CONFUSO CASO

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El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aludió ayer al cautiverio de la médica ginecóloga, Milvana Salomone en 2015 para recordar que en el pasado ocurrieron secuestros y que sus resoluciones no se extendieron en el tiempo.

A las 20:30 horas de ayer, una mujer retenida desde la mañana del martes 28 durante un copamiento a una distribuidora ubicada en el barrio Pérez Castellanos, apareció frente a su domicilio.

Con lo que no contaba la mujer ni sus captores era que la Policía se encontraba desde el mismo martes en la casa del dueño de la distribuidora, un hombre de 31 años con un antecedente antiguo por contrabando en Cerro Largo.

La mujer también tiene un legajo penal por el mismo delito y en el mismo departamento.

Los trabajos de efectivos de la Dirección de Hechos Complejos descubrieron en los últimos dos días que los secuestradores habían adquirido aparatos celulares analógicos, con tecnología antigua, y tarjetas prepagas en barrios distantes.

De todas formas la Policía continuará con la investigación para tratar de ubicar a los delincuentes y saber los motivos por los cuales la mujer fue liberada sin que su pareja haya pagado el rescate exigido.

En una primera llamada realizada al dueño de la distribuidora, los secuestradores pidieron un pago de US$ 200.000.

El empresario señaló que no tenía esa suma. Posteriormente, en otro contacto, bajaron sus pretensiones a US$ 100.000. La pareja de la mujer reiteró que carecía de esos fondos.

La distribuidora no maneja un volumen elevado de dinero, según dijeron fuentes del caso. Se trata de un local con una fachada con una pintura blanca derruida por el pasar del tiempo y con los ladrillos desnudos al sol. Se trata de un negocio que no genera dinero como para un rescate millonario.

El empresario se dedica a importar papel higiénico a bajo precio y luego lo revende a personas que comercializan ese producto en puntos estratégicos de Montevideo.

Durante el copamiento al local, los dos delincuentes ataron a una mujer y a una niña y se llevaron a la pareja del dueño de la distribuidora.

El secuestro de la mujer tiene varios puntos confusos. Muy similar a lo ocurrido con el caso de Milvana Salomone. En aquella oportunidad, los secuestradores actuaron con profesionalidad: quemaron la camioneta Kia de la médica para borrar rastros. No eran principiantes. Por lo menos uno de ellos integraba la conocida “Banda del Tacoma” vinculada al asesinato del empresario Luis Ernesto González, cuyo cuerpo apareció en un aljibe de Los Cerrillos en 1993. Y otros dos tenían antecedentes por drogas y por un homicidio en Europa.

Todo hace suponer que los delincuentes pensaron que iban a encontrar en el local comercial una suma elevada de dinero en efectivo cuando irrumpieron en la mañana del martes. Sin embargo, apenas lograron obtener unos $ 2.000. Durante el copamiento, se enteraron que había más dinero en las cuentas bancarias.

En un principio, los indicios hacían suponer que se trataba de un secuestro exprés, muy en boga hace un tiempo en Argentina. Ello significaba que la mujer sacaría el dinero de las cuentas en cajeros y luego sería liberada. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Según las fuentes, ni la mujer ni los secuestradores extrajeron monto alguno de las cuentas bancarias del dueño de la distribuidora y de su pareja.

Larrañaga dijo que secuestros son delitos preocupantes

En la tarde de ayer, antes de que apareciera la mujer que estaba cautiva desde el martes, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, afirmó que el secuestro en la distribuidora ubicada en el barrio Pérez Castellanos era analizado por la Dirección de Investigaciones de la Policía.

“Se sigue con mucha atención y preocupación este tema”, dijo Larrañaga a El País en alusión a que el secuestro es un delito que genera inquietud en las jerarquías ministeriales y policiales.

Larrañaga se negó a dar detalles del secuestro de la pareja del dueño de la distribuidora y advirtió que tampoco le correspondía informar sobre la marcha de la investigación porque ello podía generar un entorpecimiento de la misma.

En un primer momento, el caso fue investigado por la fiscal de Flagrancia, Silvia Pérez, y por el Área de Investigaciones de la Zona II. Como se complejizó y la Policía requería otras herramientas de investigación, el expediente pasó a la fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente, y a la Dirección de Hechos Complejos, dirigida por el comisario mayor Antonio da Silva. Anoche, efectivos de Hechos Complejos interrogaban a la mujer para saber detalles de dónde estuvo cautiva durante 48 horas. También procuraban conocer datos que les permitan dar con los delincuentes.

Los secuestros son considerados delitos graves por la Justicia. El Código Penal establece una pena de seis a doce años de penitenciaría.