CORRUPCIÓN POLICIAL

Al “Margen de la Ley” es una serie policial ambientada en una comisaría de la ciudad de Los Ángeles. Lo que ocurrió con los policías corruptos de Zona IV (Cerro, La Teja y barrios cercanos) es una mala copia de la serie, pero sigue al pie de la letra el argumento de la ficción. Allanamientos y detenciones ilegales realizados en mayo de 2019, incautaciones de mercaderías y equipos informáticos sin órdenes judiciales y cobro de extorsiones a un empresario oriundo de la ciudad de Rosario (Colonia). Tales extremos son señalados por el juez penal de Rosario, Damián Battó Stabilito, en su fallo fechado el viernes 21.

El relato del magistrado, también menciona al igual que la serie, a un oficial detective corrupto y a personal subalterno que no quería quedar afuera del “reparto”.

Al finalizar la sentencia, el juez condenó a una pena de cinco años de prisión a cuatro policías de Zona IV por los delitos de extorsión, violación de domicilio especialmente agravado, privación de libertad agravada, peculado especialmente agravado y asociación para delinquir especialmente agravado. “Todos los delitos en reiteración real”, sostiene el fallo del juez de Rosario.

Marcos Pacheco, abogado de uno de los policías, dijo a El País que estaba conforme con el acuerdo alcanzado con la fiscal de Rosario, Sandra Freitas.

“En primera instancia no se pudo llegar a un acuerdo con la fiscal anterior. Antes de irse presentó la acusación. Luego de peregrinar un año y medio, la fiscal actual analizó a fondo del caso y no compartió criterios de su antecesora. Se llegó a un acuerdo razonable de acuerdo a los delitos”, explicó el penalista.

El 14 de abril de 2019, un hombre denunció penalmente al empresario de Rosario por amenazas de muerte. La amenaza fue recibida por un oficial que, en ese momento, se desempeñaba como encargado de los departamentos de Delitos contra la Propiedad y contra las Personas de Zona IV por ser Semana de Turismo. Un vecino del denunciante también denunció al empresario.

La denuncia fue derivada a la fiscal Brenda Puppo, quien dispuso la incautación de los productos AMWEY en poder de los dos denunciantes.

El juez sostuvo que también surge de las evidencias que un policía “escondió productos (AMWEY) dentro de sus ropas” a fin de “apoderarse de ellos”, así como también hay conversaciones donde “se recriminan unos a otros” por apropiarse de los productos y “no repartirlos con el resto de los compañeros”.

A las 6:30 horas del 22 de mayo de 2019, seis policías de la Zona IV se dirigieron hacia Rosario en un furgón de la Policía y en una camioneta BMW modelo X5, propiedad de uno de los funcionarios.

Al llegar a la casa del empresario denunciado, los policías dijeron que tenían una orden de allanamiento en la camioneta. Engañado por los agentes, la víctima los dejó entrar. Los policías revisaron la casa e incautaron el celular y la computadora del empresario. No tenían orden alguna, según el juez.

El fallo sostiene que los policías le dijeron al empresario que “estaba complicado” y que debía llegar a “un arreglo” por la suma de $ 500.000. El empresario fue subido al furgón policial. “En dicho momento, uno de los policías le manifiesta que debería ir esposado y encapuchado”, dice la sentencia.

Ya en la sede de la Zona IV, los imputados lo rodearon al empresario en forma amenazante; le dicen que iba a terminar en el Comcar en una celda con ocho personas y que allí le matarían. El empresario les ofreció $ 270.000 que era lo que tenía en sus cuentas del Banco República. Los policías accedieron. Lo trasladaron en la camioneta BMW hasta una sucursal bancaria ubicada en Paso de la Arena. Ello quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Luego de recibir $ 90.000 y US$ 5.700, los policías le entregaron al empresario $ 5.000 para que se fuera en taxi a su casa en Rosario.

El taxi costó $ 6.000.