DESDE OTRO LUGAR

Testigos protegidos, una carta en la manga de fiscales

La Justicia desarrolló una tecnología que permite que testigos puedan brindar su testimonio en forma remota, dándole garantías y preservando su integridad.

Casavalle: fiscalías especializadas en crimen organizado usaron el sistema de testigos bajo identidad reservada para obtener pruebas que permitieron desbaratar bandas. Foto: Fernando Ponzetto
Casavalle: fiscalías de crimen organizado usaron sistema de testigos bajo identidad reservada para obtener pruebas que permitieron desbaratar bandas. Foto: F. Ponzetto

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Son voces que no pueden tener rostro ni identidad, aunque fundamentales para esclarecer delitos difíciles de resolver. Los testigos protegidos son claves en casos donde las personas tienen miedo de hablar. Pero muchas veces también son usados por la defensa durante el juicio para tirar abajo la hipótesis de la Fiscalía y par que la Justicia no considere ese testimonio.

Distintas fuentes judiciales consultadas por El País, coinciden en que los casos más frecuentes para recurrir y solicitar la declaración de un testigo protegido son cuando ocurre un delito de homicidio en un barrio periférico o por narcotráfico.

Fuentes de Fiscalía indicaron que en materia de homicidios, “prácticamente en todos los casos” se recurre a testigos protegidos.

La ley, en realidad, los define como testigos intimidados: aquellos sobre los que se determina que su vida corre riesgo por tener una información.

Un ejemplo en el que un testigo protegido fue clave es el caso de Antony Marcaris, un golfista de 19 años que fue asesinado en abril de 2018.

El fiscal de Homicidios, Juan Gómez, logró probar que el homicida había sido Luis González Mesa, hijo de “Betito” Suárez”. Gómez tuvo que apelar al testimonio de testigos protegidos para poder resolver el caso. Cuando comenzó el juicio también vinculó a González Mesa con un homicidio que ocurrió días antes del de Marcaris.

El caso terminó en un Tribunal de Apelaciones que fijó la condena para el imputado en 25 años de penitenciaría.

Otro caso en el que el uso del testigo protegido fue esencial para enviar a prisión a delincuentes fue el de “Los Chingas”. Ese nombre era el que utilizaba un clan familiar de los Palomares de Casavalle, que llegó a desalojar a la fuerza a más de cien personas de sus casas.

Hoy, prácticamente todos los integrantes de esta familia de tres generaciones, que integran unas 20 personas, están en prisión.

La fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, el fiscal de delitos Económicos Enrique Rodríguez y el de Homicidios Juan Gómez, en varias ocasiones utilizaron testigos protegidos para identificar y desarticular a este grupo criminal que operaba en Casavalle.

Testimonio clave

El 9 de octubre de 2020, los Servicios Administrativos del Poder Judicial enviaron una circular a todos los magistrados del país, que contenía el protocolo de actuación para la toma de declaración remota de testigos intimidados, protegidos y víctimas.

El programa refiere a las acciones a desarrollar en el caso de las personas que han declarado en calidad de víctima o testigo intimidado (con reserva de identidad) en las sedes de la Fiscalía, en el marco de una investigación penal, o que se encuentran en el “Programa de protección especial de personas víctimas o testigos de delitos” y deben declarar en sede judicial.

El protocolo, que fue aprobado por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, señala que el Poder Judicial desarrolló una tecnología que permite brindar una mayor protección a ciertos testigos y víctimas, cuyo testimonio en el proceso penal es clave, principalmente en los delitos de crimen organizado.

Por ese motivo, el Poder Judicial contactó a la Fiscalía General de la Nación para conformar un equipo de trabajo que elaborara una hoja de ruta a seguir en casos en los que fuera necesario aplicar dicha tecnología.

El protocolo de actuación es el producto de varias reuniones de intercambio y negociación entre la Unidad de Víctimas de la Fiscalía y el Poder Judicial, dada la preocupación existente por brindar protección a ciertas personas cuyos testimonios en un proceso penal, podrían exponerlos a un nivel alto de riesgo, por tratarse de crímenes realizados por organizaciones.

El protocolo diferencia los conceptos de testigo intimidado y protegido, que exigen procedimientos diferentes para adquirir dichos estatuts en el marco de la investigación penal.

El equipo fiscal, con el asesoramiento del oficial del caso del Ministerio del Interior y el apoyo de los técnicos de la Unidad de Víctimas, es quien evaluará la necesidad de que la persona declare como testigo intimidado o ingrese en el programa de protección especial.

El testigo intimidado es aquel que está expuesto a un peligro grave. También se contemplan sus bienes y familiares. En cambio, testigos protegidos son víctimas o declarantes que se encuentran en situación objetiva de riesgo como consecuencia directa o indirecta de su participación en una investigación o proceso penal.

Se trata de personas que ya han adquirido el estatus de testigo intimidado -y por tanto declararon en un juzgado con reserva de identidad-, que por el tipo de delito que se investiga y la complejidad de las investigaciones que se desarrollan, en la mayoría de los casos requieren ser ingresados en estrategias especiales de protección.

Según el protocolo, la estrategia de protección excede ampliamente la mera recepción de su declaración como testigo intimidado. También abarca otras medidas y disposiciones como la relocalización de su familia en Uruguay o en el extranjero; no usar celulares o redes sociales; atención en salud, solicitud de cambio de trabajo, apoyo para reinsertarse laboralmente y cambio de documento de identidad.

Otros medidas son la entrega por parte del Estado de servicios y prestaciones socioeconómicas y el cambio de centro educativo de sus hijos, así como otras que aseguren la seguridad y protección personal y familiar.

No se manejan identidades de testigos en fiscalías o juzgados

El protocolo creado por el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación cuenta con una serie de procedimientos que garantizan las identidades de las víctimas o testigos protegidos o intimidados a la hora de declarar ante un fiscal o en un juzgado durante un proceso penal.

Previo a iniciarse la audiencia de juicio oral o de prueba anticipada, el actuario recabará, en dos actas, los datos filiatorios o cualquier otra circunstancia que permita identificar al testigo. Posteriormente, el actuario abrirá en la sala de declaración remota el sobre presentado por la Fiscalía en la acusación o solicitud de prueba anticipada y certificará la identidad del testigo en audiencia, sin explicitar el nombre del mismo.

Las actas deberán estar firmadas por los testigos y serán depositadas en dos sobres cerrados y lacrados, en cuyos reversos se dejará constancia del Juzgado, identificación del expediente penal y el nombre del fiscal interviniente. A este último se le hará entrega de uno de los sobres, quedando el otro en poder del juez, el cual lo guardará en la caja fuerte del Juzgado.

En el expediente, los testigos intimidados llevarán el número respectivo que se utilizó en su declaración. A modo de ejemplo: “Víctima o Testigo 1”, “Víctima o Testigo 2”.

El protocolo también establece que los testigos declaren en sales contiguas o remotas con distorsiones de voz para que no puedan ser identificados a través de teléfonos o computadoras conectados con la audiencia. Es decir, se adoptan múltiples sistemas para preservar la identidad de los declarantes.

El asesinato de una dentista en Castellanos

El crimen de la odontóloga de Castellanos (Canelones), Luciana Bentancur (35), aún no está resuelto. La mujer fue asesinada de 49 puñaladas el 4 de setiembre de 2019. La investigación liderada por la fiscal, Alicia Schiappacasse, logró enjuiciar a tres personas por el crimen, las cuales se encuentran en prisión a la espera del inicio del juicio oral. Pasaron meses sin saberse quién o quiénes habían entrado a la casa de Luciana a robar y luego la mataron. La fiscal finalmente logró procesar al autor, al coautor y al cómplice del crimen, pero restan aspectos de forma en el juicio para obtener una condena. Según se desprendió de la investigación fiscal, estas personas irrumpieron en la casa de Luciana, donde también funcionaba su consultorio odontológico, y robaron $ 30.000.

Fuentes de la Fiscalía indicaron a El País que en este caso también fue clave el uso del testigo protegido para poder dar con los delincuentes.

Schiappacasse había explicado que el móvil del asesinato de la odontóloga había sido el robo. Uno hizo de campana y los demás entraron a robar y terminaron asesinándola. Todos son del mismo pueblo que Luciana, una localidad de 1.500 habitantes. 

Abusaban de dos menores en Artigas

La fiscal de Artigas Hesmes Antúnez imputó a una mujer de 39 años por la comisión de reiterados delitos de proxenetismo agravado (por tratarse de víctimas menores de edad y por ser ascendiente de una de ellas), con reiterados delitos de omisión a la patria potestad y de violencia doméstica. También fue imputado un hombre de 65 años por retribución o promesa de retribución a menores a cambio de que ejecuten actos eróticos. En abril de este año, el INAU recibió una denuncia por una presunta situación de explotación sexual de dos adolescentes.

En el marco de la investigación que realizó la Fiscalía, se recabó la declaración de testigos de identidad reservada. De allí surgió que un hombre mayor les pagaría a las adolescentes por mantener relaciones sexuales con él. Por otra parte, estas personas sostienen que la mujer tendría conocimiento de la situación, que ambas adolescentes se encontrarían viviendo con ella y que estaría facilitando la explotación de las mismas, lo que generó la realización de un seguimiento discreto de la Policía.

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