Fallo judicial

Justicia dice que Estado no debe dar solución habitacional.

La Justicia le negó a siete mujeres —seis de ellas inmigrantes peruanas y dominicanas— el acceso a una garantía urgente que les hubiese facilitado una solución habitacional. Estas mujeres, que en total tienen diez hijos, habían ocupado en febrero unas casas. Por un lado, el Estado, a través de la Fiscalía, les pide que abandonen el lugar y las amenaza con procesarlas por usurpación. Por otro, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución

Estas inmigrantes quieren una casa, pero para ello necesitan una garantía que no está a su alcance. Por eso, con el auspicio del consultorio jurídico de la Universidad de la República, presentaron una acción de amparo contra el Ministerio de Vivienda.

Ayer se conoció el fallo del juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, quien desestimó el recurso presentado. Entre los motivos que esgrimió figuran que se está pidiendo el resguardo de derechos fundamentales económicos y que para ello el Estado debe tener los recursos.

En este sentido, el juez dijo que la calidad de inmigrantes no tiene nada que ver con la solución habitacional y que hay muchos uruguayos en la misma situación. Por ello desestimó cualquier tipo de discriminación o xenofobia.

En la acción de amparo, se explicaba que la condición de extranjeros acrecentaba la vulnerabilidad de las personas y que no podía criminalizarse (usar el Código Penal) contra personas en situación de vulnerabilidad.

El consultorio jurídico de la universidad estatal enfatizó en que si se acude a la vía penal en lugar de a la civil para desalojar a las personas, porque así resulta más rápido, "se acepta que el derecho de los desalojados se vea vulnerado". Por eso antes del viernes la universidad apelará el fallo.