SALTO

Los acusan de asociación para delinquir y rapiña con privación de libertad.

Un tatuaje de un ancla sobre una mano fue clave para descubrir a los delincuentes que robaron la recaudación de las Termas del Daymán en Salto. Dos funcionarios policiales de la Jefatura de Salto fueron imputados ayer por copamiento y asociación para delinquir. Uno de ellos tenía un tatuaje. Ese detalle fue captado por las cámaras de videovigilancia del lugar.

Los dos policías confesaron el hecho y aportaron copiosa información sobre los cómplices con que contaron para cometer el asalto.

Ahora, el fiscal Augusto Martinicorena busca a los cómplices. Entre ellos podría haber funcionarios de la Intendencia de Salto y un empresario que les habría proporcionado el vehículo en el que se movieron.

A punta de pistola ingresaron al centro termal municipal en la madrugada del pasado lunes 22. Los asaltantes sabían que había poca vigilancia en el recinto termal y que el dinero que estaba en las cajas superaba el millón y medio de pesos, producto de la venta de unas 15.000 entradas en los días más concurridos del año.

Cuando uno de ellos ingresó a la zona de oficinas, donde está la principal caja fuerte, rompió una cámara de seguridad sin darse cuenta de que su mano quedó grabada.

Ambos funcionarios policiales habían pertenecido a la Dirección de Investigaciones local, en la actualidad uno de ellos estaba trabajando en una comisaría de campaña y el otro era parte de la Policía Científica, razón por la que estaba en permanente contacto con las autoridades de la Fiscalía y del Juzgado salteño.

Anoche el juez letrado de Salto, Paulo Aguirre, decretó la formalización de la investigación respecto de los imputados NDMDJ y MEOM por la comisión de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado “en concurso fuera de la reiteración con un delito de copamiento (rapiña con privación de libertad) agravado por el empleo de arma de fuego”.

Además, el juez hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el fiscal Martinicorena en base a la necesidad de prevenir la eventual inducción a testigos que pudiera entorpecer las investigaciones.

Por otro lado, el juez también hizo lugar a la petición de los representantes de la Intendencia de Salto decretando el embargo genérico de ambos imputados hasta cubrir la suma reclamada de $ 1.650.000.

Los efectivos ingresaron ayer cerca de la hora 17:00 a tribunales y permanecieron en el lugar hasta minutos antes de las 21:00. En la puerta del juzgado permaneció activado un operativo de seguridad con personal del Grupo Respuesta Táctica (GRT). Armados a guerra, los policías impidieron el ingreso al Juzgado durante la audiencia.

Hasta anoche no se sabía quién había dado la orden de que la prensa no pudiera presenciar la audiencia, como indica la actual normativa. De hecho, nadie de la Fiscalía o del propio Juzgado explicó las razones de la medida. El jefe del operativo policial comentó a los periodistas que aguardaron fuera de la sede judicial que las medidas asumidas respondían a razones de seguridad. No aclaró cuáles eran los riesgos ni si habían amenazas concretas.

Desde la Fiscalía de Corte se consultó al fiscal Martinicorena sobre la situación y este dijo que no había pedido ninguna medida de seguridad.

El próximo jueves, la Junta Departamental de Salto aprobará un llamado a sala del intendente Andrés Lima. Se le consultará sobre la escasa vigilancia en el centro termal, los protocolos de seguridad y quién dio la orden para que esa importante suma de dinero no fuera depositada en un banco.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto se reunirá hoy para analizar el caso. Dirigentes de Adeom que venían apoyando a Lima cuestionaron al jefe comunal y lo responsabilizaron por lo sucedido en el centro termal.