POLÉMICA JUDICIAL
La familia de la víctima reclaman poder apelar la pena dispuesta por la Justicia al imputado tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.
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El 11 de febrero de este año, un automóvil BMW conducido por un joven circulaba a alta velocidad por la calle Carlos María Ramírez. Un Cherry, modelo QQ, circulaba en el mismo sentido por esa avenida. Cuando el Cherry dobló hacia la calle Cubas fue impactado por el BMW. El pequeño auto dio varias vueltas y se estrelló contra un muro. Un niño de cinco años salió despedido y pereció en el accidente.
El relato surge del fiscal Diego Pérez en cuatro audiencias ante el juez Huberto Álvarez realizadas entre el 12 de febrero y el 25 de junio de 2020.
El jueves 30, portando pancartas que reclamaban “Justicia para Lauti”, la madre del niño fallecido en el accidente, familiares y vecinos entregaron una carta dirigida el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Solicitaban que se les permitiera apelar la pena dispuesta para el joven.
“El muchacho entró a contramano y a alta velocidad. Nuestro auto dio dos vuelcos y se paró en un muro. A mi nene de solo cinco años lo llevamos al Centro Coordinador del Cerro y perdió la vida. El muchacho que conducía el otro auto recibirá solo 45 días de prisión”, dijo Verónica Ferrer, la madre del niño, en rueda de prensa.
Ferrer agregó que el fiscal Diego Pérez actuó con parcialidad y cercanía con los abogados del imputado. “Un vecino se solidarizó conmigo y me dio el video del accidente. Estuvo incomunicado y lo detuvieron 48 horas”, dijo.
Duras audiencias.
En una audiencia de formalización efectuada el 13 de febrero pasado, el fiscal Pérez pidió una prisión preventiva para el joven de 60 días y el juez Álvarez la bajó a 45.
En el acuerdo, Pérez solicitó la condena del joven como autor de un homicidio culpable complejo por la muerte del niño y lesiones a sus dos padres. Y planteó una pena de tres años de penitenciaria que se configurará de la siguiente manera: seis meses y 15 días de prisión domiciliaria; 45 días de prisión efectiva y el resto del plazo libertad vigilada (obligación de constituir domicilio y supervisión de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA). El juez Álvarez refrendó el acuerdo que el fiscal Pérez alcanzó con la defensa del joven, los penalistas Laura Robatto y Pablo Barreiro.
La abogada de la familia de la víctima, Marcela Brignoni, rechazó el acuerdo por considerar que el joven conducía un auto de alta gama en forma imprudente, violó exigencias de la Intendencia de Montevideo y que la baja pena “era una mala señal” para la sociedad.
En el intercambio realizado en la audiencia, el fiscal adelantó que no estaba previsto el recurso de apelación por parte de la víctima.
Barreiro dijo que se trataba de “un buen acuerdo” en un accidente donde hubo responsabilidad compartida -el niño salió despedido del auto porque no iba en una sillita ni con cinturón de seguridad- y que este tipo de hechos “son una desgracia para dos familias”.
Según el penalista, hay jurisprudencia de la Corte que sostiene que la familia de la víctima no puede apelar cuestiones de fondo como un acuerdo entre partes homologado por un juez.
Durante el proceso, el fiscal Pérez se enfrentó también con los abogados defensores. En una ocasión, ordenó la detención del padre del joven que causó el accidente por supuestas amenazas. El defensor del padre, Homero Guerrero, debió solicitar la libertad.
Fiscal: el caso es público y se actuó conforme a Derecho
“Lo primero que sentimos y debemos expresar, es que se trata de la muerte de un niño de muy corta edad, que sin duda, bajo cualquier circunstancia, resulta dolorosa, entristece y nos toca profundamente a todos”, dijo el fiscal Diego Pérez al ser consultado por El País sobre los cuestionamientos de la madre de la víctima frente a la Torre Ejecutiva sobre la pena impuesta al imputado.
Y agregó: “A partir de ese sentimiento, podemos entender a los padres al momento de analizar sus reclamos y sus expresiones de dolor. Más allá de ello, podemos decir, también sin dudar y con absoluta tranquilidad, que en todo momento la Fiscalía puso el mayor esfuerzo con el fin de llegar al esclarecimiento de los hechos y que, a tales efectos, dispuso todas las medidas que en función de las particularidades del caso entendió necesarias y más adecuadas para conseguir dicho fin”.
El fiscal Pérez dijo que comprendía los distintos reclamos y movilizaciones que se han realizado porque se trata de una situación que genera especial sensibilidad. Agregó que con tranquilidad puede afirmar que la solución por la que se optó y se logró “se ajusta” a las conclusiones que obran en la causa y “también es conforme a Derecho; todo lo que está en este caso es público”. Ello significa, dijo el fiscal, que el expediente podrá ser analizado y valorado por todo aquel que tenga interés de conocer de primera mano lo que se desprende en la causa.
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