Una audiencia acalorada

Se les tipificó asociación para delinquir, rapiña y atentado agravados

Los siete detenidos por el robo al cajero automático del Banco República ubicado en el supermercado Devoto de Sayago fueron formalizados en la tarde de ayer, luego de una audiencia que duró más de tres horas, en la oficina penal de la calle Juan Carlos Gómez.

A manera de medida cautelar, el fiscal Carlos Negro solicitó 8 meses de prisión pero la jueza Marcela Vargas fijó el plazo en 120 días. Para dos de los presuntos delincuentes, la magistrada pidió las pericias de médicos forenses, en un caso por afectación física y, en otro, por tratarse de una persona con antecedentes psiquiátricos, al haber estado internado en el Vilardebó después de un intento de suicidio.

Hasta que no haya una determinación del facultativo judicial, uno de los formalizados, que llegó al juzgado con muletas y claras dificultades motrices, deberá permanecer arrestado, y con tobillera, en su domicilio de Ciudad de la Costa.

En la audiencia pública, la jueza Vargas manifestó que tomaba la decisión de acuerdo al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, en tanto existe una semiplena prueba más que acreditada pero no por otras razones, como ser la alarma pública del delito cometido contra el cajero, que se suma a otros 72 ataques similares verificados desde septiembre del año pasado.

La jueza Vargas explicó a los imputados que la opción de la prisión como medida cautelar era la última a aplicar, pero lo razonable en este caso considerando la condición de reincidentes de seis de los siete imputados.

El plazo de 240 días solicitado por el fiscal Carlos Negro fue considerado excesivo en la medida que el mismo presentó ya muchas evidencias que permiten continuar adelante con el diligenciamiento de pruebas y otras pericias confirmatorias.

Los abogados defensores revelaron en la propia audiencia que el fiscal los sorprendió con el plazo de 240 días puesto que antes había hablado con ellos de imponer 180 días. En nombre de algunos de los acusados, se esperaba que la medida cautelas no pasara los 60 días de prisión, y en otros, que se limitara a la prisión domiciliaria.

La decisión de enviar a los presuntos delincuentes a la cárcel se basó en la posibilidad de que haya entorpecimiento de la investigación debido a la gravedad de los delitos, entre ellos el de rapiña, que pone en riesgo a las víctimas y la sociedad en caso de fugas. Asimismo se tuvo en cuenta el carácter de reincidentes de los enjuiciados.

Entre las acusaciones del fiscal que quedaron firmes para continuar con la investigación y corroborar las responsabilidades de autores, coautores y cómplices, se adjudicó rapiña agravada por uso de arma de fuego, asociación para delinquir, atentado, porte de armas modificadas para aumentar su poder de fuego y receptación.

A lo largo del proceso quedará para definir el tipo de rapiña que se cometió, algo que fue muy resistido por algunos de los abogados defensores.

De todos modos, para la jueza, las calificaciones jurídicas podrán ser disentidas pero de modo manifiesto se cumplió con el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal en tanto existen elementos objetivos suficientes vinculados con los partícipes eventuales, como ser huellas, filmaciones, rastros de sangre, armas incautadas durante la dinámica del evento y patentes de vehículos alteradas.

La jueza aclaró que no hubo ninguna elaboración psicológica de parte de la fiscalía sino pruebas que en adelante deberán ser periciadas no ya por el Ministerio Público sino por técnicos.

La sala en que se desarrolló la audiencia quedó pequeña para albergar a los inculpados, sus familiares, prensa y los abogados que ejercieron la defensa con vehemencia, y llamando a la revisión de las conclusiones del Ministerio Público. La jueza, con absoluta calma, no solo toleró las discusiones entre las partes sino que alentó dentro de sus potestades en esta instancia preliminar al debate fuerte.

Los defensores de algunos implicados llegaron a expresar su consenso con la figura del hurto agravado por la pluriparticipación pero no coincidieron con la suma de penas y debatieron en torno a varios de los sucesos que quedaron registrados en cámaras del supermercado y el cajero, así como ante los testimonios de una guardia del comercio y un camionero de una empresa de refrescos, ambos en apariencia amenazados por los delincuentes en ocasión del ataque al cajero automático. Lo más polémico resultó la determinación de la asociación para delinquir; los defensores reprocharon al fiscal estar motivado para definir medidas de impacto sin prueba diligenciada. En relación a la asociación para delinquir, la jueza aclaró a los abogados que un solo acto cometido por una organización de gente reunida aunque sea una sola vez ya permite realizar esa tipificación.

Cinco de los presuntos delincuentes habían sido detenidos por la policía después de un intercambio de disparos, dos de ellos dentro del estacionamiento de una vivienda y los restantes a pocas cuadras y durante la misma jornada del asalto. La Policía también pudo rescatar el botín que ascendió a algo más de 1,6 millones de pesos. Asunto de otros procesos será determinar cuántos de los detenidos participaron en otros robos a cajeros.