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Vacancia de cargo del fiscal de Corte adjunto genera preocupación en el sistema político

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El entonces fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, y el extitular de la Fiscalía de Corte, Jorge Díaz. Foto: Marcelo Bonjour.
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Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

POLÉMICA POR DESIGNACIÓN

Cabildo planteó en el oficialismo la necesidad de llegar a un acuerdo para designar al número dos de la Fiscalía General de la Nación; en el FA no hay una postura en contra de buscar un consenso.

La vacancia en el segundo cargo de la Fiscalía General de la Nación es una preocupación que ya tenía el sistema político desde que -por la vía de los hechos- se decidió la continuación de Juan Gómez al frente del Ministerio Público, ya que oficialismo y oposición no lograron las mayorías especiales que exige la Constitución para nombrar al titular de este organismo.

Pero en los últimos días esta realidad tomó más importancia. Sobre todo habida cuenta de que Gómez -que sustituyó a Jorge Díaz cuando este renunció al cargo en octubre pasado- no tiene quién lo releve a la hora de, por ejemplo, resolver asuntos que involucren a su esposa e hija,ambas funcionarios de la Fiscalía, tal como informó El País -y admitió el propio jerarca- en su edición de este domingo.

Esto ya estaba arriba de la mesa de la coalición de gobierno desde hace algunas semanas, cuando Cabildo Abierto -el partido del oficialismo que se ha mostrado más crítico con el funcionamiento de la Fiscalía y últimamente con la condición de Gómez- planteó en la interna del oficialismo la necesidad de intentar llegar a un acuerdo para designar al número dos de este servicio descentralizado.

“Habíamos hecho una propuesta informal en esa dirección”, señaló a El País el senador cabildante Raúl Lozano, quien adelantó que la respuesta en los socios de la coalición fue al menos bien recibida. “Tanto blancos como colorados lo atendieron bien”, sintetizó Lozano, aunque advirtió que “el escenario” cambió desde entonces, porque los cruces del partido liderado por Guido Manini Ríos y Gómez fueron varios. El último, bien reciente, ocurrió a raíz de los parentescos entre funcionarios que quedó en evidencia en una respuesta a un pedido de informes que hizo este partido, pero también hubo intercambios públicos acerca del proyecto que busca sancionar penalmente a jueces y fiscales si se equivocan. Esta iniciativa de los cabildantes fue calificada por Gómez como “impresentable”, mismo adjetivo que luego usaron los senadores Manini Ríos y Guillermo Domenech para describir la gestión del fiscal de Corte.

Todo esto agrega cierta complejidad al escenario de negociaciones porque, de acuerdo a la ley, para designar al fiscal adjunto de Corte primero hay que confirmar al actual titular del Ministerio Público en el cargo.

Sin embargo, el senador Lozano sí reconoce que Gómez “está sobrecargado de trabajo, además de que tiene algunos problemas de salud”.

El asunto también es de preocupación entre algunos dirigentes del Partido Colorado y el Partido Nacional.

Así, según informaron a El País fuentes coloradas, el senador Germán Coutinho -que ha sido uno de los referentes de esta colectividad en las negociaciones por los cargos que requieren mayorías especiales- se reunirá en los próximos días con el expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, para analizar esta situación.

Y en el Partido Nacional, que para el 27 de abril tendrá una jornada de trabajo entre los legisladores para abordar varios asuntos, este será probablemente otra de las inquietudes a estudiar. “Vamos a ser una extensa reunión de bancada y ese tema va a estar”, reconoció a El País el senador Jorge Gandini. El líder de Por la Patria, no obstante, afirmó que esta situación fue generada por la falta de un acuerdo del sistema político y que lejos está de ser “una responsabilidad” del fiscal de Corte.

En el Frente Amplio, en tanto, a priori no hay una postura en contra de buscar un consenso en este sentido.

La senadora Liliam Kechichian sostuvo en esa línea que la solución de una vacancia es algo a lo que “nadie puede negarse”. Y más en este caso, señaló, en donde lo relevante es “llenar un lugar que realmente hay que llenar”. Otras fuentes de la oposición señalaron que el FA “siempre tuvo disponibilidad” a la hora de negociar este cargo, y varios otros de organismos que también requieren mayorías especiales, y que la falta de consenso político se debió a desacuerdos internos de la coalición de gobierno.

La situación no es menor y es algo sobre lo cual que el propio Gómez contó en diálogo con El País: hoy no tiene otra opción que asumir “una mayor contracción a la actividad y arriesgar”. El fiscal de Corte -quien de no mediar acuerdo permanecerá en el cargo hasta cumplir 70 años en 2025- también expresó su voluntad de que los legisladores lleguen a un acuerdo. “A veces la edad y los problemas físicos que tengo me preocupan. Y pienso: pucha, no hay nada previsto de quién sería” su sucesor, reflexionó el jerarca al pensar en un hipotético escenario en el que no tenga más remedio que dar un paso al costado.

Qué dice la norma sobre el fiscal adjunto

La Constitución, pero la ley orgánica de la Fiscalía de 2017 en forma más clara, establece que el encargado de designar al fiscal de Corte es el presidente, actuando en Consejo de Ministros, pero luego se necesita la ratificación del Senado, que otorgará una venia por tres quintos de los votos. El artículo 44 de la ley de 2017 agrega que “idénticos requisitos se exigirán para proceder a su destitución”. Ahora bien, el fiscal adjunto de Corte es designado por el Poder Ejecutivo, pero “a propuesta del fiscal de Corte y procurador general de la nación”, dice el mismo artículo. Luego el mecanismo es el mismo: tiene que lograrse las mayorías especiales en la cámara alta. Pero lo que deja en claro la normativa es que para designar un fiscal adjunto debe ratificarse al titular en el cargo, algo que en el caso de Gómez aún no ocurrió.

En un principio Cabildo apoyaba a Juan Gómez y ahora lo cuestiona

Cabildo Abierto, que en un principio apoyaba que Juan Gómez continuara como fiscal de Corte al menos hasta que no hubiera un acuerdo en la coalición de gobierno como para designar a otra persona, en los últimos meses ese apoyo fue virando hasta transformarse en un directo cuestionamiento. Las últimas críticas surgieron a raíz de la respuesta a un pedido de informes que hizo este partido al Ministerio Público, y en donde quedó de manifiesto relaciones de parentesco y concubinatos entre funcionarios de la institución. Y entre ellos está la propia situación de Juan Gómez, ya que tanto su hija como su esposa (psicóloga y fiscal adjunta, respectivamente) trabajan en el organismo, al que ingresaron por concurso mucho antes de que Gómez accediera al cargo que hoy asume.

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