las faltas administrativas por las que se los investiga tiene que ver con "irregularidades constituidas por no retener o no controlar la retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como las contribuciones de seguridad social y su vertimiento, en oportunidad de liquidar, pagar y controlar la liquidación de servicios especiales".

Sobre el no cobro de una deuda con la empresa naviera, la Fiscalía de Gobierno aconseja "una investigación administrativa que permita corroborar lo sucedido y sus eventuales responsabilidades administrativas y/o penales".

Respecto al acoso laboral denunciado y constatado en la investigación, la Fiscalía de Gobierno coincide con la instrucción hecha por Defensa en su investigación en cuanto a que hubo "trato desigual, abusivo e injustificado" con esos funcionarios denunciantes. "La concepción de jerarquía, superioridad y mando así considerada es equivocada, por lo que debe ser desterrada de los mandos. No guardan relación alguna los atributos de rigor, instrucción, orden y disciplina bien entendidos con acciones desviadas, abusivas y arbitrarias", dice el expediente.

Una resolución del Ministerio de Defensa de comienzos de septiembre, comunica las sanciones a los oficiales y señala que "quedó probada la situación de acoso laboral" contra los marineros. Ambos, consultados por El País, declinaron hacer comentarios al respecto.

Por una resolución de la Armada dictada en 2015, el oficial superior, que hoy está en situación de retiro, fue sometido a un Tribunal de Honor.

Para la aplicación de las sanciones a los oficiales de Prefectura, el Comando de la Armada en la persona de su titular, almirante Leonardo Alonso, elevó en agosto pasado al Ministerio de Defensa una sugerencia con la cantidad de días y el tipo de sanción que fue atendida por el jerarca.

Una fuerza sacudida por casos de corrupción.

2010. Desde mediados de ese año la Armada es centro de varios escándalos de corrupción, y el Secon (la unidad que actúa como contaduría general de la fuerza) ha tenido un rol clave en esos casos. En agosto de 2010 fueron procesados con prisión tres oficiales superiores navales. Cuatro años más tarde, la Justicia procesó a 13 personas, entre ellos a tres marinos, por 18 adquisiciones ficticias ocurridas entre 2007 y 2009 por un total de US$ 1.706.000.

Denuncia. Acompañado por los integrantes de la Junta de Almirantes y dos abogados, el entonces comandante de la Armada, Ricardo Giambruno, se presentó en 2014 ante el juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, y el fiscal Juan Gómez, y denunció una maniobra irregular detectada en el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la fuerza que implicó el faltante de cerca de $ 6 millones (unos US$ 300 mil) en un año.

Compras. En agosto de este año se conoció un nuevo episodio de esta saga, cuando se supo que ocho nuevas compras "fantasmas" de motores, equipos y materiales en la Armada determinan que el fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, presente nuevos pedidos de procesamiento sin prisión para oficiales superiores de esta fuerza. Los excomandantes en jefe Alberto Caramés, Óscar Debali y Juan Fernández Maggio, y otros oficiales de la Armada deberán concurrir en calidad de indagados ante la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu. En dicha instancia, se les informará que el fiscal Negro solicita su procesamiento sin prisión por abuso de funciones. Negro advierte que existen suficientes elementos de convicción para entender que ocho operaciones de compra tienen "apariencia delictiva".

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