"OPERACIÓN DON QUIJOTE"

Red de trata: el calvario de las mujeres que vivían bajo "condiciones absolutamente inhumanas"

La fiscal del caso de trata de personas y explotación sexual señaló que decenas de mujeres vivían bajo un régimen de "esclavitud". 

Conferencia de prensa de Jorge Larrañaga, Jorge Díaz, Sylvia Lovesio y Juan Rodríguez. Foto: @FiscaliaUruguay
Conferencia de prensa de Jorge Larrañaga, Jorge Díaz, Sylvia Lovesio y Juan Rodríguez. Foto: @FiscaliaUruguay

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, brindaron este miércoles una conferencia de prensa con detalles sobre la "Operación Don Quijote” que logró desarticular una red de trata de personas y explotación sexual que operaba en España, pero que tenía conexión con Uruguay, ya que desde aquí se captaba a las víctimas, se las engañaba y luego trasladaba al país europeo para ser prostituidas.

Lovesio brindó detalles del calvario que vivieron decenas de mujeres, que vivían en "condiciones absolutamente inhumanas", bajo un régimen de "esclavitud".

Dos hombres y una mujer de nacionalidad uruguaya, detenidos el martes de esta semana, fueron imputados esta tarde por la fiscal Lovesio por su vinculación con la red. Deberán cumplir prisión preventiva por 150 días mientras continúa la investigación.

La fiscal indicó que uno de los hombres era un agente de viajes que "proporcionaba los pasajes aéreos y con quien las víctimas contraían una deuda y le hacían giros", y el otro "llevaba los pasaportes, pasajes, las llevaba al aeropuerto, y entregarles la documentación y dinero para que pudieran viajar".

Las víctimas, de entre 20 y 40 años, eran captadas a través de "ofrecimientos de que iban a tener un lugar donde trabajar". Eran mujeres que se encontraban en "situaciones de extrema vulnerabilidad, con muchos hijos, en situaciones de extrema pobreza", que eran captadas "a través de conocidos, buscaban en el barrio", dijo Lovesio. Les planteaban: "Si tenés necesidad, yo te puedo conseguir un trabajo mejor".

Desde la organización se les ofrecía "un lugar donde iban a poder ganar dinero y a su vez enviarlo a su familia". Hasta ahora, la policía española tiene identificadas unas 29 víctimas. Cuatro de ellas que denunciaron la situación "tienen un tratamiento de testigos protegidos". Ahora buscarán tomar contacto con el resto de las mujeres.

"Por supuesto que hay muchas más víctimas, podríamos decir algunas decenas más, que suponemos que ahora la organización fue desarticulada van a animarse a hablar", resaltó Lovesio.

La fiscal puntualizó que las mujeres "no se animaban a denunciar porque estaban amenazadas. No solamente ellas sino también sus familias".

Una vez que aterrizaban en España, las condiciones en las que se encontraban eran "totalmente contrarias" a las que se les había ofrecido en Uruguay. Eran "reclutadas" en una casa, y controladas por quien dirigía la red de prostitución y otras cuatro personas. Además, le quitaban el pasaporte.

"Las víctimas ejercían (la prostitución) de 11:00 a 20:00 horas", graficó la fiscal, quien agregó que las llevaban a un "descampado", donde eran controladas "en todo momento, con cuántas personas se ocupaban, las vigilaban, cuánto cobraban, cuánto tiempo estaban, y en condiciones absolutamente inhumanas".

Posteriormente, dijo, eran devueltas a una casa donde vivían, en la que "pasaban hambre, frío, no podían salir, y si no acompañadas".

Para poder salir de la organización, la fiscal contó que las víctimas "tenían que pagar una deuda de 2.000 euros para poder quedar libres de esa esclavitud en la que vivían".

Las mujeres se establecían por tres meses en España, y volvían a Uruguay "porque no querían que hicieran amigos o pudieran hacer algún tipo de contacto" en el país europeo. En tanto, se supo que en algunos casos, las víctimas que retornaron al país luego "se pusieron en contacto con la organización para volver".

Por cada tanda viajaban unas cinco mujeres, de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento. "Desde 2017 a la fecha han pasado decenas de víctimas", enfatizó Lovesio.

La fiscal también precisó que ahora culminó una "primera fase" de la investigación que se inició en diciembre, cuando la Fiscalía tomó conocimiento por Interpol de que desde España habían identificado una posible red de trata de personas.

"A través de la Unidad de Víctimas y Testigos y la Cancillería vamos a poder recibir a esas víctimas, escucharlas, y obviamente si quieren ser repatriadas poder recepcionarlas en nuestro país, darle todas las posibilidades y el seguimiento necesario para que continúen o vuelvan al país a ejercer una actividad libre y no como estaban ejerciendo, que era una esclavitud realmente del siglo que estamos viviendo", resaltó la fiscal Lovesio.

El ministro Larrañaga destacó que esta operación tiene la "indudable trascendencia que tiene para el país y en el marco internacional la rapidez y el trabajo estupendo llevado adelante por el Ministerio del Interior y la Fiscalía durante más de tres meses", en referencia a la investigación, que implicó "escuchas, seguimientos".

El fiscal de Corte, por su parte, señaló que la líder de la red es una mujer que tiene antecedentes penales por trata de personas en Uruguay en la "Operación Marilyn", que actualmente se encontraba en España "en forma indocumentada". Agregó que la mujer pertenece a una familia con "muchos de sus integrantes" dedicados al crimen organizado.

"La trata implica captación con engaño, pero no necesariamente es con lo que van a hacer en el país de destino. Puede ser que las personas supieran que iban a prostituirse, lo que no sabían eran las condiciones en las cuales tenían que cumplir", señaló Díaz, que subrayó que este es "un caso de libro de trata de personas".

El director de Crimen Organizado e Interpol, Juan Rodríguez, sostuvo que tras analizar el caso se estableció que esta organización estaba "liderada por una sola persona, en principio, que tenían funciones definidas dentro de la organización en las diferentes fases de la trata de personas, desde la captación hasta la explotación definitiva".

La Policía española informó este miércoles que cinco personas fueron detenidas en España por este caso.

La investigación se inició gracias a la información aportada por una ONG y constató que la red trasladaba a mujeres desde Uruguay hasta España, donde contraían una deuda que incluía el pago del alquiler y la manutención por su estancia en una casa donde eran explotadas, que debían saldar ejerciendo la prostitución, de acuerdo a un comunicado de la Policía española.

La red se quedaba con el 50% de los beneficios económicos al obligarlas a prostituirse, agrega el comunicado policial.

Su actividad se desarrollaba principalmente en una casa de Alcalá de Henares y en las calles de un polígono industrial de esta localidad de la región de Madrid (centro del país), y la organización se servía de familiares en territorio español para el control de las víctimas, detalló la Policía.

La investigación se llevó a cabo con un trabajo conjunto entre la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol Uruguay y España, y la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de ese país europeo.

Con información de EFE

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