CASO DE ABUSO SEXUAL

En una primera instancia, la jueza Beatriz Larrieu desestimó el planteo de las defensas en cuanto a que “el ocultamiento” del contenido de uno de los celulares de la principal víctima perjudicó a los procesados de la llamada Operación Océano, y por esto no hizo lugar a los pedidos de nulidad del caso.

La magistrada entendió que no existió indefensión de los imputados en esta etapa de la investigación, ya que el juicio penal todavía no comenzó. Es decir, la jueza Larrieu sostuvo que, como ahora se está en la etapa de investigación y búsqueda de pruebas, estas personas no habían sido perjudicadas.

Pese a esto, dos escritos de apelaciones, que representan a más del 50% de los 32 imputados y que fueron presentados el miércoles 9 y ayer, cuestionan ese argumento de la magistrada y piden a un Tribunal de Apelaciones que determine la nulidad de todas las actuaciones del caso.

Uno de los documentos, firmado por los penalistas Pablo Donnángelo, Jorge Pereyra Schurmann, Eduardo Sassón, Andrés Añasco Viera y Alejandro Balbi, entre otros, señala que el “ocultamiento de pruebas” generó un “evidente” y “grave perjuicio” para los defensores e imputados.

Citando a ministros, doctrina y hasta a la Constitución de la República, los defensores señalaron que, luego de una formalización de una investigación una persona puede terminar presa en forma preventiva si la Fiscalía logra convencer de ello al juez del caso. Por eso, dicen las defensas, ya se está en un juicio penal y no en una etapa investigativa como dijo Larrieu.

“No podemos dejar de advertir que nos causa agravio (perjuicio) la posición de la sentenciante (Larrieu) en cuento a la no consideración de proceso en la etapa judicial en que nos encontramos”, insisten los abogados. En otro tramo de su escrito, los defensores citan al procesalista Luis María Simón, quien señala que el proceso ordinario comienza con la audiencia de formalización de la investigación de una persona.

En otro fragmento de la apelación, los defensores se refirieron en concreto “al ocultamiento” del contenido de uno de los celulares de la principal víctima. “Durante nueve meses, los abogados estuvimos a ciegas, reclamando de manera reiterada y por distintas vías, que la Fiscalía cumpliera con la obligación de entregar TODO (sic) el material que estuviera en su poder (o el de sus auxiliares)”, señala el documento de apelación.

Un segundo escrito, firmado por los penalistas Martín Frustacci y Nicolás Pereyra, también apela el fallo de Larrieu.

Frustacci y Pereyra coinciden con Larrieu en que la investigación preliminar no constituye prueba ni integra el proceso penal. Sin embargo, alegan los defensores, la resolución cuestionada fue el acto de procesamiento de sus defendidos. “Lo que queremos es ni mas ni menos que un proceso justo, indagatoria preliminar de índole administrativo JUSTA (sic)”, dicen en alusión a la Fiscalía.

Y señalan que, por más que Larrieu insista en que tanto la Fiscalía como la defensa tenían las mismas evidencias recolectadas antes de la audiencia de formalización de los imputados, “ha quedado acreditado” que ese mismo día la fiscal Darviña Viera tenía en su poder información de los dos celulares de la víctima. Mientras que las defensas solo poseían cinco hojas A4 con chats de WhatsApp “seleccionados, contextualizados y direccionados” para imputar a sus defendidos, concluyen.