REALIDAD PRESUPUESTAL

joaquín silva

En la Suprema Corte de Justicia (SCJ) vieron como una oportunidad para dar a conocer su realidad presupuestal el escándalo público que supuso la decisión -que ayer dejaron sin efecto- de cerrar las oficinas de 20 juzgados de Paz en el interior del país para ser centralizadas en otros edificios.

Los ministros habían tomado esa medida porque la corporación no cuenta hoy con recursos suficientes como para mantener en funcionamiento las sedes. Y su traslado se había dispuesto en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Que funcionen en edificios independientes cuesta cerca de $ 13 millones al año, y eso no fue contemplado ni en el Presupuesto ni en el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, por lo que ahora el máximo órgano del Poder Judicial espera que el gobierno brinde el financiamiento o encuentre la forma de cubrir los gastos, señalaron a El País fuentes de la SCJ.

Lo que los ministros habían procurado llevar adelante era nombrado como una reorganización de “los territorios jurisdiccionales”, y la finalidad era precisamente optimizar la distribución de los recursos. La medida respondió de esta manera a un “déficit presupuestal generado a este poder del Estado desde el año 2005 que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que ha requerido una continua política de abatimiento de costos”, tal como consta en la nueva acordada que dejó sin efecto la resolución anterior.

En el documento donde esto se advierte, disponible en la web del organismo, la Corte insiste en que se encuentra en aprietos económicos y por tanto en la necesidad de “aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género”. Se instalarán tres de estas sedes en el interior del país, cuando el plan original de la Suprema Corte era abrir seis en la capital y ocho en el interior.

Esta situación que queda ahora de manifiesto luego del rotundo reclamo de legisladores blancos, actores locales y sociedades civiles, para la corporación no es algo “nuevo”, sino justamente parte de un proceso “de achique” que vienen afrontando desde hace años, dijeron a El País fuentes judiciales. De hecho, en el último tiempo cerraron más de siete juzgados de distintas localidades como por los que hoy se reclamó. “Si se quiere tener presencia (en territorio), eso tiene un costo, y los presupuestos no se han ajustado a la inflación”, dijo un jerarca del organismo.

Es así que también en el texto que dio a conocer la SCJ se deja constancia que es “de interés del Poder Judicial abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales”.

En contra de la decisión inicial que ahora se anula, se habían manifestado el senador blanco Sergio Botana y los diputados también nacionalistas Diego Echeverría (Maldonado) y Mario Colman (Colonia). Los representantes habían pedido que los ministros de la SCJ comparecieran en forma urgente al Parlamento, algo que ahora también quedó sin efecto luego la nueva resolución de la Corte. No obstante, en un comunicado de los legisladores del Partido Nacional se explicitó la voluntad al diálogo puesto que se solicitó tener una “entrevista” con la Corte.