INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

En una histórica audiencia, se encontró la flor y nata de la abogacía penal local . Más de 30 profesionales de los principales estudios jurídicos del país, 21 imputados, la jueza y su asistente, tres fiscales, tres defensores de las víctimas y una profesional del INAU ocuparon una sala del Palacio de Tribunales. El recinto del Poder Judicial puede albergar hasta 150 personas.

La audiencia comenzó a las 8:30 horas de ayer, casi en punto. Pero demoró media hora en arrancar por el gran número de abogados e imputados que debían acreditarse ante la jueza Adriana de los Santos.

Uno de los temas de la audiencia fue el levantamiento de la reserva de la carpeta investigativa para los asesores legales. Esta carpeta refiere al caso de una menor de edad supuestamente explotada sexualmente por 21 adultos entre fines de 2018 y mediados de 2019. Las promesas de retribución o la retribución que supuestamente estos otorgaron a cambio de actos eróticos fueron entregas de dinero, regalos (lencería y perfumes), viajes, paseos en barco, comida y tratamientos cosméticos.

En la audiencia, la Fiscalía solicitó, además, la aplicación de medidas de protección para las 18 víctimas y la ampliación de las medidas cautelares para los imputados por 180 días. La próxima audiencia se hará en octubre próximo.

La sesión pasó por momentos ríspidos y por otros de elevado contenido jurídico.

La abogada Cecilia Salom planteó que la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera debía apartarse del caso y la acusó de divulgar los chats que mantuvieron imputados con una de las víctimas, entonces menor de edad, según dijeron a El País participantes de la reunión.

Y agregaron que Salom señaló que la fiscal dio declaraciones sobre la “Operación Océano” en medios de prensa televisivos, escritos y radiales y los enumeró.

Además de Salom, otros penalistas coincidieron con el planteo de que el supuesto objetivo de la Fiscalía con la publicación de los chats entre la menor y los imputados buscaba generar presión social contra los acusados, lo cuaql fue negado de plano por la fiscal Viera.

Ello derivó en que la jueza De los Santos decretara, al cierre de la audiencia, el envío a la Fiscalía General de la Nación de todas las publicaciones de El País donde se divulgaron los chats. La Fiscalía General de la Nación deberá establecer si la Fiscalía de Delitos Sexuales divulgó o no dichos chats.

Otro tema que generó controversia entre ambas partes fue la intención de la Fiscalía de que se adelante la declaración de una joven víctima para evitar una eventual frustración de la prueba. La chica ya declaró ante la Fiscalía. Ahora deberá hacerlo en el juicio. La supuesta promesa o retribución a esa joven a cambio de actos eróticos generó los 21 procesamientos de los adultos.

El abogado penalista, Alejandro Balbi, preguntó en la audiencia si la víctima era mayor de edad. La fiscal adscripta, Giuliana Realini explicó que la chica ya había cumplido la mayoría de edad.

A partir de la pregunta de Balbi, se armó el debate. Participantes de la reunión calificaron ese intercambio entre ambas partes como “ríspido” y “tenso”, entre otros calificativos.

La Fiscalía argumentó que pidió la declaración anticipada de la joven porque ello está previsto por la ley. La fiscal Viera teme que la chica se asuste y no declare en el Juzgado. Es decir, se trata de una de las pruebas que maneja la Fiscalía.

Posteriormente, la mayoría de los defensores de los imputados se opusieron a la declaración anticipada de la víctima.

Alegaron que sus clientes entraban a páginas web que sostenían que todas las jóvenes eran mayores de edad. Y agregaron que cuando éstos chateaban con la chica que generó la investigación presuponían que también se trataba de una mujer mayor de edad.

La posición de la Fiscalía es diametralmente opuesta: todos los imputados sabían que chateaban con una menor de edad. En los chats, la víctima dijo a algunos imputados que tenía 17 años y éstos siguieron la charla.

Uno de los abogados dijo a El País: “La Fiscalía pidió una declaración anticipada (de la víctima) y la jueza se lo concedió. La gran mayoría de los profesionales apelamos”.

Enseguida se quejó de que la Fiscalía pidió la declaración anticipada de la chica, pero los abogados no pueden ver toda la carpeta investigativa, ya que continúan reservados expedientes relacionados con seis prófugos. “Ello significa, que deberíamos ir a una declaración de la víctima sin conocer todo el expediente. Podría haber temas que nos interesan y que queden afuera de las preguntas. Necesito conocer toda la carpeta en profundidad. Todo me influye”, dijo.

A partir del próximo lunes, todos los defensores podrán concurrir a la Fiscalía con un pendrive para extraer la carpeta investigativa.

Según la fuente, la Fiscalía hace tres meses que trabajaba con el expediente y los abogados no. “Hay algo que la Fiscalía no quiere mostrar. Supongo que podría ser algo que afecta la credibilidad de la chica”, agregó el profesional.

Los abogados defensores también reclamaron en la audiencia la devolución de los teléfonos celulares de su clientes argumentando que ya fueron periciados por técnicos de Policía Científica.

Los profesionales pretenden entregar esos teléfonos para que los analicen otros técnicos para tener su propia pericia.

En cambio, la Fiscalía dijo que no los devuelve porque era una herramienta utilizada para cometer el supuesto delito.

También se debatió en la audiencia otro tema técnico decisivo para la jurisprudencia futura. La Fiscalía pretendió tomar la Operación Océano como un caso de violencia de género, según las fuentes.

Argumentó que se trata de una víctima mujer, menor de edad. Y agregó que es obvio la existencia de una asimetría de poder entre los adultos -la mayoría de ellos prósperos comerciantes, empresarios y profesionales- y una chica con problemas sociales.

En cambio, los defensores sostuvieron que, en este caso, no hubo violencia, estaban en un chat y no existió supremacía física y psicológica de adultos hacia la entonces menor.

Si la Justicia decide que este caso se enmarca dentro de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, todo lo concerniente a una mujer quedará amparado bajo dicha norma, sostuvo un profesional.

El centro de la cuestión es si la Operación Océano es un caso de violencia de género o no.

La Fiscalía explicó que la declaración anticipada de la víctima se realiza en función de dicha ley. En cambio los abogados sostienen que no lo es; esa es la base de su apelación al decreto de la jueza.

“Lo más importante para los defensores era el levantamiento de la reserva” del expediente de Fiscalía”, dijo en rueda de prensa el abogado penalista, Ignacio Durán. Recordó que la primera tanda de formalizados comenzó en marzo de este año y agregó que los defensores no contaron con ningún tipo de información. “Entonces ejercer un derecho de defensa en esa situación es bastante complejo. A partir de lunes o martes, cuando nos den toda la carpeta investigativa de la Fiscalía, vamos a comenzar a trabajar de otra manera”, dijo el penalista.

Señaló que se tratará de buscar si hay coherencia entre lo que un cliente dice, con lo que sucedió, con los chats en poder de la Fiscalía y las declaraciones propia de la víctima. “Lo que ocurrió hoy (por ayer) en la audiencia masiva, permitirá clarificar lo que es la Operación Océano para el bien de todas las partes”, sostuvo.

Durán reiteró que, en el caso de su cliente, un productor de fiestas electrónicas, el delito no existe porque éste tenía una relación de amistad con la chica.