GAS SAYAGO

Oposición denuncia hoy "ilícitos" ante la Fiscalía por la regasificadora

Diputados entregan escrito a Fiscal: “Hubo desviación y abuso de poder”.

La denuncia de los diputados opositores dice que pérdidas generadas al Estado por la regasificadora rondan los US$ 174 millones. Foto: Archivo El País
La denuncia de los diputados opositores dice que pérdidas generadas al Estado por la regasificadora rondan los US$ 174 millones. Foto: Archivo El País

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Los cuatro partidos de la oposición presentarán hoy una denuncia en la Fiscalía de Corte para que se investiguen presuntos ilícitos en la concesión a las empresas GNLS (propiedad de GDF Suez) y OAS para la construcción de la planta regasificadora. GDF Suez y OAS fueron investigadas en varios países por pagos de “coimas” a cambio de obra pública.

La denuncia, de 108 páginas, será entregada al fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela -Jorge Díaz se encuentra en el exterior- por parte de los diputados Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado), Daniel Radío (Partido Independiente) y Eduardo Rubio (Asamblea Popular). Esos legisladores integraron la comisión que investigó la construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago.

El documento, al que accedió El País, señala que hubo “irregularidades e ilicitudes” por parte de jerarcas públicos y de la empresa Gas Sayago, propiedad de UTE y Ancap y “arbitrariedad” en la actuación del Poder Ejecutivo de la pasada administración que podrían ser tipificadas de “desviación y abuso de poder” y “un presunto accionar irregular” de los responsables jurídicos y políticos que generaron “pérdidas millonarias” al Estado uruguayo.

El primer capítulo de la denuncia titulado “Consecuencias y Resultados”, señala que el último balance conocido de Gas Sayago S.A., correspondiente al ejercicio 2017, informa que los recursos afectados a los frustrados objetivos de construir una planta regasificadora e incorporar el gas natural a la matriz energética nacional son, hasta el momento, equivalentes a US$ 174 millones.

Los daños no alcanzaron solo al Estado como persona pública mayor y a sus dos empresas involucradas (Ancap y UTE). Las empresas privadas nacionales que participaron como proveedoras o subcontratistas son titulares de créditos por decenas de millones de dólares, contra la constructora OAS, que se han vuelto “incobrables”, dice la denuncia.

El capítulo II del escrito, titulado “Irregularidades e ilicitudes”, advierte que si bien Gas Sayago S.A. es, desde el punto de vista jurídico, una empresa de naturaleza privada, no debe perderse la perspectiva de que su principal y único accionista es el Estado. En esa perspectiva, dice la denuncia, “es notorio que se abusó de la condición de actuar bajo el derecho privado”.

Sobre OAS recayeron las obras de construcción de la terminal regasificadora y del gasoducto. “La aparición de OAS en los dos contratos representó, según el criterio de los suscriptos, un indicio claro del favoritismo con el que contó dicha empresa, mucho más que una casual coincidencia”, expresa la denuncia. Y agrega que algunas de esas conductas podrían llegar a configurar un ilícito penal, considerando la objetiva coincidencia con algunas de las figuras establecidas en el Código Penal (delitos contra la Administración pública).

Según los denunciantes, la adjudicación de la construcción de la terminal regasificadora, como los procedimientos que la antecedieron y los hechos que la sucedieron, estuvo pautada por “irregularidades de distinto tenor” y por el “evidente afán” de adelantar tiempos de las sucesivas instancias, que en algunos casos terminaron por cumplirse y en otros no.

Secretismo

La denuncia de la oposición también apunta a las autorizaciones ambientales previas para la obra señalando que dicho otorgamiento se realizó de “manera irregular”, “hubo etapas que se saltearon” e “instancias que no se cumplieron”. También refiere a “aceleración de los tiempos” de dichos consentimientos y “presiones” a jerarcas de la época de la Dirección Nacional de Medio Ambiente por parte de algunos de los niveles del gobierno anterior.

Como se ha visto, afirma el escrito, todo el proceso que condujo a la firma del contrato de la frustrada construcción de la regasificadora está rodeado de “secretismo”, “falta de transparencia y decisiones apresuradas” y “carentes del sentido de la responsabilidad adecuada” para quienes se encontraban en proceso de conformación de uno de los más importantes negocios de la historia energética del país. Se trataba de una obra que a lo largo de 15 años superaba los US$ 2.700 millones, sin contar los contratos conexos, dice la denuncia. Y advierte que las autoridades estatales tomaron decisiones “en franco abuso de derecho” y firmaron adjudicaciones de obras con “antijuridicidad”.

Vinculan a GDF Suez con corrupción en Brasil

GDF Suez Latin América Participaçoes fue investigada por la Fiscalía de Brasil, por supuestos delitos tributarios. Además fue vinculada a un presunto caso de corrupción, según la delación premiada del empresario Marcelo Odebrecht de aquel país. “En efecto, GDF controla Tractebel Energía SA”, dice la denuncia de legisladores. Según Odebrecht, esta empresa contribuyó a la campaña de Dilma Rousseff quien, con anterioridad le otorgó la construcción de una usina en el estado de Rondonia.

MÁS

“Un llamado de Gas Sayago plagado de zonas oscuras”

La obra de adjudicación a OAS de la interconexión de la regasificadora de Puntas de Sayago con el gasoducto fue motivo de un análisis detenido por parte de la comisión investigadora de Diputados. La adjudicación fue por algo más de US$ 64 millones, y la obra comprendía un tramo subfluvial que no llegó a construirse y otro terrestre que se construyó, pero cuya inutilidad resulta obvia, atento a la inexistencia de la planta regasificadora, dicen los legisladores opositores en su denuncia. “El llamado a interesados realizado por Gas Sayago está plagado de zonas oscuras”, agrega el documento.

OAS fue una de las 18 empresas y consorcios que se presentaron al llamado a licitación para construir la obra. De acuerdo a un informe de la gerencia general de Gas Sayago, elevado al directorio con fecha 25 de octubre de 2013, la empresa brasileña “no cumplía” con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, y presentó “antecedentes incompletos”. Sin embargo, dice la denuncia, fue preseleccionada por Gas Sayago junto a otras cuatro que se encontraban en la misma situación y, a la postre, resultó ganadora de la licitación. “Parece claro, evidente, y suficientemente demostrado, que la adjudicación otorgada a OAS careció, en este caso, del más mínimo fundamento y, por lo tanto, fue una decisión que se adoptó sin justificación ni respaldo. Hubo un proceder caprichoso de la gerencia general y del directorio de Gas Sayago, que implicó cuantiosos recursos públicos”, advierte el escrito.

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