ÓRDENES A SECCIONALES

Lo que vivió María J. (nombre ficticio) es el guion de una película. A las 21:30 horas del sábado 1° recibió una llamada por teléfono de su padre que vive a tres casas de la suya. “La Policía te busca”, le dijo el padre.

María J. recibió a los policías. Uno de ellos hablaba por teléfono con un supuesto fiscal. La joven llamó a su abogado, Pablo Casas, y le narró lo sucedido. Casas le trasmitió que no declarara sin su presencia.

El policía le trasmitió a la joven que, por orden del fiscal de la Ciudad de la Costa, estaba detenida e incomunicada. Que si seguía hablando con el abogado incurría en un delito de desacato.

En un tramo de la conversación, el policía -siguiendo las directivas del fiscal- preguntó a María J.: “Usted tiene US$ 16 millones depositados en el extranjero. Diga de dónde sacó ese dinero”.

María J. respondió que no tenía dinero depositado en el exterior. Explicó que trabajaba en un comercio y era dueña de un pequeño minimercado.

En ese momento María J. se enteró de que el supuesto fiscal había pedido más apoyo policial. Además de los tres móviles de la Seccional 18° estacionados frente a su casa, al lugar arribaron dos camionetas y dos motos. El furgón para trasladar presos llegaría en un rato, escuchó afirmar a uno de los policías. “Fue como una película”, dijo ayer la joven a El País.

En el diálogo con él, la joven se enteró de que había una supuesta orden judicial de llevarse a sus dos hijos al INAU. María J. habló enseguida con un vecino que estaba cerca. Le dio las llaves de su casa y le dijo que cuidara a los niños.

María J., su padre y su cuñada fueron llevados a la Seccional 18° por orden del supuesto fiscal. Con un fingido optimismo, la mujer trataba de infundir ánimos a su padre y cuñada. Sin embargo, cuando escuchó el ruido de las llaves abriendo los calabozos, su empuje decayó.

“¿Nos van a meter ahí? ¿Podemos fumar adentro?”, preguntó. Un policía respondió que iban a pasar la noche en los calabozos y le dijo que fumara afuera mientras llamaban al fiscal de la Costa.

Al rato, se le acercó un subcomisario con cara de sorpresa. Le dijo que podían irse. “Usted me tiene que explicar qué sucedió. No me pueden sacar así porque sí de mi casa”, protestó María J.

El policía le respondió: “Ni yo entiendo qué pasó”.

La joven llamó a su padre y su cuñada. Los instó a salir lo antes posible de la seccional. Cuando se retiraba, María J. vio que estacionaban afuera de la comisaría varios autos y se bajaban policías de investigaciones. Los investigadores entraron y cerraron la comisaría.

“En ese momento sospeché que la maniobra había sido orquestada por mi expareja desde el Penal de Libertad. Él hace cualquier cosa con un celular. Ha penetrado en cuentas bancarias y extraído préstamos truchos. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Esta obsesionado conmigo”, relató María J.

La orden de iniciar una investigación sobre lo sucedido en forma sumaria provino del propio jefe de Policía, Mario D’Elía, y ejecutada por el jefe de la Zona III, Germán Suárez. Ya en las primeras horas, los investigadores detectaron que las llamadas a ocho comisarías de Montevideo y del Interior provenían de una cárcel.

En su edición de ayer, El País publicó que el accionar del recluso en sus llamadas a las seccionales de Montevideo y del interior no tuvieron consecuencias. Así lo habían señalado fuentes de la investigación.

Sin embargo, El País supo en la víspera que, además de las detenciones de su expareja y de sus dos familiares, el recluso ordenó a policías de la Seccional 10° hacer averiguaciones de paradero de una persona que reside en el barrio Pocitos.

Es posible que el preso buscara algún dato sobre esa persona para realizar una próxima estafa. Al saber que la Policía había preguntado por él a vecinos, el hombre se presentó en la Seccional 10°. Allí supo que toda la indagatoria en su contra había sido ordenada por el preso fingiendo ser un fiscal.

Según una fuente de la Fiscalía, el recluso también llamó a una seccional de Florida y a otra de Treinta y Tres. El oficial, veterano, sospechó que se trataba de una simulación de identidad. El preso elevó la presión: “Le di una orden, usted está detenido por desacato”. Luego pidió el celular de la fiscal local. El policía cortó la comunicación.

Según datos recogidos por investigadores de la Zona III, el preso se hizo pasar por todos los fiscales que intervinieron en las causas de los siete antecedentes penales que tiene en su legajo.

En la mañana del martes 2, acompañada por Casas, María J. fue citada a la Zona III a testificar sobre las detenciones que había sufrido y los acosos del recluso desde el Penal de Libertad. Allí Casas les dijo a los policías: “Ustedes hicieron un procedimiento irregular con mi defendida y sus familiares. No sé en qué va a terminar esto”.

La joven relató a los policías que conoció al recluso cuando ambos trabajaban en un comercio y que poco después comenzaron una relación sentimental. “Él venía a buscarme en un auto con chofer. Decía que era accionista de una empresa aseguradora internacional”, dijo María J.

Con el correr de los meses, la máscara del supuesto empresario se fue cayendo. María fue citada a declarar por las estafas que su pareja había cometido, entre ellas un fraude millonario al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2017.

María J., quien carece de antecedentes penales, decidió cortar la relación. A partir de ahí, los acosos desde la cárcel fueron continuos.

Expresó que recibió llamadas de presos que le reclamaban una parte de un supuesto botín millonario que ella tendría guardado en el exterior.

El martes 4, efectivos policiales realizaron una requisa en la celda del recluso en el Penal de Libertad y le incautaron seis celulares. Sin embargo, no se sabe cómo logró acceder a otro aparato. El miércoles 5, uno de los hijos de María J. recibió en su celular un supuesto depósito de US$ 100.000 a nombre de la joven. María denunció el incidente a la Policía, según dijo.

Ahora teme por su seguridad. Ya ordenó a una empresa que repare las cámaras de seguridad de su casa que están rotas hace tiempo.

El preso que se hizo pasar por fiscales penales fue calificado por el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, como una persona hábil y con destrezas en el área tecnológica.

En una conferencia de prensa junto con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, y el jefe de la Zona III, Germán Suárez, el jefe policial capitalino señaló que las llamadas del recluso del Penal de Libertad a comisarías generó “preocupación” en esferas policiales. “Con la colaboración del Instituto de Rehabilitación y la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado pudimos identificarlo rápidamente”, destacó D’Elía.

El jefe de Montevideo expresó que, posteriormente, fueron interceptados los celulares del recluso para obtener información sobre cuáles eran sus propósitos y si tenía o no vínculos con personas en el exterior del Penal de Libertad.

Como se trata de una investigación en curso, D’Elía no quiso dar más detalles. Por su parte, Suárez aportó datos básicos sobre la indagatoria realizada por efectivos de la Zona III, que permitió detectar al preso que se comunicó por teléfono con ocho comisarías.

En tanto, Mendoza recordó que el interno tiene antecedentes por estafa y señaló que hace poco más de un año realizó una maniobra contra una barraca que llevó a la cárcel de Punta de Rieles -el preso estaba alojado allí en ese momento- maquinarias y materiales de la construcción por el equivalente a $ 700.000. “Devolvimos toda esa mercadería a la barraca”, relató Mendoza.

En su legajo penal, el recluso tiene en su haber una estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que comenzó en 2011 y fue detectada en 2017. En la maniobra, el delincuente y varios cómplices utilizaron entre 80 y 100 empresas fantasmas. Se estima que la estafa generó pérdidas por US$ 4 millones, según dijeron fuentes policiales. Más de 50 personas declararon en la causa. La Justicia no descartó, en su momento, que dentro de la Junta Nacional de Salud (Junasa), que administra el Fonasa, y el BPS, hubiera involucrados.