Caso en la Justicia

Preso murió de frío en el Saint Bois

Fue agredido por otro interno e internado; su familia demandó a Interior por US$ 250.000.

Saint Bois. FOTO: Archivo El País
Foto: archivo El País

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El preso murió de frío en septiembre. El episodio comenzó en la Cárcel de Canelones con una golpiza que le propinó otro recluso y la salud de la víctima decayó hasta su deceso. El 6 de diciembre de 2018, su familia inició el trámite de una demanda civil por US$ 250.000 contra el Ministerio del Interior por entender que dicha cartera debe garantizar la vida y la seguridad de las personas bajo su custodia en las cárceles.

Recibir una golpiza o ser apuñalado en una de las grandes cárceles uruguayas es un riesgo cotidiano. La cárcel de Canelones es uno de los penales con mayor población junto con Comcar, Punta de Rieles y Las Rosas.

La pelea entre Yury M.N. y "Pasito Tun Tun" terminó con la hospitalización del primero y su posterior muerte en el Saint Boís. "Pasito Tun Tun" sufrió una herida en un ojo.

"Se informa que quien en vida fuera la P.P.L. (persona privada de libertad), Yury M.N., en el momento de su fallecimiento se encontraba hospitalizada en el Hospital Saint Bois", dice un documento policial que recibió la familia. El informe agrega: "Una vez que se tomó conocimiento de los hechos ocurridos, tras el fallecimiento se envió al Instituto Técnico Forense, a través del Oficio N° 2986, el expediente del caso con el fin de que dicho instituto tomara las medidas de rigor ante estos casos".

El escrito de la familia presentado por el abogado penalista, Marcos Pacheco, señala que Yury M.N. recibió "una brutal agresión" en la cárcel de Canelones por parte de otro recluso. "Posteriormente, producto de ello y de la falta de cuidados, mala atención, e hipotermia falleció el día 2 de septiembre del presente año", señala el escrito presentado por Pacheco en el Juzgado de Conciliación de 2° Turno al que accedió El País.

La Justicia dispuso que la audiencia entre el Ministerio del Interior y la familia del preso muerto se realice el 21 de febrero de este año.

La familia no demandará a la Administración de los Servicios de Salud del Estado por considerar que la responsabilidad del fallecimiento es del Ministerio del Interior.

La agresión.

Los alias de los testigos de la pelea entre Yury y "Pasito Tun Tun" parecen sacadas de una novela "tumbera" argentina. Uno de los indagados fue "el Mudo" Sandoval, otro "el Chueco" y otro el "Quique" Pérez. A las 9:20 horas del 2 de septiembre de 2018, el personal de guardia del Módulo II de la Cárcel de Canelones comenzó a retirar de sus celdas a los presos que hacen tareas laborales en el Sector D de dicho penal. Un interno se acercó a un policía y le informó que un recluso del Sector B se encontraba herido. Al llegar a esa área, los policías constataron que la víctima era Yury M.N.

Según la información que recibió la familia por parte de los funcionarios policiales, Yury fue trasladado al Servicio Médico del penal donde el profesional de guardia le brindó asistencia y dispuso su traslado de "manera urgente" al hospital de la ciudad de Canelones. Mientras tanto, en el Sector B, los policías encontraron herido en un ojo a "Pasito Tun Tun".

Un preso, compañero de celda de Yury, dijo a la Policía que se encontraba durmiendo cuando la víctima salió al patio del sector y se peleó con otro recluso apodado "Pasito Tun Tun".

No soy responsable.

En un juicio por una muerte de un recluso en el Penal de Libertad, el Ministerio del Interior señaló que no es responsable de la seguridad de los presos. El 19 de noviembre de 2018, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, hizo lugar a un reclamo de la familia de un preso muerto a puñaladas en 2016.

En la sentencia, Ohanian recordó que los demandantes, representados por el abogado Nicolás Pereyra, sostuvieron que el Ministerio del Interior tiene una obligación de resultados consistente en devolver al interno en las mismas condiciones en las cuales fue retenido. "Esa obligación de seguridad, así como el deber de cuidado no estuvo presente en éste caso", dijeron los familiares según el fallo.

En cambio, el Ministerio del Interior señaló que no basta con que la ejecución de un servicio estatal cause un daño para que surja responsabilidad, por lo que la actora (la familia del preso muerto) "deberá acreditar" que los funcionarios policiales podrían haber actuado de un modo distinto al que lo hicieron evitando el enfrentamiento entre presos.

La cartera entendió que no existió responsabilidad del Estado conforme expresa la Constitución de la República al no configurarse los cuatro elementos básicos de la misma: hecho ilícito, factor de atribución, daño y nexo causal.

Los asesores legales del Ministerio del Interior concluyeron que no hubo hecho ilícito, el accionar policial fue ajustado a la ley y el resultado acaecido —muerte de un preso con "cortes" carcelarios— no es atribuible a una conducta culposa del personal actuante sino a la acción de un tercero.

El escrito del Ministerio del Interior señaló que entre la actividad de los guardias y la muerte del preso —el daño— no existió un nexo de causalidad sino que en el caso existió una causa extraña no imputable a la Secretaría de Estado.

Puntualizó que la imprevisibilidad surge demostrada en tanto el recluso fallecido nunca pidió medidas de seguridad ni quiso presentar denuncia penal sobre posibles amenazas de quien a la postre le dio muerte.

También cuestionó el daño reclamado por familiares argumentando que no basta con invocar el parentesco sino que éstos deberán probar su vínculo afectivo con la víctima.

Ohanian señaló que la cuestión de la eventual responsabilidad del Estado respecto de la tutela de la vida de los reclusos debe valorarse en función del cumplimiento de una obligación de medios. Y recordó que, por mandato constitucional, el Estado debe proteger la vida humana de las personas libres y las que se encuentran privadas de libertad. "Pero respecto de estos últimos, alojados en centros de reclusión, la posición de garante adquiere mayor trascendencia", dijo el magistrado.

Y concluyó que la falta de personal y la ubicación errónea de las garitas son calificables de faltas de servicio y, en ese contexto, debe señalarse que la obligación de medios "resulta incumplida".

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