Justicia

El Tribunal de lo Contencioso tramita recurso de una empresa maragata.

EDUARDO BARRENECHE

José Mujica, Raúl Sendic, Paco Casal y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aparecen juntos en una foto en 2010 en el centro del estadio Santiago Bernabeu. En la delegación uruguaya que viajó a España también se encontraba el "Pato Celeste". Su nombre es Gustavo Torena y hoy está prófugo de la Justicia uruguaya.

Pérez es propietario del grupo económico ACS S.A. (Actividades de Construcción y Servicios). Esa compañía hoy es dueña de la empresa uruguaya Parque Eólico Kiyú (Peksa), adjudicataria en 2012 de un llamado público para vender energía a UTE. En ese año, Parque Eólico y UTE firmaron un contrato donde la empresa privada se obligó a vender energía eléctrica al ente por US$ 230 millones proveniente de su parque eólico que se iba a instalar en la zona de Kiyú, San José.

En 2014, UTE y Parque Eólico firmaron un nuevo acuerdo donde el ente renunció a hacer valer las causales de fuerza mayor establecidas en el contrato original y a comprar las acciones de la empresa si surgía algún problema en la conexión con la red energética. Un negocio inédito en la historia de la compañía estatal.

En 2018, ese negocio se encuentra encerrado por un corral de ramas generado por un recurso presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por una empresa de San José (Vicentina S.A.), cuyo predio se vio afectado por la línea de alta tensión.

Ese recurso cuestiona la va-lidez de una resolución del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT) que dispuso el trazado de las líneas de energía porque carece de firmas.

Según Vicentina S.A., UTE "favoreció" a Parque Eólico Kiyú por renunciar a una causal de fuerza mayor establecida en un contrato y a obligarse a comprar todas las acciones de la sociedad a requerimiento de esta si surge un obstáculo en la conexión del parque eólico a la red de distribución de energía.

El recurso señala, además, que UTE actuó "en la clandestinidad" y de "forma ilícita" y con "desviación de poder".

Según Vicentina S.A., el beneficio otorgado por el ente a Parque Eólico modificó un contrato de estilo de una licitación resuelta Poder Ejecutivo.

Señala, además, que UTE se comprometió a hacer la línea de alta tensión para que Parque Eólico se conectara a la red.

Vicentina S.A. agrega que el ente no comunicó al Tribunal de Cuentas sobre el segundo acuerdo firmado con la empresa de Florentino Pérez.

Si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace lugar al recurso presentado por la empresa de San José, las líneas de alta tensión, que unen el Parque Eólico Kiyú con la red de UTE, deberán ser demolidas y hacer la línea por el lugar establecido por la Intendencia maragata. Y el ente se enfrentará al pedido de Parque Eólico de que adquiera sus acciones como señala el agregado del contrato firmado por ambas partes en 2014.

El 21 de agosto de 2018, los intereses de Parque Eólico sufrieron un revés. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó un recurso presentado por la empresa de Florentino Pérez contra resoluciones de la Intendencia de San José que objetaban el trazado de la línea de alta tensión dispuesto por el Comité de Ordenamiento Territorial.

Por el contrato firmado con Parque Eólico en 2012, UTE quedó obligada a imponer a propietarios de campos maragatos los 26 kilómetros de líneas de alta tensión que unirían los molinos de viento de la empresa a la red del ente. Se asegura que UTE no solicitó autorización alguna a la Intendencia de San José como lo dispone la ley de ordenamiento territorial.

En ningún momento la administración de José Luis Falero (Partido Nacional) se opuso a la construcción de las líneas de alta tensión. La administración blanca propuso a UTE un trazado alternativo para que la línea de alta tensión atravesara predios no costeros, porque estos ya soportan el impacto de una línea de alta tensión.

UTE no hizo lugar al pedido de la Intendencia de San José, pese a que a esta le corresponde definir políticas territoriales, según señala el recurso presentado ante el TCA por el abogado Gonzalo Ramírez en representación de la empresa afectada, al que accedió El País.

En el recurso, Vicentina S.A. advierte que no hay informes jurídicos y abogados que hubieran asesorado al presidente de UTE y a un gerente en la firma del segundo contrato con Parque Eólico.

Y agrega que las decisiones adoptados por UTE en relación a la ejecución de la línea de alta tensión, "perjudican" al Estado y "benefician" a Parque Eólico "sin que exista una explicación aparente".

"UTE adoptó esa decisión por oportunidad y conveniencia"

El 13 de mayo de 2016, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, testificó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde se tramita una acción de nulidad presentada por un productor de San José contra una resolución del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT). Por el predio del productor pasa la línea de alta tensión acordada entre UTE y la empresa Parque Eólico Kiyú.

Casaravilla fue interrogado respecto a la renuncia realizada por UTE de invocar la cláusula de fuerza mayor y si estos eventos se mantenían en el tiempo, UTE se obliga a comprar las acciones de Parque Eólico.

Reconoció que el ente había firmado un contrato con la empresa con esas obligaciones y señaló que era la primera vez que el organismo rubricaba un acuerdo de ese tipo.

Casaravilla explicó que, por "razones de oportunidad y conveniencia", el ente adoptó esa decisión. "Oportunidad asociada a la necesidad energética nacional y conveniencia comercial, ya que la resolución también tenía en cuenta ese aspecto como condición necesaria", dijo el titular de UTE.