TENÍA UN LABORATORIO CLANDESTINO DE MARIHUNA

La información la proporcionó una mujer a la Policía: “Miguel P., de 29 años, que poseía un laboratorio clandestino de marihuana en el barrio Atahualpa, va casi todos los días a comer al shopping”.

Los efectivos de la Brigada Antidrogas sabían que Miguel P. era el propietario de la plantación de 220 plantas de marihuana incautadas en enero de este año en un laboratorio ubicado en la calle Arapey casi Millán.

En la operación denominada “Arapey”, los policías encontraron en la casa del productor de drogas ventiladores, iluminación artificial, lámparas de calor y medidores de temperaturas, entre otros objetos. Miguel P. se escapó por poco del allanamiento realizado en el lugar.

Semanas más tarde, los investigadores de la Brigada Antidrogas se enteraron por la informante de que el prófugo acostumbraba ir por las tardes al shopping a comer con sus amigos y hacer compras. Tras una directiva del jefe de dicha unidad, se montó un operativo de vigilancia encubierta durante varios días con el objetivo de ubicar a Miguel P.

El martes 23, los policías de particular vieron que un hombre con las características similares a las de Miguel P. se acercaba al shopping. Por radio, el jefe de la unidad dio la orden de que lo detuvieran. Era el prófugo.

El abogado de Miguel P., Marcos Pacheco, llegó a un acuerdo con la fiscal especializada en Drogas, Mónica Ferrero, de ir a un juicio abreviado. “La cantidad de plantas encontradas, la primariedad de mi cliente y el acuerdo justo planteado por la Fiscalía, me llevaron a concretar el acuerdo dado que este procedimiento encuadra en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que penaliza en forma más severa estos delitos”, explicó Pacheco a El País.

Tras señalar que la pena de prisión planteada por Ferrero era razonable, Pacheco explicó que la LUC no permitía una libertad vigilada para su defendido.

Luego del acuerdo, el juez Huberto Álvarez condenó a Miguel P. a dos años de prisión por un delito de producción de estupefacientes.