DERECHOS HUMANOS

Piden procesamiento de militares, un juez y un médico por delitos cometidos en dictadura

Entre los denunciantes se encuentran el diputado Darío Pérez y el alcalde Piriápolis, Mario Invernizzi.

Debate: la oposición dice que la iniciativa es inconstitucional. Foto: F. Ponzetto
Foto: F. Ponzetto

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percibale, pidió el procesamiento de cuatro militares, un juez y un médico por presuntos delitos cometidos en el Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce (Maldonado) durante la dictadura.

Entre los imputados, según informó el semanario Brecha, se encuentran el exjefe del Batallón, el coronel (r) Artigas Rivera Bianchi, el responsable de la división de inteligencia de la unidad (Sección 2), Víctor Stocco, dos de sus subalternos, Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín, el juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico José Luis Braga.

Además, se solicitó emitir una orden de captura internacional para Dardo Barrios, quien se desempeñaba como jefe de la Sección 2, “actualmente prófugo y probablemente en el exterior”, según el pedido.

Además, se solicitó pidió citar en calidad de indagados al exjefe del Batallón N° 4, Aquiles Moraes y al juez sumariante Beltrán Rosadilla.

Perciballe solicitó los procesamientos con prisión, en calidad de autores y cómplices, por delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad. El pedido surge de la investigación de una denuncia presentada en octubre de 2011 por 19 expresos políticos que estuvieron detenidos en el Batallón, entre quienes se encuentran el diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, y el alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi.

La denuncia se presentó en el marco de una convocatoria nacional organizada por la asociación de expresos políticos Crysol, para que quienes supieran de crímenes cometidos durante la dictadura presentaran su denuncia en la correspondiente jefatura departamental.

Darío Pérez apoyó un proyecto que generó resistencias en el Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli
Diputado Darío Pérez. Foto: Darwin Borrelli

Según el fiscal Perciballe, en la dictadura existía una "dinámica estandarizada" en los distintos batallones, que consistía en someter a los detenidos a torturas, como plantones, patadas en el piso, simulacros de fusilamiento, picana eléctrica y submarino, al tiempo que eran interrogados sobre su participación en organizaciones políticas o sociales y en eventuales ilícitos.

El interrogatorio era dirigido por un oficial de la Sección 2. Luego del interrogatorio, el juez asignado a la unidad labraba un acta de la declaración del detenido. Durante el cautiverio, los presos eran revisados por un médico asignado a la unidad, quien informaba sobre “las secuelas de los apremios a los que eran sometidos los indagados y, en ocasiones, para ver si era posible seguir los tormentos”, detalló el fiscal.

Entre los detenidos en ese Batallón (la denuncia corresponde al período 1972-1076), había estudiantes que militaban en el Comité de Resistencia Antifascista (Craft), en el Movimiento Marxista, en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y en el MLN-Tupamaros.

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