LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

Sin prisión

Hay que creer en la Justicia. Tenemos que creer en la Justicia. Necesitamos creer en la Justicia. Pero a veces no es tan fácil creer en la Justicia.

Un fiscal de Crimen Organizado acaba de dictaminar que quienes manejaron Ancap durante el gobierno del expresidente José Mujica incurrieron en delitos de abuso de funciones, estafa y peculado. En síntesis, para el fiscal estos jerarcas se excedieron en sus atribuciones, eligieron proveedores a dedo, realizaron negocios opacos y acordaron pagar multas millonarias en dólares sin tomar recaudo alguno para asegurarse que podrían pagarlas. Y eso sin contar que quien presidía la empresa, Raúl Sendic, usaba las tarjetas corporativas de Ancap para compras personales dentro y fuera del país.

Esta gente estuvo a punto de lograr el milagro de llevar a la quiebra a la empresa más grande del país, que además es la que tiene el monopolio del mercado de los combustibles y, por si fuera poco, vende la nafta más cara de la región y afecta la rentabilidad de los productores fijando un precio de gasoil que deja a quien trabaja sin oportunidad de competir. Les faltó poco. Para arreglar sus desaguisados hubo que aprobar de apuro una capitalización para Ancap de casi mil millones de dólares, dinero que salió de los bolsillos de los contribuyentes. Como siempre.

¿Y qué ha dicho el fiscal que ha analizado las múltiples denuncias que recaen sobre estas personas? Que considera que cometieron delito, pero que entiende que no hay razones para que vayan a prisión. Y que hay cosas que fueron denunciadas que, contra toda lógica, no son delito. Por ejemplo, pagar 5 mil dólares para hacer publicidad en una radio que no existe y que ese dinero vaya a parar a un dirigente político del mismo sector del entonces presidente de Ancap parece ser una minucia. Derrochar cientos de miles de dólares en una fiesta extrañamente costosa parece no merecer reproche alguno. Cosas que pasan, como diría el gran José Larralde.

¿Cuál es la señal que este dictamen fiscal da a la ciudadanía? ¿Qué tan grave es dejar al borde de la quiebra a una empresa que, se dice, "es de todos los uruguayos"? ¿Una palmadita en la cola, un "esto no hay que volverlo a hacer" y cada quien para su casa, a esperar el tiempo que tendrá que pasar para ser candidatos a algo o para ser directores o gerentes de alguna otra empresa pública?

¿Alguien cree que, con este antecedente, los funcionarios —sin importar su partido— sentirán que hay un Poder Judicial que está dispuesto a llegar hasta el hueso y asegurarse de que quien se aparte de las normas en el ejercicio de la función pública será castigado?

¿Alguien piensa que, después de este caso, los que se sientan tentados a apartarse del camino correcto tendrán algún temor de pasar aunque sea una corta temporada tras las rejas?

La progresiva blandura con que la Justicia ha tratado a los delincuentes comunes no ha traído sino más inseguridad. Ya cuesta encontrar una familia uruguaya que no haya sido víctima directa de un delito que no hace sino crecer.

¿Qué pensamos que sucederá con los delitos que se cometen desde el poder si la Justicia no da señales de que hasta aquí se ha llegado?

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