FALLO JUDICIAL

Sentencia por caso Pluna: “El Banco República no debió considerar el aval a Cosmo”

La magistrada María Helena Mainard absolvió al exministro Fernando Lorenzo porque no fue garante de la operación. Fernando Calloia, por su parte, fue condenado por abuso de funciones.

Distendidos: los exjerarcas Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. Foto: Archivo
Foto: archivo El País.

La jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, condenó al expresidente del Banco República, Fernando Calloia por abuso de funciones al considerar que otorgó el aval a la empresa Cosmo en forma “apurada” y pese a que no tenía ningún historial crediticio en la institución financiera, según la sentencia a la que tuvo acceso El País.

El exministro de Economía, Fernando Lorenzo, fue absuelto porque realizó un pedido y no una orden a Calloia para que fuera lo más flexible posible en el otorgamiento del aval a Cosmo, con el propósito de que dicha empresa participe en el remate de los aviones de Pluna.

“Una vez que recibió esas llamadas, Calloia instruyó al personal subordinado a efectos de conceder el aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva COSMO S.L. estuviera habilitado para presentarse a la subasta; dichas instrucciones fueron impartidas concretamente, al gerente ejecutivo de la División Empresas del BROU, Raúl García. Este le informó a Calloia las condiciones planteadas por el solicitante del aval y que al ser una firma extranjera, sin antecedentes en el Banco, de la que se contaba con muy poca información y sin ninguna garantía, no podía ser considerada”, señala el dictamen de Mainard.

Enseguida agregó: “No obstante ello, Calloia le indicó que era de interés nacional y que además de su consentimiento, contaba con el consentimiento de los directores del BROU, a saber Vázquez y Perazzo, ya que en estos casos, en los que la operación supera el 1% del patrimonio del Banco, se requiere de mayorías especiales.

Según la jueza, Calvo se presentó en representación de Cosmo S.L, “sin adjuntar ningún recaudo, más allá de una nota dirigida al BROU con fecha 28/12/2012, por la que se comunica que se autoriza a Calvo Sánchez para retirar de dicha Institución la póliza de caución emitida como garantía de mantenimiento de la oferta a presentar en la subasta, a quien se le otorgó un aval de mantenimiento de oferta que ascendía a la suma de U$$ 13.885.156 (trece millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y seis dólares), pese a no cumplir con las condiciones necesarias".

Con respecto a Lorenzo, la jueza advirtió que “el respaldo del ministro de Economía y Finanzas no aparece acreditado ya que Lorenzo no actuó como garante verbal de la operación”.

La sentencia refiere a hechos delictivos en la tramitación y otorgamiento de un aval bancario por parte del BROU a favor de la empresa española “Cosmo S.L.”., en ocasión de la subasta realizada el día 1 de noviembre de 2012-

En efecto, el 5 de julio de 2012, el Poder Ejecutivo resolvió liquidar PLUNA S.A., única aerolínea de bandera nacional con 75 años de historia.

El remate se fijó para el 12 de septiembre de 2012 y fue postergado por razones de oportunidad y promoción a un mayor número de interesados para el 1° de octubre de 2012. Es así que la Empresa Cosmo S.L. se presentó en el acto de remate de las siete aeronaves CRJ 900 Bombardier, de la ex PLUNA S.A..

El único oferente y mejor postor fue el denominado por el rematador “caballero de la derecha”, individualizado como Antonio C. Sánchez por Pablo Seitún, encargado de labrar el acta. El mejor postor resultó ser Hernán Antonio Calvo Sánchez, de nacionalidad española. 

"Es un juicio político".

La defensa de Calloia solicitó la apertura de la causa a prueba y que se dicte sentencia desestimando la requisitoria de acusación y absolviendo al expresidente del República.

El abogado Gonzalo Fernández expresó que se trata de un juicio penal de “carácter político” y consecuentemente, de intransigente repercusión mediática y agregó que el testigo Raúl García (jerarca del BROU) cuando habla de la documentación con la que se contaba al otorgar el aval, era el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es común dentro de la actividad bancaria que el cliente complete la información requerida por el regulador a posteriori, tal como fue asumido el compromiso por Cosmo S.L..

Afirmó que Calvo Sánchez era un mero intermediario ya que López Mena era el verdadero interesado. “Fue éste quien personalmente y con la responsabilidad que se deduce de su comparecencia, solicitó ante el BROU  que se le concediera la garantía de mantenimiento de oferta a Cosmo S.L., para presentarse en la subasta de noviembre de 2012”, agregó la defensa de Calloia según la sentencia.

Agregó que su defendido fue el receptor de la comunicación telefónica del Ministro de Economía y Finanzas de la época, ante la cual de inmediato recabó la opinión de los otros dos directores del BROU, quienes dieron su consentimiento y cumplida la operación, el Directorio del Banco aprobó la operación.

“Se juzga como conducta individual una decisión que constituye un acto orgánico, un acto administrativo”, advirtió Fernández en sus escritos.

Enseguida añadió: “Que en todo caso, la resolución del Directorio constituye un acto penalmente justificado por el tipo permisivo del cumplimiento de la ley, dictado por el art. 28 del C. Penal. Su defendido (Calloia) y sus compañeros del Directorio habrían incurrido a lo más, en un error de tipo permisivo, un error de hecho extra penal, que versa sobre el ámbito de sus facultades discrecionales para obrar en interés del Estado y califica de tal modo, como una causa de exclusión de la culpabilidad arraigada en el art. 22 del C. Penal”.

Se trata, en el peor de los casos, según expresó la defensa del expresidente del BROU, “de un error incidente sobre el permiso, sobre la concurrencia de un supuesto justificante de cumplimiento de la ley (art. 28 C.P.), que aun cuando no concurra efectivamente como competente objetivo, se lo aprecia así por error y obrando como elemento subjetivo de justificación.

Precisa finalmente, que al haber asumido López Mena las obligaciones de la aseguradora Boston, "se eliminó toda pérdida patrimonial para el Estado”.

"Fue un pedido y no una orden".

La defensa de Lorenzo, conformada por los abogados Amadeo Otatti y Mario Spagenberg,  expresó que no comparte en absoluto la valoración efectuada en el dictamen de la Fiscalía, quien abogó para que el exministro de Economía sea sentenciado por un delito de abuso de funciones.

Los abogados agregaron que la actuación de su defendido se valora en base a su “mentada y circunscrita intervención, previa a la tramitación del aval otorgado por el BROU a la empresa Cosmo S.L.”, que habilitó su presentación a la segunda subasta del 1 de noviembre de 2012.

El enjuiciamiento de Lorenzo se concentra en la llamada telefónica que este realizara a Calloia, en la que se comunicó que el empresario López Mena iba a acercar a dicha Institución una empresa interesada en participar en la subasta de los aviones Pluna y que “si ello ocurría, le estaba solicitando al BROU que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”.

En el juzgado, Lorenzo declaró que desconocía que el presidente del BROU  carecía de facultades suficientes para decidir por sí solo el otorgamiento del aval y que debía ser aprobado por el Directorio del Banco.

“Se trató de un pedido y no de una orden, por la que se solicitó que sea flexible en la exigencia de los requisitos habituales para ello o en el manejo de riesgos inherentes a esas operaciones”, sostuvieron los defensores de Lorenzo.

Agregaron que su defendido no tenía ninguna facultad legal ni autoridad directa sobre el director o cualquier funcionario del BROU para inmiscuirse en la toma de decisiones que involucra a la Institución en materia de su operativa crediticia.

Sostuvieron que el factor decisivo para conceder el aval no fue solo la llamada de su defendido, sino la directa intervención en su trámite de López Mena y que fue a él a quien el Banco finalmente le otorgó el aval.

“Esto es indiscutible si se tiene en cuenta que quien asumió el pago de la garantía del aval concedido a la empresa Cosmo, ante el incumplimiento por la Aseguradora Boston, fue el nombrado empresario “, expresaron los defensores de Lorenzo.

Tras analizar la figura de abuso de funciones, Otatti y Spangenberg concluyeron que no existen elementos de juicio que permitan sostener que su defendido actuó en forma delictiva, ya que no conjugó los verbos típicos, no cometió ni ordenó absolutamente nada; “fue un pedido al jerarca del BROU”.

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