RESOLUCIÓN

Se negaban a trabajar en unas salas de Fiscalía que denominaron “catacumbas”.

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Primero, los defensores públicos se negaron a concurrir a las comisarías a entrevistarse con los detenidos. Después, resolvieron dejar de ir a las salas de la Fiscalía para hablar con los acusados. Esta segunda decisión ocurrió el 20 de mayo pasado. Los defensores alegaron que esas salas eran “verdaderas catacumbas”. Hablaban unos minutos con los imputados en una sala de la Oficina Penal Centralizada (OPEC), ubicada en la sede de los Juzgados Penales (Juan Carlos Gómez y Reconquista).

El martes 28, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) intimó a los defensores públicos a que trabajen en la sala dispuesta por la Fiscalía General de la Nación y advirtió que aquellos que no acaten la resolución quedaban expuestos a sumarios porque la medida adoptada “repercute negativamente” en las defensas de los acusados.

Un defensor de oficio dijo a El País que la decisión de trabajar en la OPEC no afectó las garantías de los acusados y siempre se trabajó con normalidad.

Consideró que los defensores volvieron a trabajar en la Fiscalía porque la actual sala es adecuada y recordó que las “catacumbas” solo serán utilizadas para entrevistarse con los defendidos y determinar con ellos si se alcanza un acuerdo con el fiscal de realizar un juicio abreviado o no.

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó a los defensores públicos a que se presenten en un plazo de 24 horas, tal como se ha venido haciendo desde la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) el 1 de noviembre de 2017.

La resolución de la Corte, a la que tuvo acceso El País, expresa que aquellos defensores que no cumplan con la resolución se exponen a un “procedimiento disciplinario”,

La acordada de la SCJ, firmada por los ministros Eduardo Turell (presidente), Jorge Chediak, Elena Martínez y Bernadette Minvielle, sostiene que las buenas condiciones edilicias, de seguridad y de higiene que existen en la sede de la Fiscalía General de la Nación -ubicada en Cerrito 449- fueron comprobadas por el secretario de la SCJ, Gustavo Nicastro, y resultan avaladas, en lo relativo a la ausencia de plagas, por el informe elaborado por la empresa Livelux S.A.

La Corte expresa que las “condiciones adecuadas” de la sala que la Fiscalía General de la Nación ofreció a los defensores públicos, en el primer piso de su edificio, también surgen del informe de Nicastro y pudieron ser comprobadas por los propios ministros a través de las fotografías que aquel tomó y les exhibió. “Merece ser puesto de relieve que la Oficina Penal Centralizada (OPEC) no fue pensada para que allí trabajaran los defensores públicos de la forma en que lo están haciendo desde el 20 de mayo de este año”, dice la resolución.

A juicio de la Suprema Corte, la medida adoptada por los defensores públicos “repercute negativamente” en la prestación del servicio a cargo.
Insistió en que la decisión de los defensores afecta “la rápida y efectiva prestación del servicio”, derivando o bien en demoras en los procesos penales o, en el peor de los casos, en “inadecuadas defensas” debido a falta de conocimiento de los expedientes que, posteriormente, se ventilarán en las correspondientes audiencias de formalización. Y advirtió que “no puede pasar inadvertida” la decisión” unilateral e inconsulta con la Corte de los defensores que trasmitieron a la Fiscalía que no concurrirían a esa sede hasta tanto se solucionen los problemas edilicios.

(Producción: M. Gallardo)