CÓDIGO PENAL

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Gente corriendo sola, gente corriendo en pareja, gente haciendo ejercicio en máquinas y gente andando en bicicleta. Centenas de personas eligieron ayer la costa para esas actividades. Algunos corrían con pañuelos colgados que simulaban ser un tapaboca, otros lo hacían con tapabocas reales, pero la gran mayoría lo hacía sin nada.

Era un día soleado. El reloj de la rambla y Bulevar Artigas marcaba 26 grados y que eran las 17:00 horas. Fue en esa ubicación, donde había más gente acumulada por los grandes espacios verdes que hay junto a la estación de servicio. Un patrullero a paso peatón alertó por el parlante: “Ante la emergencia sanitaria solicitamos evitar aglomeraciones que pueden aumentar el rumbo de propagación de la enfermedad (coronavirus). Exhortamos desde el Ministerio del Interior evitar reuniones y cuidar la salud de todos”.

Otro patrullero, a la altura de la rambla de Pocitos, señaló por el parlante que, por comunicación del gobierno nacional, “solicitamos que deben abandonar los espacios públicos e ir a sus casas”. Además de las patrullas también salieron a evitar aglomeraciones policías en moto y varios a pie. Los que iban caminado, generalmente de a dos, entregaban folletos con medidas de prevención para el Covid-19.

En altas esferas policiales se descartó ayer la existencia de instrucciones del Ministerio del Interior sobre la eventual resolución del gobierno sobre una cuarentena total.

Los jerarcas sabían que esa era una medida que estaba arriba de la mesa, ya que la información trascendió días atrás. Sin embargo, señalaron a El País, es casi imposible aplicar un plan de esas características porque en caso de que la Policía lleve detenidas personas que violan la medida, no hay médicos para revisarlas como lo establece la ley y los fiscales de Flagrancia están trabajando desde sus casas. Solamente e concurren a la Fiscalía por casos realmente graves.

“Si se decreta la cuarentena, será una pena solo de papel como tantas otras”, dijo un jerarca policial a El País.

En la tarde de ayer, muchas personas concurrieron a playas de Montevideo, Maldonado y Rocha. En esos casos, la aplicación del decreto que exhorta a no participar en aglomeraciones de personas corresponde a la Prefectura Nacional Naval y no a la Policía. Se espera que sucedan días de buen clima y que muchas personas concurran a las playas a tomar sol.

Una fuente de la Armada dijo a El País que no se tiene previsto que marineros exhorten a las personas a retirarse.

Una posibilidad que se manejó en las intendencias del este es llegar a un acuerdo con guardavidas para que éstos instalen banderas rojas y carteles solicitando a los bañistas a retirarse de las playas. Luego los guardavidas abandonarían sus puestos de trabajo. Sin embargo, ello requerirá un acuerdo con las intendencias, ya que éstos son personal contratado o funcionarios municipales.

La eventual cuarentena del gobierno enfrenta a un problema legal. No puede hacerse por decreto, según la mayoría de los abogados penalistas consultados por El País. Necesita una ley. Y esa norma deberá establecer la sanción penal para aquellos que la infrinjan.

Uruguay y Argentina tenían en ese sentido dos normativas similares que habilitaban la cuarentena y las puniciones para los que la desobedeciesen. Pero, en 2001, cuando se desató la crisis de la aftosa en Uruguay, se modificó el artículo 224 del Código Penal y se quitó el delito de peligro de la normativa legal. En su lugar se incluyó la palabra daño.

Antes de esa modificación legal, la simple desobediencia de dicho artículo hacía que las personas incurrieran en un delito de desacato.

Tras decretarse la cuarentena, se abren dos escenarios para aquella persona que la viola. La inexistencia de un daño a otra individuo y ahí el único delito que cabe es el de desacato, o un segundo escenario es que la persona que desobedezca la orden de cuarentena contagie a otro. Ahí el abanico de ilícitos es más amplio.

Para el profesor de derecho penal, Jorge Barrera, allí se entra en el capítulo de las violaciones de las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública o ilícitos relacionados con la integridad física de las personas.

Para el penalista, el gobierno ya estableció la cuarentena en el decreto donde estableció la emergencia sanitaria, ya que en el mismo dispone una serie de exhortaciones y obligaciones para los ciudadanos. “Hay un régimen mixto entre las exhortaciones y las obligaciones. Si se declara la cuarentena, lo único que el gobierno tiene que hacer es una ampliación de las obligaciones a un determinado número de personas”, sostiene.

Una posición contraria sostiene el penalista Juan Fagúndez al señalar que la cuarentena exige que el Parlamento apruebe una ley y que en la misma se determine una sanción para aquellos que violen la medida. “Hay un vacío legal. Según lo que hoy surge del Código Penal, no existe una sanción específica para la cuarentena, salvo que la violación de la misma produzca una lesión a la salud de una o varias personas”, dice Fagúndez.

El también profesor de Derecho Penal, Gustavo Bordes, expresó que la desobediencia a una cuarentena parecería, en una primera instancia, que se incurre en un delito de desacato. Pero esa figura legal, según Bordes, prevé el incumplimiento de órdenes de un funcionario y no a una norma general.

“No hay ningún artículo específico (en el Código Penal) que castigue una violación a una cuarentena”, dice Bordes.

El penalista Pablo Donnangelo tiene una visión jurídica más amplia al señalar que siempre se incurre en desacato si se viola la cuarentena porque la persona transgrede una orden emitida por el presidente Luis Lacalle Pou o un ministro.

En la misma línea que Bordes, el abogado Andrés Ojeda sostiene que en Uruguay no existe un delito de peligro como en Argentina y agrega que la violación de una obligación sanitaria no es un ilícito. Afirma que no se incurre en desacato, lesiones u homicidio salvo que se pruebe que la persona que violó la cuarentena contagió y dañó a alguien.

El caso Carmela: hay que probar daño

Las redes sociales ya han condenado a la empresaria Carmela H. Los supuestos videos donde se la observa caminando en un shopping o bailando en un casamiento en Carrasco se han viralizado en momentos en que el coronavirus se transformó en una pandemia mundial y concita la atención de los uruguayos.

El abogado penalista Pablo Donnangelo dice que a Carmela H. se le diagnosticó la enfermedad, se le recomendó que hiciera reposo y aislamiento por 14 días y no respetó la medida.

“Es pasible de una sanción penal por no respetar el artículo 224 del Código Penal (Daño por violación de disposiciones sanitarias)”, dice el penalista. Este artículo señala: “El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional”.

El penalista Gustavo Bordes advierte que es muy difícil probar que la empresaria incurrió en un delito. “No solo hay que probar que desobedeció determinada normativa (el decreto del presidente Luis Lacalle Pou), sino además establecer que causó un daño a la salud de una o de varias personas”, concluye Bordes.