NUEVO CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

Pacheco crítico con proceso abreviado porque no permite "profundizar investigación"

El fiscal de Crimen Organizado explicó que el "90% de los fiscales" utilizan este sistema, que "en los hechos" implica "una disminución de las penas de todos los delitos".

Fiscal Luis Pacheco en la Facultad de Derecho del CLAEH en Punta del Este. Foto: Marcelo Gallardo.
Pacheco en la Facultad de Derecho del CLAEH en Punta del Este. Foto: Marcelo Gallardo.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, mostró una visión negativa del mecanismo del proceso abreviado al poner en duda, entre otras aspectos, hasta la propia constitucionalidad del mismo.

Sostuvo que su aplicación ha implicado, en los hechos, una "disminución de las penas de todos los delitos", con excepción de los delitos con pena mínima mayor a seis años, en porcentajes altos.

“El proceso abreviado cierra en la práctica toda posibilidad de profundizar la investigación sobre los hechos. Si bien podrían surgir hechos nuevos y dar mérito a una nueva formalización, la práctica indicará que el caso se cierra”, explicó el fiscal.

El denominado proceso abreviado forma parte del Código del Proceso Penal vigente desde el pasado 1º de noviembre y según Pacheco es el que los fiscales emplean en el 90% de los casos que se tramitan.

Pacheco participó anoche de una conferencia en la Facultad de Derecho del CLAEH de Punta del Este, de la que participaron jueces, fiscales, abogados y alumnos del centro de estudios.

El fiscal manifestó que incluso "existen serias dudas sobre la constitucionalidad de este modelo", debido a una posible "vulneración del artículo 12º de la Constitución, que sostiene que nadie será penado sin forma de proceso y sentencia legal. Y aquí, como se ve, no hay proceso. Hay una renuncia al proceso".

Pacheco dijo que también el artículo 15º, que señala que "nadie podrá ser preso sino en caso de infraganti delito o existiendo semiplena prueba, por orden escrita del juez competente", puede ser vulnerado. "Si este artículo exige semiplena prueba para arrestar a una persona, con más razón se deben exigir más pruebas para una condena. Y en el proceso abreviado no tenemos prueba. Se condena sin pruebas”, advirtió.

Este mecanismo “no es un proceso” ni una estructura abreviada, sino que es un “no juicio”, una “supresión del juicio”, estimó el fiscal de Crimen Organizado. Por esta razón, sostuvo que "se afectan las garantías y principios del debido proceso, igualdad, legalidad, presunción de inocencia y carga de la prueba", entre otros aspectos.

Pacheco recordó que en el derecho penal, la pena, desde siempre, "se individualiza por la gravedad del injusto, el grado de culpabilidad de la persona y la concurrencia de circunstancias aleatorias agravantes y atenuantes". En el proceso abreviado, enfatizó, la pena "no depende ya de esos parámetros, sino de la habilidad negociadora del fiscal y del defensor" en el marco de lo que definió como “ofertas y contraofertas impropias y ajenas al derecho penal”.

“Un mismo fiscal puede tener distintas penas para mismos hechos porque entra en una negociación. Con un abogado negociará de una forma. Con otro abogado de otra. La fijación de esas penas con esas ofertas y contraofertas deberían ser ajenas al derecho penal. Hace poco un abogado me dijo que en un caso de delito de flagrancia le había hecho una contraoferta al fiscal. El fiscal le dijo 14 meses y el abogado le hizo una contraoferta. Fue un regateo”, ejemplificó.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Archivo El País
Fiscalía General de la Nación. Foto: Archivo El País

El proceso abreviado esta establecido por los artículos 272º y 273º del Código de Proceso Penal. El primero de los artículos mencionados refiere a los condiciones que deben existir para que sea procedente el proceso abreviado. La primera condición es que se trate de delitos cuya tipificación por el Ministerio Público dé lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a los seis años de penitenciaría, la segunda es la admisión de los hechos por el imputado y su conformidad que el mismo se tramite por el proceso abreviado. “Expresamente el artículo no habla de confesión. ¿Por qué? porque la confesión es la que se presta ante el juez. Y aquí no hay una confesión. Simplemente es una admisión de los hechos ante el fiscal”, explicó el fiscal.

El artículo 273° regula el procedimiento. La norma establece que este proceso se puede aplicar en el período comprendido entre la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir la acusación fiscal. Además, que la aceptación de los hechos será considerada por el fiscal para disminuir la pena hasta una tercera parte de la que debería corresponder al caso que se sustancie.

En la audiencia, el juez debe verificar los requisitos previstos en el artículo anterior y la libre conformidad del imputado con conocimiento de sus derechos. Si el Juez entiende que no se dan estas condiciones declarará inadmisible el acuerdo. La sentencia, de acuerdo a este artículo, no podrá ser mayor a la solicitada por el titular de la acción penal. “Acá el juez no puede preguntar nada al imputado sobre los hechos. Se dicta sentencia”, advirtió.

Pacheco destacó que este mecanismo descongestiona al sistema de justicia, disminuye el numero de reclusos sin condena y otorga seguridad jurídica al imputado.

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