DERECHOS HUMANOS

En audiencia pública, comisionado internacional pidió aclarar competencias.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) no puede sancionar, porque no falla sobre si hubo un delito, pero puede resolver conflictos mediante la persuasión. Palabras más, palabras menos, es lo que dijeron ayer los comisionados de derechos humanos de la OEA, luego que la Justicia uruguaya hiciera oídos sordos a las recomendaciones de esa entidad.

La gota que derramó el vaso fue esta, pero pudo haber sido cualquier historia: cuando cambió el gobierno en la Intendencia de Maldonado fue despedida una veintena de trabajadores. Cinco de estos funcionarios (entre ellos una embarazada), se quejaron ante la Inddhh. Es que se los echaba por haber sido funcionarios de particular confianza, cuando ellos eran trabajadores de carrera. El tema tuvo idas y vueltas durante más de un año, e incluso la Institución llegó a hacer una serie de "recomendaciones".

La comuna, no conforme, fue hasta la Justicia ordinaria, la que falló en su contra. ¿Cuál fue el problema? El gobierno departamental apeló y el tribunal, esta vez sí, le dio la razón y hasta sancionó que la Institución actuó "fuera del ámbito de competencias" y que la "reparación de derechos vulnerados" excede el concepto de "recomendaciones". Dicho de otro modo, el Tribunal de Apelaciones en lo civil sostuvo que "todo bien" con la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero lo que ella recomiende no tiene ninguna validez legal y no le compete hacerlo.

"Al tribunal se le fue la moto", dijo Juan Faroppa, integrante de la directiva de la Institución y quien abanderó la denuncia que hizo el organismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta Comisión está sesionando en Uruguay. Y este es el único caso en que aborda una temática interna del país anfitrión. La audiencia que fue pública tuvo lugar ayer en el Palacio Legislativo.

Tuvo la impronta de un café de amigos. Cada parte (la Suprema Corte de Justicia y Cancillería en representación del Estado) y la Inddhh dieron su punto de vista, pero con una calidez que fue definida por los comisionados internacionales como "reflexión" más que como "una disputa".

Las mesas estaban dispuestas en forma de "U". Los tres comisionados estaban en el centro, moderando el debate. A un costado, se apostaron los representantes de la Inddhh y en el opuesto las autoridades de Cancillería y la Suprema Corte de Justicia.

La conclusión fue que la corta existencia de la Inddhh pudo haber generado que la Justicia desoyera sus recomendaciones o, en todo caso, que "confundiera una recomendación con una sanción", explicó Faroppa.

La Inddhh está por cumplir nueve años y puede que algunos magistrados desconozcan la autonomía de este organismo que funciona como "defensora del pueblo". Al ser autónoma, explicó su representante, "no está subordinada a lo que diga ninguno de los otros organismos, sino que intenta generar el diálogo entre las partes, mediar, persuadir y finalmente recomendar".

Aun cuando todas las partes admitieron que la Justicia y la Inddhh tienen competencias que se complementan, la Comisión aconsejó que el Parlamento uruguayo volviera a aclarar qué rol y límite tiene cada uno.

Según Faroppa, lo otro importante es que se aclaró que "las reparaciones administrativas son algo más que económicas: implican recontratar al trabajador si hubo un error, transparentar la información y pedir disculpas".