DEMANDA LABORAL

El ministerio lleva perdidos tres de los siete juicios que enfrenta ante extrabajadores de una ONG.

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La echaron estando enferma, no le habían pagado la nocturnidad y le descontaban parte de su sueldo para subsidiar una radio "de izquierda". Pero tras un año y tres meses de litigio, la Justicia selló la sentencia que obliga al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a indemnizar a la damnificada con $ 1 millón.

La señora C.D. y otros seis compañeros suyos habían sido despedidos en abril de 2017 del refugio del Mides en el que trabajaban. ¿El motivo? No habían completado el bachillerato. Ella, quien había cursado hasta ciclo básico, había ingresado a la labor en 2011, cuando la asociación civil Eusebio Vidal se había hecho cargo de la gestión de ese centro de atención nocturna en San José.

Pero esos despidos, y las posteriores demandan legales, fueron solo la punta del iceberg. Según publicó El País el pasado domingo, la asociación civil Eusebio Vidal "nació con la intención de convertirse en una radio comunitaria. Pero un día, mientras intentaban juntar la plata para lo que era ya para ellos un proyecto ambicioso, recibieron una llamada del Mides invitándolos a hacerse cargo de un refugio para personas en situación de calle".

Uno de los referentes de la ONG es el edil comunista Humberto Greno, quien junto a su colega Hugo Gutiérrez, presidente de la asociación civil, no contaban con experiencia previa en el trabajo social que implica un refugio.

Pero, ¿cómo desistir a la oferta $ 5,6 millones para hacerse cargo de 30 personas que iban a cenar, dormir y desayunar en el lugar? En invierno podían llegar a ser hasta 33, pero no más. ¿Cómo decir que no si, además, la Intendencia de San José se haría cargo del pago del alquiler, luz, agua y gas?

Eso sí: la ONG tenía que contratar al personal especializado. Llamaron a un psicólogo, un trabajador social, un enfermero, un auxiliar de servicio y siete educadores. A estos últimos no se les exigía una formación previa. Tal como había respondido el Mides, solo se necesita "sentido común".

La contratación no fue por licitación. Así lo reconoció el propio Gutiérrez ante el juez:

—En un momento nos presentamos a una licitación para abrir un centro de 24 horas, pero este no fue tenido en cuenta porque se entendió que no era necesario para San José un centro de 24 horas (sino solo para la noche). Yo fui a Montevideo, llevé la documentación, pero no había leído la hora a la que había que presentarse y llegué tarde. Se habían presentado dos asociaciones, pero fueron descartadas. Dijeron que se declaraba desierta la licitación y que seguíamos nosotros.

El enojo de los trabajadores, sin embargo, no era por la modalidad de contratación, sino porque se les exigió la quita del 7% del salario, cifra que fue variando y que era destinada "a una radio".

La radio comunitaria se llama "Red Pueblo", es de izquierda, hablan en contra de Donald Trump y a favor de Nicolás Maduro, y reproducen notas de Telesur. Pero eso es lo de menos. "Lo que sucede es que si tu empleador te pide que le des parte de tu sueldo para colaborar con algo, vos no tenés plena libertad para decirle que no", había señalado a El País el abogado de los trabajadores, que es edil por el Partido Nacional.

El Tribunal de Cuentas observó el gasto seis veces, pero se siguió reiterando.

Lo que hizo desbordar la situación fue el día que el Mides exigió que los trabajadores debían contar con Secundaria o UTU completa. Eso llevó al despido de los siete trabajadores y las posteriores demandas.

El caso de la señora C.D. es uno de los tres que ya recibieron un resultado favorable y a los que el Mides tiene que reembolsar ($ 250 mil en un caso y $ 150 mil en otro).

Otros dos casos fueron desestimados y resta por resolverse otros dos que, por incluir una denuncia de acoso laboral (pericia de por medio) vienen más demorados en el proceso judicial.

Los dos casos que restan por resolver también son por $ 1 millón. En el caso de que los trabajadores lo ganen, el Estado terminaría pagando $ 3.400.000 por todas las irregularidades.

La señora C.D. había sido una de las últimas en iniciar la demanda porque previamente no se lo permitía su estado de salud, el mismo factor que llevó a la reclamación de un despido especial.