ESTUDIO

Defensores públicos y privados opinaron sobre el nuevo Código del Proceso Penal en un estudio realizado por la Facultad de Derecho (UdelaR).  

El Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho (Udelar) realizó un informe sobre el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP)durante el 2018, primer año de implementación del mismo.

Este estudio fue elaborado con una muestra de abogados públicos y privados - mediante encuestas y entrevistas- y señaló que los defensores consideran que se cumplió el objetivo de la "implementación de igualdad procesal". 

u201cLos defensores han destacado que la posibilidad de cumplir con las garantías del imputado es una de las innovaciones más relevantes de la reforma penal, porque la defensa se puede ejercer desde el inicio (ya que el defensor toma conocimiento del caso desde las primeras instancias), y porque esto a su vez permite a los defensores controlar la investigaciónu201d, sostiene el informe.

Este punto, indica la investigación, es positivo con respecto al control de la detención ya que u201cla interacción entre la policía y los posibles imputados -en el momento del arresto- suele ser una fuente de problemas y eventuales violaciones de derechosu201d.

La mitad de los encuestados indicó que u201cel respeto a las garantías se da siempreu201d con respecto al control de la detención. La otra mitad marcó u201cexcepciones ocasionalesu201d donde existen u201cmaltratos, malas condiciones de detención, detención indebida y detención de menores en seccional policialu201d. 

En cuanto a la relación de los defensores con los fiscales el informe dice que algunos entrevistados u201cseñalaron que la relación es muy buenau201d mientras que otros u201cmencionan dificultades heterogéneas, tendiendo a señalar que depende de quién esté en Fiscalíau201d. 
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Por otra parte el informe agrega que los defensores ven como u201cun problema potencialu201d que se dejan de lado u201cgarantías en aras de la celeridad y la eficienciau201d durante el proceso abreviado y los acuerdos. De todas formas u201cla mayoría está en desacuerdo con que se haya perdido calidad procesalu201d.

Algunos defensores u201creconocen debilidadesu201d ya que u201cmuchas veces no se discute el fondo del asuntou201d. 

Otros de los abogados consultados opinaron que "se pierde la posibilidad real de un proceso acusatorio, ya que se dan situaciones en que el juez llega a la audiencia de formalización conociendo el casou201d.

Otro de los problemas que encontraron fue u201cel desequilibro entre los recursos de los equipos de fiscales y de defensoresu201d. Los entrevistados dijeron que u201cla Fiscalía dispone de mayor cantidad de fiscales que la cantidad de defensores públicos disponiblesu201d.

u201cSi bien los datos disponibles confirman un mayor número de fiscales que de defensores públicos, debe tenerse en cuenta que la tarea es diferente, por lo que todavía no se puede confirmar esta apreciaciónu201d, sostiene el informe.

u201cCasi tres de cada cuatro defensores encuestados discrepa con la afirmación de que con el nuevo CPP se esté dejando en libertad a personas que deberían recibir preventivau201d y dice que los argumentos para pedir prisión preventiva u201cson el peligro de fuga y el riesgo para la víctima o la sociedadu201d.

u201cUn aspecto llamativo es que el peligro de fuga muchas veces se fundamenta en que la persona está en situación de calle (al no tener domicilio hace complejo el seguimiento de la persona con otro tipo de cautelar)", indica el informe.   

"Esto hace que personas que podrían obtener una medida cautelar menos gravosa se ven privados de libertad por estar en situación de calle, con el riesgo de profundizar su exclusiónu201d, agrega.