Justicia y salud

Piden procesar ginecóloga y partera

En 2013, un bebé murió por mala praxis en Tacuarembó; “hubo negligencia”, dice fiscal.

Paso de los Toros: después de seis años de investigación, la Justicia Penal fallará sobre muerte del bebé Benjamín luego del parto. Foto: archivo El País
Paso de los Toros: después de seis años de investigación, la Justicia Penal fallará sobre muerte del bebé Benjamín luego del parto. Foto: archivo El País

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Pasaron seis años. Pero las dos muertes en el hospital de Paso de los Toros por errores médicos aún son recordadas por la población isabelina.

En marzo de 2013 falleció la joven Lucía Olivera en un parto (ver nota aparte). Y en agosto de ese año, el bebé de Patricia Rodríguez, entonces de 18 años, murió por mala praxis tras continuas demoras de una médica y una partera en su atención. Una ginecóloga y una partera -hoy acusadas por la Fiscalía de incurrir en un delito de homicidio culpable- estuvieron involucradas en ambas muertes.

El bebé Benjamín Rodríguez falleció seis días después del parto. Recibió las primeras atenciones en el Hospital de Paso los Toros y luego fue trasladado a Salto donde murió.

Al momento de fallecer, el recién nacido sufría neumonía, aspiración de líquido amniótico, lesiones arteriales en pulmones, trombosis en la zona renal y necrosis cerebral, renal, miocárdica y hepática, según el dictamen fiscal.

El miércoles 6 de febrero, la fiscal de Paso de los Toros, Daniela Revello, pidió el procesamiento para ambas profesionales por considerar que incurrieron en homicidio culpable. No solicitó una pena de prisión preventiva por entender que la instrucción estaba agotada.

El abogado de la familia Rodríguez, Nicolás Pereyra, afirmó a El País que la petición de la Fiscalía es acorde a derecho y es el resultado de cinco años de lucha por justicia para la familia. “Confiamos en que la sede acogerá la requisitoria fiscal en un todo, dada la contundencia de la prueba pericial que obra en autos (expedientes) y los antecedentes de la profesional indagada”, dijo Pereyra.

Indemnización millonaria

Una situación muy distinta a la penal ocurrió con el caso en la Justicia de lo Contencioso Administrativo. El 19 de diciembre de 2017, un juez de dicha materia condenó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a pagar una cifra récord por la muerte del bebé de nombre Benjamín: US$ 350.000 más intereses legales desde el inicio del juicio en 2015.

Muerte evitable. 

Patricia Rodríguez cursaba su primer embarazado controlado a partir de las 19 semanas de gestación. Y desde entonces cumplió con los controles regulares, exámenes de laboratorio y ecografías, presentado una infección urinaria en el segundo trimestre tratada en forma adecuada.

El pedido de la Fiscalía, al que accedió El País, señala que antes de las 06:00 del 14 de agosto de 2013, Patricia acudió a la emergencia del hospital de Paso de los Toros. “La partera F. no advirtió las condiciones de riesgo de la paciente hasta las 08:00 de la mañana en la que culmina un registro y estima que la variabilidad de latidos del bebé era por ayuno prolongado de la madre indicándole que desayunara”, dice Revello.

A juicio de la Fiscalía, la ginecóloga y la partera acusadas “no agotaron” los recursos disponibles para evaluar la salud fetal. Y señala que la paciente embarazada no fue evaluada por el médico de guardia y la partera no dio aviso al ginecólogo de guardia del ingreso ocurrido, haciéndolo a las 08:00 horas cuando la médica ginecóloga -hoy acusada- iniciaba su guarida de retén.

De las declaraciones de la partera surgió que, anteriormente a la consulta del 14 de agosto, ella consideraba todo como normal. “Se trata de una omisión suya como de la doctora R.” que dio el alta en la consulta anterior “sin haber tomado los recaudos necesarios” para evitar lo que ocurrió posteriormente: la hipoxia (falta de oxígeno) y sufrimiento fetal de Benjamín, agrega la fiscal.

Y cita la conclusión del perito, doctor Justo Alonso, sobre que el fallecimiento de Benjamín era evitable si no se hubiera actuado con “imprudencia”, “impericia”, “negligencia” e “incumplimientos” de protocolo de actuación médica para un embarazo a término.

antecedente negativo

Otra muerte en el mismo hospital

En marzo de 2013, un informe preliminar de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), señaló que la muerte de Lucía Olivera en un parto en el Hospital de Paso de los Toros se debió a una “falla en la percepción del riesgo por parte de los profesionales que la atendieron”. Agrega que la paciente debió ser trasladada a otro hospital. El director del centro de salud fue cesado. Según el documento, se debió implementar el plan de contingencia porque ese centro no tenía los profesionales indicados para el tratamiento. Es decir, Olivera debió ser trasladada a Durazno, que es el lugar más cercano. Esa ciudad está a 60 kilómetros de Paso de los Toros. El 23 de junio de 2014, la Justicia de Paso de los Toros procesó sin prisión al médico de guardia que no le dio atención adecuada a Lucía Olivera, quien ingresó al hospital público de esa ciudad, dio a luz y luego falleció desangrada. La jueza Karen Cuadrado lo procesó por un delito de omisión de funciones, y ordenó como medida sustitutiva que concurriese tres veces por semana a una seccional durante 90 días.

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