ESTUDIO

Qué piensan los abogados defensores sobre el nuevo Código del Proceso Penal

Defensores públicos y privados opinaron sobre el nuevo Código del Proceso Penal en un estudio realizado por la Facultad de Derecho (UdelaR).  

Facultad de Derecho. Foto: Darwin Borrelli
Facultad de Derecho. Foto: Darwin Borrelli

El Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho (Udelar) realizó un informe sobre el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) durante el 2018, primer año de implementación del mismo.

Este estudio fue elaborado con una muestra de abogados públicos y privados - mediante encuestas y entrevistas- y señaló que los defensores consideran que se cumplió el objetivo de la "implementación de igualdad procesal". 

“Los defensores han destacado que la posibilidad de cumplir con las garantías del imputado es una de las innovaciones más relevantes de la reforma penal, porque la defensa se puede ejercer desde el inicio (ya que el defensor toma conocimiento del caso desde las primeras instancias), y porque esto a su vez permite a los defensores controlar la investigación”, sostiene el informe.

Este punto, indica la investigación, es positivo con respecto al control de la detención ya que “la interacción entre la policía y los posibles imputados -en el momento del arresto- suele ser una fuente de problemas y eventuales violaciones de derechos”.

La mitad de los encuestados indicó que “el respeto a las garantías se da siempre” con respecto al control de la detención. La otra mitad marcó “excepciones ocasionales” donde existen “maltratos, malas condiciones de detención, detención indebida y detención de menores en seccional policial”. 

En cuanto a la relación de los defensores con los fiscales el informe dice que algunos entrevistados “señalaron que la relación es muy buena” mientras que otros “mencionan dificultades heterogéneas, tendiendo a señalar que depende de quién esté en Fiscalía”. 

Por otra parte el informe agrega que los defensores ven como “un problema potencial” que se dejan de lado “garantías en aras de la celeridad y la eficiencia” durante el proceso abreviado y los acuerdos. De todas formas “la mayoría está en desacuerdo con que se haya perdido calidad procesal”.

Algunos defensores “reconocen debilidades” ya que “muchas veces no se discute el fondo del asunto”. 

Otros de los abogados consultados opinaron que "se pierde la posibilidad real de un proceso acusatorio, ya que se dan situaciones en que el juez llega a la audiencia de formalización conociendo el caso”.

Otro de los problemas que encontraron fue “el desequilibro entre los recursos de los equipos de fiscales y de defensores”. Los entrevistados dijeron que “la Fiscalía dispone de mayor cantidad de fiscales que la cantidad de defensores públicos disponibles”.

“Si bien los datos disponibles confirman un mayor número de fiscales que de defensores públicos, debe tenerse en cuenta que la tarea es diferente, por lo que todavía no se puede confirmar esta apreciación”, sostiene el informe.

“Casi tres de cada cuatro defensores encuestados discrepa con la afirmación de que con el nuevo CPP se esté dejando en libertad a personas que deberían recibir preventiva” y dice que los argumentos para pedir prisión preventiva “son el peligro de fuga y el riesgo para la víctima o la sociedad”.

“Un aspecto llamativo es que el peligro de fuga muchas veces se fundamenta en que la persona está en situación de calle (al no tener domicilio hace complejo el seguimiento de la persona con otro tipo de cautelar)", indica el informe.   

"Esto hace que personas que podrían obtener una medida cautelar menos gravosa se ven privados de libertad por estar en situación de calle, con el riesgo de profundizar su exclusión”, agrega.

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