ENVIÓ SOLICITUD FORMAL

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió al Parlamento una solicitud formal para que se postergue la fecha establecida para la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género que fueron creados el año pasado por la Ley de Presupuesto. Los ministros pidieron que el plazo, que vence este 1º de julio, se extienda por un año más “sin perjuicio” de que las sedes se instalen antes de los 12 meses, señalaron a El País fuentes de la SCJ.

El tema tuvo idas y vueltas durante la discusión de la norma presupuestal, porque en un primer momento no se habían creado los recursos necesarios como para instalar las sedes especializadas, que estarán ubicadas en el interior del país.

Por este asunto hubo a fines de enero una serie de reuniones entre el presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Bottero, y legisladoras de la bancada femenina. Los ministros de la SCJ habían manifestado entonces que tampoco tenían los recursos suficientes como para cumplir con la ley.

Como parte del acuerdo, se dispuso que el máximo órgano del Poder Judicial iba a recibir $ 57 millones anuales del Parlamento y refuerzos extra aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas para afrontar los gastos relativos al acondicionamiento de los edificios.

Las viviendas en donde funcionarán las oficinas, que serán adquiridas en régimen de comodato o de alquiler, estarán ubicadas en Paysandú, Rivera y Maldonado, señalaron las fuentes.

De hecho, en las últimas horas la Intendencia de Maldonado informó que se llegó a un “preacuerdo” entre la comuna, el Poder Judicial, el municipio de San Carlos y el Club Oriental para instalar allí uno de los tres juzgados.

“Se estima que este 2021 se realicen las obras necesarias para acondicionar el lugar y que el mismo sea inaugurado en febrero de 2022”, señala el comunicado, que ya da por hecho que el juzgado no abrirá las puertas el mes que viene.

Es que hacerse de los edificios no constituye el único obstáculo para que los juzgados se instalen en fecha y puedan comenzar a funcionar el 1º de julio. Luego de esa etapa hay que realizar una serie de reformas para ponerlos a punto y en condiciones como para albergar juzgados especializados en género y de tipo multimateria, como lo establece por su parte Ley Integral de Violencia Basada en Género y Hacia las Mujeres, promulgada en diciembre de 2017.

La iniciativa, que tiene forma de anteproyecto de ley y que ingresó ayer a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, generó el rechazo de legisladores del Frente Amplio. Charles Carrera, el presidente de la comisión, dijo a La Diaria que promoverá que “se cumpla” con el compromiso de la instalación de las sedes en la fecha que dicta la ley, “porque son juzgados que son necesarios y existe una problemática en torno a este tema y una urgencia en la sociedad”.

Por su parte, el senador frenteamplista Enrique Rubio sostuvo que la solicitud de la Corte es “totalmente desatinada”. “Las cuestiones de género no admiten la prórroga o secundarizarlas. Estamos en las puertas de la Rendición (de Cuentas), ese es el lugar adecuado para solucionar el tema de inmediato y no cortar siempre por el mismo lado”, concluyó.