Staricco, fiscal y la Policía en la cartera por fraude al Fonasa.

La Justicia y la Policía concurrieron ayer al Ministerio de Salud Pública (MSP) para interrogar al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, y llevarse documentación pertinente para la investigación por la megaestafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La jueza Julia Staricco, la fiscal Mónica Ferrero y personal de la Dirección de Información Técnica de la Policía fueron ayer en la tarde a la cartera y se llevaron copias de documentos, tanto en formato papel como digital.

En tanto, la Junasa se comprometió a enviarle a la Justicia otra documentación que ayer no estaba disponible. Acordaron recabarla y mandarla en las próximas horas.

Staricco, señalaron fuentes judiciales, intenta determinar irregularidades en afiliaciones al Fonasa, a través de empresas "fantasmas", como las que fueron comprobadas días atrás.

La visita fue coordinada, según dijeron a El País fuentes judiciales y del MSP, aclarando que no se trató de un allanamiento. Incluso señalaron que la Justicia está trabajando en forma coordinada con las autoridades de la salud.

Además de Echevarría, la jueza también interrogó a la secretaria letrada Ana Alaniz, según indicó ayer Subrayado.

La Justicia ya procesó a 11 personas por este caso, incluidos trabajadores de empresas de promotores y de mutualistas. Mientras, siguen las averiguaciones sobre el verdadero alcance de la maniobra y la posibilidad de que haya más implicados.

En un principio se advirtió que había 80 empresas "fantasmas" involucradas en el fraude. En las mutualistas se sostiene que no son tantas y que este número proviene solo de las declaraciones de un joven de 23 años, que fue el primero en caer, tras hacer otra estafa a través de una buzonera bancaria.

La maniobra consistía en anotar como trabajadores en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles $ 500. Los estafadores luego inscribían a estas personas a través de promotores en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 3.500.

Uno de los procesados tenía en su poder una lista de 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores. Desde las mutualistas, en tanto, sostienen que solo se pudo comprobar el reclutamiento de 600 personas para las falsas empresas.

El Banco de Previsión Social (BPS) ya sabía desde hacía seis meses de la estafa, pero no presentó la denuncia ante la Justicia hasta que el caso se hizo público a principio de mes.

En tanto, la denuncia presentada por el MSP al juzgado de Crimen Organizado para tratar de determinar si existe una organización dedicada a la intermediación lucrativa (es decir pagarles a usuarios para que se anoten en determinada mutualista en el mes de febrero, cuando se abre el corralito mutual) también llegó a manos de la jueza Staricco.

Esta denuncia fue presentada en el mes de febrero, antes que saliera a luz la megaestafa al Fonasa y está acompañada por una filmación que muestra a promotores afiliando a trabajadores a cambio de dinero.

Crimen Organizado declinó tener competencia en un caso de intermediación lucrativa, por eso lo envió al juzgado de Staricco.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), en representación de todas las mutualistas menos la Asociación Española, Casa de Galicia y Gremca, se desligaron la semana pasada del caso, e incluso advirtieron que es "discutible" que tengan que devolver el dinero que cobraron por concepto de cápitas durante los meses en que los falsos trabajadores fueron parte del Fonasa.

Consultado sobre si las mutualistas iban a hacer un mea culpa por lo que sucedió, Daniel Porcaro, representante de las IAMC, contestó: "¿Cuál sería nuestra responsabilidad? Hay que esperar que actúe la Justicia para ver quiénes son los responsables, qué instituciones y qué mandos son responsables. Porque los mea culpa pueden venir después que estén los detalles. Pero nosotros no hicimos ninguna maniobra contra el Fonasa. En todo caso la instituciones lo que dieron fue cobertura de salud a gente que no le correspondía".

Entre los 11 procesados por la Justicia, dos son trabajadores de mutualistas.

ESTAFA CON AFILIACIONES