Atres años de su detención, la jueza del Crimen Organizado, Adriana De los Santos, concedió la extradición del ciudadano uruguayo-boliviano Alejandro Melgar, requerido por el gobierno de Evo Morales por "conspiración" y "financiar" una célula que, presuntamente, planeaba atentar contra el mandatario.

Melgar, nacido en Bolivia pero hijo de madre uruguaya, fue detenido el 23 de abril de 2012 y recluido en Cárcel Central bajo arresto administrativo a la espera de la dilucidación de un pedido de extradición cursado por el gobierno boliviano. La administración de Morales lo vincula al caso denominado "Terrorismo I" o "Rosza", armado en torno a una presunta célula terrorista que en Santa Cruz planificó el asesinato del mandatario con el propósito de iniciar una guerra civil.

Según la investigación, bajo el seudónimo de Lucas, Melgar financió la compra de los pasajes y el armamento de los terroristas, para lo cual dispuso de US$ 20 millones. "Melgar fue pieza clave en la estructura insurgente", afirma el fiscal del gobierno.

Melgar, en cambio, se considera un perseguido político, aunque sus solicitudes de asilo no han sido concedidas. La jueza De los Santos tomó el caso y luego de tres años de trámites, en diciembre se pronunció a favor de la extradición. La abogada de Melgar, Silvana Echeveste, adelantó a El País que apelará la sentencia y también su disposición a llegar a la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación si recibe un revés en el Tribunal de Apelaciones.

La defensa alega que la detención de Melgar por parte de la policía uruguaya fue "arbitraria" ya que "carecía de norma habilitante" porque la orden de aprehensión boliviana era "inválida" dado que el juez que la firmó fue declarado incompetente 31 meses antes de la captura. "Melgar ha sido víctima de persecución política, se le han vulnerado sus derechos humanos, situación que ha debido ser prevenida por Uruguay y no agravarla, brindando protección efectiva a un conciudadano en vez de encarcelarlo por más de 30 meses", sostiene un escrito presentado por su defensa ante la Justicia.

En 2009, la Policía boliviana ingresó al Hotel Las Américas en Santa Cruz y ultimó a tres presuntos terroristas y detuvo a otros dos. Días después pidió la detención de 39 personas. Melgar se encontraba en Mendoza participando de un torneo de tiro deportivo y, en conocimiento de la acusación en Bolivia, viajó a Uruguay. Tres años después fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco cuando partía hacia Brasil.

El caso en Bolivia ha tenido un sinnúmero de idas y venidas. El fiscal Marcelo Soza, que acusó a Melgar y mostró correos electrónicos que probarían que financió la compra de armas y pasajes para los terroristas, renunció y es probable que sea procesado por formar parte de una red de extorsión a familiares de reclusos.

También se han conocido audios divulgados por una diputada —peritajes en Brasil y España confirman que es su voz— en los que el fiscal Soza reconoce que lo ocurrido en 2009 con la "célula terrorista" fue un "montaje político" del gobierno para "descabezar" el movimiento separatista. Melgar es abogado, árbitro comercial y catedrático universitario doctorado en Derecho Constitucional. Es opositor al gobierno de Evo Morales y forma parte de Acción Democrática Nacionalista.

El 14 de abril de 2009 la Policía ultimó en un hotel al boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores, acusado de ser el líder del grupo terrorista, al rumano Arpád Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer. Así comenzó un juicio que lleva seis años en Bolivia. El fiscal del caso, Marcelo Soza, huyó a Brasil tiempo después. Destapó la existencia de extorsiones, sobornos y compra de testigos para armar el caso por parte de autoridades gubernamentales y así imputar a líderes de la oposición de Santa Cruz. El caso se reactivó en los primeros meses de este año. Un testigo clave cambió su declaración y dejó fuera de la operación a ex funcionarios del gobierno. El caso investiga la creación de un ejército con mercenarios extranjeros financiado por líderes de Santa Cruz para iniciar una guerra civil en Bolivia.

Lleva tres años detenido y su defensa anunció que recurrirá ante la Corte