DELITOS PREDICTADURA

Cuatro militares retirados son acusados por el fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, de haber aplicado torturas a dirigentes políticos de izquierda en el Cuartel Florida ubicado en el barrio del Buceo en 1972.

En ese momento, el gobierno era presidido por Juan María Bordaberry (Partido Colorado). Un año más tarde, el 27 de junio de 1973, comenzaría la dictadura.

El dictamen de Perciballe, fechado el martes 11, solicita a la Justicia la prisión para los exjerarcas castrenses por haber incurrido en los delitos continuados de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad.

Perciballe no pudo imputarle a los exmilitares el delito de tortura porque este no existía en la normativa penal en 1972.

En su escrito, Perciballe recoge el testimonio de siete personas que fueron detenidas en esa época por militares y que fueron torturadas en la azotea del cuartel Florida. Los detenidos sufrieron golpizas continuas, “el plantón” (estar varias horas de pie o en posiciones incómodas), el “submarino” (en agua con excrementos humanos) y choques eléctricos.

Uno de los acusados por el fiscal Perciballe es un exmilitar vinculado a la muerte del médico rural, Vladimir Roslik, el último detenido asesinado en la dictadura militar. El crimen ocurrió en 1984.

La acusación fiscal, que fue publicada en la página web de la Fiscalía de la Nación, señala que “surge primariamente acreditado” que en el correr del año 1972 decenas de detenidos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros o afines a dicha organización, fueron trasladados al Batallón de Infantería N° 1 (Florida) ubicado en el barrio del Buceo (Montevideo).

“Una vez allí fueron objetos de diversos apremios físicos y psicológicos, así como sometidos a sendos interrogatorios para que admitieran su vinculación a dicha organización, los hechos delictivos en los que participaran, así como para que delataran a otros integrantes del movimiento”, señala el fiscal Perciballe en su escrito presentado a la Justicia.

Según Perciballe, un grupo muy importante de detenidos presentó el 3 de octubre de 1986 una denuncia penal por los padecimientos que sufrieron en dicha unidad militar.

Tras las pormenores de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, las actuaciones judiciales se retomaron en el año 2011, cuando los denunciantes ratificaron su denuncia y también depusieron otras víctimas que recibieron igual tratamiento en ese lugar y momento.