Crimen Organizado, a cargo de la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, desplegará en los próximos días una serie de acciones en el marco de la investigación por lavado de activos y estafa presentada a fines de 2013 contra el dirigente Eugenio Figueredo (arrestado en Zúrich mientras se tramita su extradición a Estados Unidos) y la Conmebol.

Fuentes del caso dijeron a El País que se pedirá colaboración a la Justicia de Suiza y Estados Unidos.

Figueredo, arrestado el pasado 27 de mayo en Zúrich, es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos —en base a pruebas recabadas por el FBI— de formar parte de una trama de corrupción en la FIFA y de haber recibido millonarios sobornos cuando en 2013 presidía la Conmebol. La denuncia presentada en Uruguay por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales también lo vincula con el manejo irregular del dinero en la Conmebol durante su gestión, y pone bajo sospecha la firma de contratos con privados por la cesión de derechos de televisación de torneos a nivel de clubes.

"Comenzó la época de mayor trabajo", dijo la fuente a El País. Se señaló que por el momento las energías se concentrarán en acciones locales al tiempo que se gestionará el intercambio de información con Suiza y Estados Unidos para avanzar en la investigación judicial. También se maneja como alternativa acordar algún mecanismo que permita tomarle declaración a Figueredo, en virtud de que su presencia en Uruguay es improbable a la luz de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos. Incluso se piensa en una videoconferencia.

Figueredo figura como indagado en la causa por la que ya declaró en octubre del año pasado. Otra fuente explicó que Figueredo constituyó defensa y domicilio en Uruguay y que, además, ya cuenta con la calidad de indagado. Por esto puede ser requerido por la Justicia en cualquier momento y su defensa podrá participar de las actuaciones.

Crimen Organizado quedó habilitado a actuar el pasado lunes, cuando el Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por la defensa de Figueredo que pretendía negar jurisdicción a la Justicia uruguaya en virtud de que la sede de la Conmebol está en Paraguay.

"En Estados Unidos le va a resultar más pesado. Fue un recurso que le salió mal a Figueredo", opinó el abogado Víctor Della Valle, responsable de la redacción de la denuncia que presentaron siete clubes locales ante la Conmebol.

Della Valle dijo a El País que a Figueredo "le salió mal" su estrategia en Uruguay. Aseguró que, de no haber presentado un recurso de apelación contra la investigación que había iniciado De los Santos, de haber sido encontrado culpable lo "habría arreglado con seis meses o un año", pero ahora en Estados Unidos le espera una sentencia mucho más comprometida.

Trascendió que los directivos de la FIFA arrestados podrían enfrentar una pena de 20 años de prisión.

El abogado explicó que seguramente lo primero que hará la Justicia uruguaya será imponer medidas cautelares sobre los bienes que conserva Figueredo en Uruguay. A pedido expreso de Estados Unidos, la semana pasada fueron congeladas las cuentas bancarias de Figueredo. También fueron investigadas sus propiedades, aunque su defensa no recibió ninguna notificación al respecto.

"Hay gente que no fue detenida que estuvo involucrada", aclaró Della Valle, por lo que también se podrá citar a estos involucrados, a quienes prefirió no nombrar.

El abogado aseguró a El País que él mismo será citado a declarar sobre la supuesta extorsión de la Conmebol hacia los clubes denunciantes para que retiraran la demanda.

"Retiramos la denuncia extorsionados por la Conmebol de la época, por lo que el fiscal (Gómez) dijo que nos iba a citar a declarar", explicó Della Valle.

La denuncia que en diciembre de 2013 presentaron los clubes Miramar Misiones, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Rentistas, Fénix, Cerro, Racing y la Mutual alude a maniobras con los derechos de televisión de torneos continentales a nivel de clubes (Copa Libertadores y Sudamericana).

La denuncia, redactada por Jorge Barrera y Della Valle, solicitó que se "realice el seguimiento de la ruta del dinero de la Conmebol para determinar quiénes fueron los que se beneficiaron indebidamente".

La denuncia se presentó luego de que el empresario Paco Casal ofreciera por los derechos de televisación de los torneos US$ 805 millones, pero finalmente le fueron concedidos a la firma T&T por US$ 381 millones. Uno de los representantes de la beneficiaria es Alejandro Burzaco (ver columna).

El primero en retirar la denuncia fue Peñarol, que prefirió plantear el tema directamente a FIFA por carta. Sin Peñarol y como consecuencia de las sanciones preventivas que aplicó la Conmebol a los presidentes de los clubes, los denunciantes retiraron la denuncia, que continuó porque la Mutual la ratificó ante el juzgado.

Della Valle dijo que le consta que Uruguay ya inició tratativas con Suiza y Estados Unidos para intercambiar información. Aclaró, además, que él mismo envió la denuncia realizada a la Conmebol a Michael García, el abogado estadounidense que investigó durante dos años las maniobras de la FIFA.

La investigación del FBI generó un efecto dominó en toda América. En Venezuela la fiscalía comenzó a investigar el patrimonio del suspendido presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel, uno de los dirigentes arrestados en Zúrich. En Brasil también se investiga al expresidente de la federación de ese país y el actual presidente de la federación chilena, instruyó auditorías que incluyen sus cuentas bancarias.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) rechazó ayer la intimación recibida por Tenfield para explicar la situación contractual con la empresa Full Play, cuyas cuentas fueron congeladas y es investigada por el pago de sobornos a dirigentes de la Conmebol.

Según dijeron a El País fuentes de la AUF, dado que la empresa Full Play (dueña de derechos de la Copa América y Eliminatorias) ha cumplido hasta ahora con los pagos acordados por la transmisión de los partidos de Uruguay, no tiene razón para responder a este pedido. No obstante, siguen con preocupación el tema.

Tenfield pagó US$ 12 millones a la AUF por los derechos de los partidos de Uruguay como locatario y por 81 partidos de las Eliminatorias, cuyos derechos concedió Full Play a la AUF como forma de pago por los partidos de Uruguay en el exterior.

Si Full Play no puede cumplir con sus compromisos, Tenfield podría verse afectada. Full Play integra un pool denominado Datisa, creado en Uruguay. El pago de Full Play a la AUF vence en agosto, aunque tendrá que abonar antes a otras federaciones. La AUF esperará, y de constatar algún incumplimiento está dispuesta a revisar el contrato.

Conmebol deberá responder por presunta “extorsión” a clubes uruguayosGABRIELA CORTIZAS