Justicia embarga al Grupo Casal

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A pedido de la DGI, la Justicia ordenó el embargo específico de los créditos del Grupo Casal por las transferencias de futbolistas. La medida incluye a Casal, sociedades anónimas y otras siete personas. Tenfield quedó al margen del embargo.

Ayer llegaron a clubes de fútbol cedulones de la Justicia, que informaban del embargo específico por $ 518 millones (unos US$ 25,1 millones) a siete personas y diversas sociedades anónimas.

Las personas incluidas en el embargo son Francisco Casal, Julio Safrán, Carlos Aguilera, Jorge Chijane, Daniel Delgado, Gonzalo Madrid, José Herrera y Héctor Buitrago.

Las sociedades anónimas embargadas son panameñas.

La Dirección General Impositiva (DGI) considera que existe un grupo económico que integra Casal, que tiene intereses comunes y del que no se puede individualizar si existe relación de dependencia.

Por eso, el organismo recaudador solicitó a la jueza civil Loreley Opertti, el embargo específico de los créditos de las ocho personas antes mencionadas y de varias sociedades anónimas.

La DGI investigó las cuentas del empresario y su entorno durante más de seis años, para definir si debía dinero al Estado por su intermediación en la compra-venta de jugadores de fútbol.

El monto por el que se ordenó la medida cautelar es la deuda que la DGI estima que tiene el Grupo Casal.

Según diversas fuentes consultadas, al menos en un caso, el de Chijane, ya no es parte del Grupo Casal, pero sí lo fue durante parte del período investigado por la DGI.

tenfield. La empresa Tenfield no fue embargada, puesto que no realiza transferencias de futbolistas. Sin embargo, sí fue notificada de que el dinero que deba pagar o recibir de los embargados tiene que ser depositado en una cuenta del BROU.

Previo a que la DGI solicitara este embargo, Casal presentó una demanda contra ese organismo, en la que pidió que la Justicia determine si debe dinero al Estado por su actividad como contratista de fútbol, lo que él considera que no sucede.

También solicitó la medida de "no innovar", mediante la cual en tanto se tramitara el caso la DGI no pudiera trabar medidas cautelares en su contra. La jueza Martha Alves aceptó la demanda, pero rechazó la medida de "no innovar".

El País