JUDICIALES

Era medianoche. Marco Antonio Hernández, de 40 años, golpeó la puerta de la casa de su hermana ubicada en las inmediaciones del barrio Colón. Como no fue atendido, Marco Antonio intentó entrar a la casa por una ventana. No lo logró. Con un hierro rompió la puerta de entrada e ingresó a la vivienda.

Con el hierro en la mano, el hombre exigió a su hermana que le entregara dinero y las mercaderías que la mujer vende en una feria. El recién llegado quería usar el dinero para financiar su consumo problemático de estupefacientes.

Marco Antonio también amenazó a su hermana con el hierro.

El 27 de diciembre de 2019, ella lo denunció a la Policía. El expediente pasó a la Justicia Especializada en Violencia Doméstica de 1° turno, la que dispuso para Hernández prohibición de acercamiento, comunicación y contacto con su hermana y un radio de exclusión de 500 metros.

Ante los incumplimientos realizados en el correr de 2020, el Juzgado Especializado de Violencia Doméstica reiteró la medida y dispuso una zona de exclusión de 1.000 metros.

En dos años, Marco Antonio incurrió en 62 desacatos a la orden de la Justicia Especializada en Violencia Doméstica y rompió dos tobilleras electrónicas, según dijo en el juzgado la fiscal adscripta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de 1° Turno, Giuliana Realini.

El caso se trató en dos audiencias judiciales el 13 de agosto y el miércoles 6 de octubre.

En el Juzgado, Marco Antonio relató al juez Huberto Álvarez que trabajó en cargas y descargas de mercaderías, así como de repartidor y agricultor.

Señaló que poseía antecedentes penales por “causas similares” que determinaron su detención por la Policía. “Tomo medicación psiquiátrica”, agregó el imputado.

Cuando el magistrado le preguntó si sabía por qué se encontraba en la sede judicial, Marco Antonio respondió que lo detuvieron por incumplimiento de medidas dispuestas por la Justicia.

Durante su pedido de procesamiento, la fiscal Realini explicó al juez que Marco Antonio fue detenido por la Policía dentro de la zona de exclusión. Es decir, cerca de la víctima.

La Fiscalía también comprobó que Hernández había dañado las tobilleras electrónicas en dos ocasiones: el 21 de junio y el 22 de julio de este año.

Ante los continuos incumplimientos a órdenes judiciales, Realini solicitó la formalización de la investigación para Hernández. Consideró que, además de los 62 desacatos especialmente agravados, Hernández incurrió en dos delitos de rotura o destrucción de dispositivos electrónicos.

La defensora pública Estefanía Broggi dijo que no tenía objeciones al planteo realizado por la Fiscalía. Sí señaló que está a la espera de un perito para saber si su defendido es imputable porque los técnicos del Instituto Técnico Forense (ITF) están de paro. “En las anteriores imputaciones (por violencia privada) se le declaró inimputable”, dijo Broggi.

A pedido de la fiscal y por disposición del juez Álvarez, Marco Antonio fue procesado por delitos de desacato y roturas de dispositivo electrónico.

Poco después, la fiscal Realini pidió al juez que dictaminara una pena de 180 días de prisión domiciliaria total para Hernández, mientras que Broggi solicitó una sanción de 90 días por entender que el plazo pedido por la Fiscalía “era excesivo”.

El juez Álvarez decidió el arresto domiciliario total de Hernández por 120 días.

En la audiencia Broggi señaló que la organización civil Beraca no tenía inconvenientes de recibir a Hernández para tratar su patología causada por sus adicciones.

Realini planteó que la prisión domiciliaría debía ser total y recordó anteriores incumplimientos de Hernández a decisiones judiciales.

En la finalización de la audiencia, el juez ordenó la internación del imputado en Beraca y la utilización de un dispositivo electrónico. La pena vencerá el 13 de diciembre de 2021.