Confirmará la designación de una funcionaria que Carlos Díaz cuestionó.

La polémica generada entre la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Justicia por la designación de los peritos que investigarán las presuntas irregularidades en Ancap sigue creciendo.

La jueza Beatriz Larrieu, titular de la sede de Crimen Organizado que analiza las denuncias, tiene pensado ratificar en su equipo a la funcionaria de la Secretaría Antilavado que designó como perito. Su nominación fue objetada por el titular de la Secretaría, Carlos Díaz, quien consideró que es él quien tiene que hacer el nombramiento de una subalterna, da-do que la Secretaría funciona como asesora de la Justicia.

La jueza considera que la funcionaria, además de la confianza que tiene en ella, es la idónea para la tarea investigativa dada su experiencia en el caso Pluna, dijeron a El País fuentes políticas en contacto con el diferendo entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

El problema se suscitó la semana pasada cuando Díaz, que es el titular de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos, la cual depende de la Presidencia, criticó el proceder del juez Néstor Valetti, quien antes de dejar su cargo al frente del juzgado de Crimen Organizado en manos de Larrieu, designó a una escribana de la Secretaría para formar parte del equipo que asesorará a la sede en ese caso. Además, Díaz consideró que el nombramiento de esta funcionaria se hizo en forma irregular por una diferencia formal en el procedimiento.

Los informantes adelantaron que en el ámbito del Poder Ejecutivo "hay mucha preocupación" por la evolución que puedan tener los hechos.

En tanto, el fiscal de Corte Jorge Díaz afirmó ayer que la fiscal del caso Ancap, María Camiño, tiene su total respaldo.

Ayer el tema fue analizado por los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y por el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular), quienes volvieron a decir que están "en alerta" ante lo que consideran "un palo en la rueda" de la investigación judicial. "Da la sensación de que estas cosas apuntan a entorpecer la investigación justo cuando está empezando", reconoció el diputado Rubio.

"Son señales preocupantes", insistió Rubio, que dijo que "es extraña también la impugnación de un experto de la Policía que había sido convocado por el juez Valetti". Rubio se refiere a un investigador policial que fue separado del caso por decisión de la jueza Larrieu.

"Esta investigación debe avanzar rápidamente", pidió Rubio, quien a continuación fue consultado sobre si piensa que hubo injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. La respuesta fue: "cuando un jerarca que depende del Poder Ejecutivo cuestiona una decisión judicial es realmente una señal preocupante".

"Esperemos que la investigación avance y a fondo. Hablamos de una situación que le generó al país una pérdida tres veces mayor que el ajuste fiscal que se votó en la Rendición de Cuentas", concluyó el diputado de Unidad Popular.

El senador nacionalista Delgado advirtió que a la oposición no le parece "una buena señal" lo que sucedió con esta funcionaria, escribana de profesión, porque "hay que dejar trabajar con tranquilidad y respaldo a la jueza y a la fiscal, incluso para que puedan nombrar a los asesores que quieran. No tienen que pedir permiso".

Delgado admitió que la funcionaria "quedó en una situación incómoda" por las declaraciones de Díaz sobre la pertinencia de que participe en un equipo designado por la sede judicial.

El senador del movimiento Todos del Partido Nacional pidió que "el expediente comience a avanzar con garantía para todas las partes".

Los senadores que se reunieron ayer quedaron de estar en consulta permanente junto con los abogados de los cuatro partidos que presentaron la denuncia.

También "muy preocupado" se mostró el senador Mieres, del Partido Independiente. Sostuvo que como primera conclusión "hay que reivindicar el trabajo independiente del Poder Judicial y de la fiscal y ratificar que tienen la potestad de convocar a quien quieran". Para Mieres "es indebida la injerencia" de Díaz. Concluyó en segundo término que le "llama la atención que una vez que comienza a andar el proceso judicial surgen palos en la rueda". "Esto lo único que provoca es que se entorpezca y demoren las actuaciones", apuntó.

La polémica entre ambos poderes, con la denuncia por supuesta corrupción en Ancap en el medio, comenzó a formalizarse la semana pasada, cuando Díaz declaró a El Observador que "con este nombramiento se desconoció la autoridad del secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que goza de autonomía técnica absoluta para elegir a los funcionarios de la secretaría que participan de las investigaciones".

El secretario antilavado incluso tenía previsto llevar el tema al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.

Según Díaz, el juez Valetti "se excedió en su competencia" al designar directamente a una funcionaria para trabajar a las órdenes de la jueza Larrieu.

Antes de dejar su cargo en Crimen Organizado, Valetti había formado un equipo para investigar los supuestos delitos en Ancap. Y la semana pasada la jueza Larrieu dejó sin efecto el nombramiento de un oficial de Policía que había elegido Valetti para participar de la investigación del caso.

Los dos sectores del Partido Nacional, el movimiento Todos, de Luis Lacalle Pou, y Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, volverán a reunirse en esta jornada con el Directorio partidario para definir si continúan formando parte de las reuniones por seguridad con el Poder Ejecutivo. La bancada de senadores blancos estuvo desintegrada ayer, con las ausencias de Larrañaga y del senador aliancista Guillermo Besozzi, que es uno de los que concurre a la Torre Ejecutiva a reunirse con el gobierno. Por lo tanto no se pudo avanzar en las diferencias que subsisten: mientras en el sector de Lacalle Pou se quiere abandonar el diálogo, en filas de Larrañaga quieren continuar asistiendo y no "volar los puentes del diálogo con el gobierno", como dijera el senador. La próxima convocatoria para discutir proyectos de ley sobre seguridad pública será mañana miércoles 10.

LA JUSTICIA Y LA POLÍTICADANIEL ISGLEAS