PANDEMIA

La Unión Iberoamericana de Jueces expresó su "honda preocupación" por la creación del Fondo Coronavirus "que grava en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie de todos los jueces integrantes del Poder Judicial Uruguayo". En un comunicado al que pudo acceder El País denuncian que esto "ha ocasionado que muchos jueces uruguayos queden en una situación económica precaria para llegar a fin de mes".

"Los jueces uruguayos fueron incluidos, en la referida ley dentro de la generalidad de funcionarios públicos que superan esos topes de $ 120.000 de ingresos, sin considerar la función específica que los jueces prestan al Estado y a la sociedad, así como las particularidades que hacen a la misma.
Los jueces uruguayos no se oponen a contribuir solidariamente en estos difíciles momentos, proporcionalmente y en igualdad de condiciones con otros colectivos en situación análoga, situación que en la norma de creación del Fondo Solidario COVID-19 no se tuvo en cuenta", expresa la misiva.

También aclara que "los jueces no son 'funcionarios públicos privilegiados', desempeñan sus cargos en régimen de incompatibilidad absoluta y dedicación total, les está prohibido recibir otra remuneración, salvo por el ejercicio de la docencia y previa autorización de la Suprema Corte de Justicia".

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"La función que desempeñan los jueces es de carácter esencial, y pese a toda la contingencia sanitaria y la 'feria sanitaria' la función jurisdiccional no se vio interrumpida, en materias tales como penal, violencia de género, adolescentes en infracción a la Ley, en condiciones absolutamente inadecuadas, sin elementos básicos como barbijos, alcohol en gel, guantes, mamparas, como se recomienda en los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Pese a estar en peores condiciones sanitarias que cualquier otro trabajador de la salud, los jueces uruguayos no dejaron de atender todas las audiencias urgentes, así como tampoco dejaron de cumplir en el interior del país con sus funciones de Oficiales del Registro Civil, realizando casamientos", agrega.

Asimismo recuerda que según el Estatuto del Juez Iberoamericano "los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva".

"A lo anterior debe adicionarse que, para la base del cálculo del impuesto, se consideraron partidas que no son de naturaleza salarial, aumentándose así aún más la carga impositiva, ya de por sí alta de sus ingresos, lo que ha ocasionado que muchos jueces uruguayos queden en una situación económica precaria para llegar a fin de mes", añade.

El País informó que el pasado 4 de mayo que 112 jueces enviaron una nota a la comisión directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay para solicitar una asamblea extraordinaria con el objetivo de analizar el impuesto creado por el Parlamento para financiar el Fondo Coronavirus.

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Sin embargo, la Unión Iberoamericana de Jueces alerta que "al día de la fecha a los jueces uruguayos, no se les contestó y no tienen fecha para la asamblea extraordinaria solicitada".

"Es así, que el próximo 20/05/2020, se van a hacer las liquidaciones de sueldos, con la detracción del impuesto, sin haber podido plantear sus inquietudes en el ámbito gremial correspondiente", explica.

Según fuentes judiciales consultadas por El País, los magistrados que firmaron la nota el pasado 4 de mayo cuestionan tres aspectos: la base de cálculo (hay salarios que tienen recortes que oscilan entre $ 30.000 y $ 50.000), su posible inconstitucionalidad por gravar partidas otorgadas por el Poder Judicial (por ejemplo, el alquiler para jueces que deben residir en el interior del país) y el tiempo de duración del impuesto (dos meses con posibilidad de extenderlo el Poder Ejecutivo por otros dos).