LEGISLACIÓN

La derogación de normas genera panorama confuso.

La palabra "deróganse" aplicada a una serie de normas legales incluida en el último artículo (el 79) la ley de la Ley Integral contra el Lavado de Activos (número 19.574), que entró en vigencia el pasado 1° de enero abrió una caja de Pandora. Es que para muchos expertos el no haber utilizado la palabra "sustitúyese" u otra abre la posibilidad de que caigan causas, algunas muy sonadas, vinculadas con el narcotráfico.

La situación fue advertida en una nota de El Observador del pasado miércoles. El penalista Juan Fagúndez considera que se debe hacer una interpretación literal. Fagúndez dijo a El País que "objetivamente, todas las causas para las que se usó la ley derogada, caen (...) Desde el punto de vista del derecho de las personas tendrían que quedar sin efecto", sostuvo. Y las personas que hubiesen sido encarceladas con esa norma y permanezcan en esa situación deberían ser liberadas. Para Fagúndez, debieron utilizarse palabras como "sustitúyese o modifíquese" y no "deróganse" porque esta "genera un vacío, lo que existía cae, se precipita". A su juicio, una ley interpretativa como la que ha propuesto la diputada nacionalista Graciela Bianchi sería inconstitucional.

"Se ha venido legislando muy mal. Se cree que la ley es para obtener cosas políticas cuando debe ser absolutamente general y sin intencionalidad. Se está ante un trago amargo pero es lo que manda la ley, si no se absorbe el error se está ante un problema grave", sostuvo Fagúndez.

Al penalista Germán Aller la ley contra el lavado de activos no le gusta y se opuso a ella pero considera que cuando se discutió quedó claro que su espíritu "nunca fue ni abatir penas ni eliminar delitos, muy lejos se estaba de ese propósito". De todas formas, considera que "no fue feliz" utilizar la palabra "deróganse" aunque si bien "es de recibo la interpretación literal, no es mi postura porque creo que hay que interpretar la integralidad de la ley, todo el contexto". A su juicio, la ley es una continuidad de anteriores normas y no supone un quiebre con lo que existía. Para Aller ahora habrá que ver qué interpretación dan los Tribunales de Apelaciones en las instancias de apelación. "Esto no debe verse de ninguna manera como una recriminación a los abogados" que sostienen que las causas deberían caer, sostuvo.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, le dijo a El País que deberían ser los representantes del oficialismo quienes tendrían que salir a defender la redacción de la norma porque el proyecto provino del Poder Ejecutivo. "Los jueces y fiscales tienen la palabra. No hay derogación, hay continuidad de las conductas punibles. La ley mantiene punibles las mismas conductas. Promover efecto derogatorio solo favorece a los que delinquieron", sostuvo Mieres en Twitter.

Un representante del oficialismo, el diputado Alfredo Asti, intentó precisamente defender la redacción en la red social. "Las chicanas existen y se tratarán de usar. El artículo derogatorio no debería dejar de leerse fuera de los objetivos de la ley que es ampliar la lucha contra el lavado. No se anulan delitos anteriores sino que se los integra con actualización de la ley según normativa internacional", sostuvo el legislador.

El diputado colorado Ope Pasquet explicó en su Facebook que "la derogación no respondió al propósito de dejar de castigar las conductas que las normas derogadas tipificaban, porque estas conductas (...) siguen siendo delito con arreglo a la nueva ley". "Lo que se quiso fue ordenar y sistematizar una normativa dispersa, compactando en un solo texto legal todas las disposiciones referidas al lavado de activos y eliminando simultáneamente, para evitar confusiones, las normas anteriores". De todas formas, reconoció que "una mejor técnica legislativa" hubiese evitado la discusión. "Lo cierto es que ni los diputados ni los senadores vimos el problema; tampoco lo vieron los numerosos asesores que participaron", admitió.

El constitucionalista Ruben Correa Fleitas recordó a El País que durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez la derogación inadvertida de una vieja ley del siglo XIX en base a la cual el juez Pablo Eguren había procesado a los banqueros José, Jorge y Dante Peirano, posibilitó que sus causas cayeron. Los fraudes de los banqueros agudizaron la crisis financiera del año 2002.

En octubre de 2010 los Peirano ya estaban libres pero su caso tuvo un giro cuando un Tribunal de Apelaciones clausuró su proceso después de que el Parlamento derogara el artículo 76 de la ley 2.230, que preveía penas para quienes cometen fraudes en sociedades anónimas, y por el cual habían sido procesados los banqueros.

La oposición, (en particular el senador blanco Sergio Abreu), atribuyó la derogación a la influencia del exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, quien junto a su esposa Cecilia Salom, eran codefensores del exdirectivo del Banco Montevideo Juan Domingo Ratti.

La fiscal del caso, Raquel González, presentó un recurso con el argumento de que no podía clausurarse el proceso porque aún estaba pendiente la imputación del delito de "insolvencia societaria fraudulenta". La Suprema Corte de Justicia le dio la razón. En junio de 2013, la jueza Beatriz Larrieu condenó a los Peirano a penas de 6 y 9 años de prisión. Como habían cumplido varios años de reclusión y ya estaban en libertad, no regresaron a la cárcel.