INSEGURIDAD

Sicariato y tráfico de drogas: operación de inteligencia revela corrupción policial

Una operación de Inteligencia Policial desnudó una trama que incluye tráfico interno de armas y droga, coimas y sicariato.

La investigación de Inteligencia Policial estableció que una mujer, hoy en prisión, “colocaba” armas que eran usadas en ilícitos. Foto: Fernando Ponzetto
La investigación de Inteligencia Policial estableció que una mujer, hoy en prisión, “colocaba” armas que eran usadas en ilícitos. Foto: Fernando Ponzetto

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Interceptaciones telefónicas realizadas por la Dirección de Inteligencia Policial a familiares y allegados a policías de la Zona IV (Cerro, La Teja y barrios aledaños) revelaron una trama que incluye tráfico de armas y de drogas, coimas y sicariato.

La “Operación Hurón” comenzó con la investigación de un supuesto ilícito menor ocurrido el miércoles 1° y derivó en consecuencias impensadas. Un patrullero de la Zona IV se dirigió hacia la casa de un octogenario a buscar armas. El policía descendió del auto y habló en confianza con el anciano.

Le transmitió al octogenario que venía a levantar unas armas por orden de un conocido jerarca policial. El hombre entregó dos armas. Cuando el móvil partió, el anciano anotó el número del patrullero e hizo la denuncia. Una vecina también fue testigo de lo ocurrido.

La denuncia fue derivada a la fiscal Mónica Ferrero, quien investiga casos de corrupción y drogas.

El jerarca policial declaró como testigo ante Ferrero. Negó que hubiera dado órdenes de recoger armas en casas particulares y afirmó que no conocía a los policías investigados.

Posteriormente, Ferrero solicitó a la Policía que le entregara un registro del recorrido del patrullero, ya que todos los móviles policiales poseen un sistema de localización satelital. El material comprobó que el patrullero estuvo realmente en la casa del denunciante.

Uno de los policías investigados pretendió involucrar a su compañera en el tráfico interno de armas. La agente negó cualquier relación con ese ilícito. “Yo fui a la casa del anciano a hacerle el dos (acompañarlo) a mi compañero”, declaró ante la fiscal Ferrero.

El miércoles 22, efectivos de Inteligencia Policial realizaron allanamientos en las casas de los dos policías investigados y de otros familiares que también estaban bajo sospecha.

En una de las viviendas se encontraron dos armas. Una de ellas podría estar vinculada al crimen del hincha tricolor Lucas Langhain, ocurrido en la noche del 15 de diciembre de 2019, según dijeron a El País las fuentes de la investigación.

Una mujer investigada estuvo vinculada con esa arma, agregaron.

Esa mujer también será indagada por el ataque que sufrió un indigente en la Ciudad Vieja ocurrido el miércoles 15.

Armas de fuego. Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

Las investigaciones policiales hacen suponer que sabía dónde estaba escondido en el Cerro el autor del ataque.

Otra fuente del caso indicó a el País que esta mujer recibía armas de los policías y las “colocaba” en distintos lugares del Cerro. Ello quedó comprobado en esta operación policial.

Entre el miércoles 22 y ayer, la fiscal Ferrero logró acuerdos con los dos policías investigados y con otros cinco particulares, entre ellos la mujer indagada por su vinculación con el crimen del hincha tricolor.

Por este caso ya hay tres personas imputadas por la Fiscalía. Uno de ellos es el exbarrabrava de Peñarol, Erwin “Coco” Parentini.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que ni bien se enteró de esta situación, el ministro Jorge Larrañaga instruyó a la Dirección de la Policía a que se llegara hasta las últimas consecuencias, ya que no tolerará este tipo de situaciones bajo su administración.

Los fallos judiciales.

Al policía que retiró la armas de la casa del anciano, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, le inició el proceso penal por un delito de tráfico de armas y concusión (coimas) a pedido de la fiscal Ferrero.

Mainard hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para ese funcionario.

Ferrero también llegó a un acuerdo con el defensor de la mujer policía, José Azuaga. La funcionaria fue procesada por complicidad de un delito de concusión. Deberá cumplir un régimen de libertad vigilada.

Los particulares formalizados ayer enfrentarán investigaciones por tráfico interno de armas y tráfico de drogas. Uno de ellos, imputado por comercializar estupefacientes, también fue a prisión.

Las investigaciones de los efectivos de Inteligencia Policial constataron que uno de los policías detenidos mantuvo conversaciones con personas vinculadas al mercado negro de armas.

Este no es el primer caso en que se detectan policías que delinquen en la Zona IV. En 2019, siete policías de Investigaciones de esa zona fueron enviados a prisión por la entonces fiscal de Rosario (Colonia), Ana Laura Roses. La fiscal desarticuló una banda policial que se dedicaba a robar bocas de droga y a otros delincuentes.

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