JUSTICIA

Un comisario, un sub oficial mayor y un agente fueron imputados ayer por la muerte del recluso Carlos Alberto Núñez Santos. Todo ocurrió tras una reyerta de 21 presos ocurrida en el Penal de Libertad (San José) en la noche del 3 de octubre de 2018.

Un disparo policial de escopeta calibre 12, con munición “no letal”, le destrozó el bazo y murió desangrado. El cartucho tenía una carga de perdigones y gas lacrimógeno.

La fiscal de Libertad, Nidia Morosini, logró reconstruir el incidente mediante testimonios y grabaciones del sistema de videovigilancia. En las imágenes se puede ver al recluso arrodillado sobre la planchada de la cárcel y con las manos en alto cuando le disparan.

En el relato de los hechos la fiscal consigna que accedió a las comunicaciones por radio de la guardia. Allí se oye que los policías le avisan al comisario que hay un hombre herido. “El jefe del operativo permaneció impertérrito, el interno yacía en el piso, se estaba desangrando, se retorcía en señal de dolor y se revolcaba sobre sí mismo en la planchada”, escribió la fiscal.

En primera instancia, el sistema de comunicación oficial del Ministerio del Interior informó erróneamente que el recluso había sido herido por otro prisionero. Sin embargo, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, realizó una minuciosa investigación que culminó en una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de Libertad.

Petit probó que el informe ministerial faltaba a la verdad, lo que determinó la caída del entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa.

La fiscal Morosini imputó varios delitos a los efectivos policiales. Entre ellos: abuso de autoridad contra personas privadas de libertad, omisión de asistencia y coautoría de homicidio para el comisario y delitos similares para los otros dos.