DEMANDAS MILLONARIAS

Estado y políticos sentados en el banquillo

Enfrentan juicios por US$ 249 millones en la Justicia Civil y responden en la penal por ilícitos.

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Por lo menos 12 juicios civiles y penales de entidad enfrenta el Estado o dirigentes políticos. El Poder Ejecutivo afronta demandas en tribunales civiles por US$ 249 millones. Los reclamos más voluminosos son los iniciados por Hyundai por sobrecostos en la construcción de la obra de una central de UTE (US$ 150 millones); cinco ministerios son acusados de impedir a una firma que produjera grappa y aceite de pepita de uva (US$ 70 millones) y la demanda de empresas y trabajadores por la detención de la construcción de la planta de Gas Sayago (US$ 21,7 millones).

El Estado también afronta el pedido de indemnización judicial presentado por 600 ahorristas al BHU (US$ 7 millones) y la ejecución del pago de US$ 193.000 de una sentencia a favor de familiares de un paracaidista muerto en un salto. Además, la empresa Claro espera que el gobierno la habilite para vender servicios de televisión satelital como lo dispuso un fallo del TCA.

En sedes penales, los casos más sonados son los gastos de tarjetas corporativas de Ancap y ALUR; los préstamos por US$ 53 millones sin garantías del Fondo Nacional de Desarrollo (Fondes); los contratos sospechosos en ASSE; el remate de aviones de Pluna y el erróneo suministro de Mulsiferol a niños.

Otros casos de gran repercusión pública

Uno de los enfermeros de la Española y del Hospital Maciel, acusado de cinco crímenes de pacientes en 2012, ganó un juicio al Estado por US$ 240.000 por prisión indebida. El Poder Judicial apeló. También iniciaron demandas otro enfermero y una nurse que fueron encarcelados por el caso. El exguerrillero Amodio Pérez también reclamó al Poder Judicial US$ 122.000 por prisión indebida. Familiares de la joven Soledad Barrios, muerta por un tiro luego del partido entre Welcome y Cordón en 2012, reclamaron US$ 400.000. El caso aún está en trámite en un juzgado civil. Familiares de presos ultimados a puñaladas en el Comcar presentaron demandas por un total de US$ 300.000 contra el Estado. Siguen en trámite.

1 - El caso ancap, Sendic y tarjetas corporativas.

Raúl Sendic fue acusado por el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco de incurrir en los delitos de peculado y de abuso de funciones. Otros siete exjerarcas de Ancap también fueron imputados de cometer el mismo ilícito. La fiscalía consideró que el gerente general de ALUR, Manuel González perpetró una estafa durante la construcción de la planta de etanol en Paysandú. Los pedidos de Pacheco fueron sin prisión. La jueza Beatriz Larrieu citó a Sendic para el 10 de abril de este año. La defensa de Sendic argumentará que los gastos con las tarjetas fueron justificados por cuestiones de su función.

2 - Investigan gastos del Senador de León.

Con respecto al uso de las tarjetas corporativas de ALUR realizadas por su expresidente, Leonardo de León —hoy senador de la Lista 711—, Pacheco difirió su resolución hasta tanto se pronuncie la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que ha resuelto intervenir de oficio en el estudio del caso. Un informe enviado a la jueza Larrieu, al que tuvo acceso El País, señaló que De León gastó casi US$ 5.000 con la tarjeta corporativa de la empresa en restaurantes y hoteles del exterior en fechas que no coincidían con viajes oficiales de la compañía. De León dijo que los gastos era justificados y que presentaría la documentación en la sede.

3 - Planta regasificadora termina en la justicia.

Empresas y trabajadores presentaron ante la Justicia una demanda civil a Gas Sayago por US$ 21,7 millones por reclamos surgidos durante la construcción de la regasificadora. Los dueños de Gas Sayago son Ancap y UTE. Los escritos señalan que Gas Sayago y el consorcio francés GNLS realizaron acciones u omisiones que llevaron a los demandantes a efectuar contrataciones con la empresa brasileña OAS, encargada del proyecto. OAS incumplió con esos contratos, según informó El Observador. OAS se presentó a concurso. A pedido de esta compañía, la Justicia trabó un embargo contra Gas Sayago por US$ 14 millones.

4 - Fondes: préstamos por US$ 53 millones.

La Justicia Penal investiga el otorgamiento de préstamos del Fondo de Desarrollo (Fondes) por US$ 53 millones a cooperativas de trabajadores. La mayoría de estas empresas carecían de suficientes garantías para cubrir los préstamos recibidos, según un informe al que tuvo acceso El País. En varias ocasiones los préstamos fueron renovados pese a dictámenes técnicos en contra. El abogado penalista Enrique Moller, representante de tres diputados de la oposición denunciantes, presentó un escrito donde acusaba a la cooperativa Envidrio de desviar fondos de una capitalización que debían ir al Fondes.

5 - Investigan contratos de ambulancias.

El martes 20, tres directores de ASSE declararon en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de servicios de ambulancias en el hospital de Bella Unión. Dos de los tres jerarcas indagados ocuparon cargos relevantes en el hospital de esa ciudad en el pasado. El 13 de marzo de este año en Mercedes, nueve jerarcas de ASSE comparecieron en el Juzgado por una denuncia que involucra a exdirectora del hospital y funcionarios. Una auditoría de ASSE comprobó que hubo gastos de más de $11 millones en traslados de ambulancias de la Emergencia Movil de Soriano.

6 - Juicio millonario contra el hipotecario.

Un juicio civil contra el BHU fue iniciado por 600 ahorristas. Reclaman alrededor de US$ 7 millones a la entidad financiera por enriquecimiento injusto. El abogado de los ahorristas y socio del estudio Hughes & Hughes, Bernardo Porras dijo a El País que los ahorristas estudian presentar una queja ante organismos internacionales porque Uruguay no reportó la violación de derechos humanos de 2.500 ahorristas que enfrentan un incremento "abusivo" de la U.R. en los últimos años. En 2013, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el tema. El gobierno no reportó a la OEA.

7 - Claro exige que el estado cumpla fallos.

La empresa de telefonía celular no puede ampliar sus servicios de televisión por abonados porque el Estado no cumple sentencias, según un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). A fines de 2017, en un histórico fallo, el TCA señaló que tenía competencia para obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con las resoluciones de la Justicia. Posteriormente, el gobierno permitió la liberación de 500 decodificadores y receptores de Claro. Sin embargo, no habilitó a la empresa a operar. Claro anunció que presentará un escrito ante el TCA solicitando que se multe al Estado por cada día de incumplimiento.

8 - Reparación a familia de paracaidista muerto.

La Justicia de lo Contencioso Administrativo calcula en este momento la indemnización que deberá pagar el Ministerio de Defensa a la familia de un alférez que falleció en 2016 al no abrirse el paracaídas en la zona de Canelón Chico. El alférez Andrés Camacho realizaba un curso básico de paracaidismo y el equipo no se abrió por fallas en el armado, según el juez Alejandro Martínez de las Heras. El magistrado condenó al Ministerio de Defensa a pagar $ 5.600.000 (US$ 193.000) a familiares de Camacho. La abogada de la familia del paracaidista, Daniella della Valle destacó que la cartera no apeló y asumió su responsabilidad.

9 - Mulsiferol: 14 padres denuncian a ASSE

Ocurrió en el Hospital Saint Bois: 233 niños recibieron en forma errónea dosis de Mulsiferol (Vitamina D3). El error médico generó 26 hipercalcemias (elevado nivel de calcio en la sangre) constatadas en la primera consulta, la internación de dos pequeños y cinco casos de fijación de calcio en riñones. Catorce padres presentaron una denuncia penal contra ASSE por lesiones gravísimas, dijo a El País su abogado Nicolás Pereyra. El caso se diligencia en el juzgado cuya titular es Ana de Salterain. Pereyra solicitó a la Fiscalía que se expida sobre las lesiones de los niños establecidas por una forense.

10 - Pluna, Calloia, Lorenzo y Campiani.

La jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard consideró que el expresidente del BROU, Fernando Calloia incurrió en un delito de abuso de funciones al otorgar "en forma antijurídica" un aval por US$ 13 millones a la empresa Cosmo que la habilitó a participar en el remate de los aviones de Pluna. Mainard absolvió al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. Pacheco apeló la resolución. En otra causa, el empresario Matías Campiani, exgerente de Pluna S.A. y sus exsocios intentan probar que la empresa pagó los cheques entregados a Ancap y por ende no cometieron delito.

11 - Hyundai y un reclamo por US$ 150 millones.

Hyundai inició un juicio civil contra UTE donde reclama una indemnización de US$ 150 millones por daños y perjuicios surgidos en la construcción de la central térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre (San José). En su escrito, Hyundai alegó que la culpa de los numerosos retrasos es del Sindicato de la Construcción (Sunca) y de UTE. Por ello, demandó a la empresa pública por los sobrecostos que le ocasionaron estas demoras, según consignó Búsqueda en diciembre del año pasado. Hyundai expresó, en el Juzgado, que el Sunca hizo "infinidad " de paros y movilizaciones que motivaron "decenas de días" de retraso.

12 - Un juicio de US$ 70 millones por grappa.

El expediente tiene 6.000 folios. El juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, Gabriel Ohanian, deberá fallar sobre una demanda por US$ 70 millones contra cinco ministerios, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit), Ancap y su empresa Caba. El reclamo se presentó en 2009 por Salaur S.A. Esta empresa considera que el Estado le impidió fabricar grapa y aceite de pepita de uva. En el juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, cuyo titular es el juez Pablo Eguren, Grappamiel Vesubio le inició un juicio civil a Ancap por ser juez y parte en el mercado de la grappa.

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