JUSTICIA

El hombre había dicho a la policía que fue secuestrado en una caballeriza de un campo en las afueras del departamento de Rivera. Dijo que mientras estuvo privado de libertad su agresor lo había atado y “torturado” dentro de la chacra. Y que todo eso, había sido porque había recibido 50 kilos de marihuana de un grupo criminal, que él debía guardar. Pero en cambio se la había dado a otro amigo.

El caso ocurrió el pasado 29 de setiembre en Rivera. Eran las 15:00 horas cuando dos delincuentes en moto fueron a la casa del hombre para reclamarle esa droga. Pero el hombre, por miedo, se la había entregado a otro amigo.

Los delincuentes le dijeron en ese momento que se subiera a la moto para que hablara “con el patrón” porque le iban a ofrecer un trabajo para solucionar el problema. Uno de los delincuentes se fue caminando y le dejó su lugar en la moto.

El víctima precisó a la Policía que el lugar donde fue retenido fue una chacra que queda camino al aeropuerto de Rivera y cerca del límite de Uruguay con Brasil. Según explicaron fuentes policiales a El País ese lugar “era una charca grande y prolija” de unas 20 hectáreas. El propietario de ese lugar, que contaba con varios antecedentes penales, había sido abatido el 19 de agosto por un policía.

Una vez en el lugar, de acuerdo a una sentencia judicial a la que accedió El País, los delincuentes lejos de ofrecerle un trabajo comenzaron a exigirle que les devolviera la droga. Luego, como él no hablaba, le dijeron que lo iban a matar. Ahí lo ataron, lo golpearon y le cortaron dos trozos de ambas orejas con un cuchillo en dos ocasiones. El hombre sufrió un hematoma en el ojo izquierdo, heridas en los dos lados del cráneo y una amputación de la mitad de su oreja izquierda y otro tipo de heridas.

La tortura que sufrió el hombre durante tres horas hizo que terminara por decirles la verdad a los delincuentes: le había dado la droga a un amigo. Los secuestradores, entonces, fueron a buscar al otro hombre a su casa. Cuando llegaron lo hicieron subirse a su propio auto y lo obligaron a conducir a la caballeriza donde estaba la víctima atada. Ese hombre dijo ante los policías que cuando llegó vio a su amigo atado de manos y pies, y muy golpeado. Los delincuentes le preguntaron dónde estaba la droga. Él respondió que no sabía y lo golpearon. Luego, decidieron llevárselo a otro lado. En ese momento el otro hombre que estaba en la silla logró desatarse y escapar hasta llegar, tras correr por un bosque, a la casa más cercana.

La Policía comenzó a investigar quién estaba detrás del secuestro de estas dos personas. El 30 de setiembre los efectivos allanaron la chacra, pero el hombre no estaba. Ahí incautaron casi 500 cajas de cigarrillos, cartuchos de diferentes calibre, una moto y ropa que entró al país de forma clandestina. Los efectivos continuaron la investigación para dar con los delincuentes hasta que el pasado 18 de noviembre recibieron información de que el presunto secuestrador estaba durmiendo en la chacra donde había mantenido a las dos personas.

La Justicia, a pedido de la fiscal de Rivera Carmelita Gómez, libró una orden de allanamiento y los policías fueron al lugar. Ahí comenzaron a rodear la caballeriza y lograron detener al hombre. En ese lugar se incautó una escopeta calibre 16 y varios cartuchos y vainas de ese calibre.

Luego de ser detenido por los investigadores de la Jefatura de Policía de Rivera el hombre fue derivado al juzgado.

La fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa del delincuente y, mediante un proceso abreviado, acordaron la pena. El hombre es responsable de ser el autor penalmente de un delito de lesiones personales especialmente agravado por efectuarlo con armas, un delito de violencia privada especialmente agravado por efectuarlos con armas y por varias personas, un delito de privación de libertad especialmente agravado y un delito de contrabando. Todos estos en reiteración real.

La pena que se dispuso fue 24 meses de prisión. Pero lo llamativo de este caso es que lo cumplirá en régimen de libertad a prueba. Esto implica, según una sentencia judicial emitida el 19 de noviembre, que deberá fijar domicilio, estar sujeto a vigilancia de OSLA, presentarse semanalmente a la comisaría, no acercarse a las víctimas y cumplir con trabajo comunitario.