COVID-19

SCJ declaró tres días inhábiles por aumento de casos de coronavirus

La Suprema Corte de Justicia aclaró que esta decisión se tomó "sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieran realizarse (artículo 96.1 del Código General del Proceso".

Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Gerardo Pérez
Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: archivo El País.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió que este miércoles 24 de marzo, el jueves 25 y el viernes 26 sean declarados inhábiles, en el marco del aumento de casos de coronavirus en el país y del pedido del Poder Ejecutivo de cerrar las oficinas públicas.

Durante este período, "los jerarcas de las oficinas determinarán un número mínimo de funcionarios que concurrirá al lugar de trabajo así como el horario de cada uno de ellos en cada oficina, garantizando, además, debidamente, el servicio para los casos indispensables".

La SCJ aclaró que esta decisión se tomó "sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieran realizarse (artículo 96.1 del Código General del Proceso".

Por tanto, durante estos tres días quedan suspendidas las actividades que estaban programadas para estas fechas, así como la atención al público. Se mantienen las actividades procesales que puedan ser cumplidas por medios telemáticos.

La Suprema Corte indicó que "durante el mes de marzo del año en curso, el número de casos positivos de COVID-19 en funcionarios judiciales ha aumentado significativamente", lo que implica además que el funcionamiento de diversas sede judiciales tanto en Montevideo como en el interior del país se vean afectadas.

Durante una conferencia de prensa realizada en la noche de ayer, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una serie de medidas tendientes a la reducción de la movilidad que buscan controlar el aumento de casos de coronavirus y evitar que las camas de las salas de cuidados intensivos se saturen.

Entre esas medidas, el mandatario indicó que las oficinas públicas deberán permanecer cerradas hasta el 12 de abril, con excepción de los servicios considerados imprescindibles.

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