DENUNCIA

Mides no dio curso a 250 reclamos administrativos durante gobiernos del FA; algunos son de 2009

Son quejas de personal que fue sancionado o trasladado, según dicen sin una debida justificación. Documento que alerta sobre esto fue enviado a Fiscalía.

Una auditoría interna concluyó que existió desorden administrativo en el Mides del FA. Foto: Fernando Ponzetto
Una auditoría interna concluyó que existió desorden administrativo en el Mides del FA. Foto: Fernando Ponzetto

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En la próxima semana, el exdirector de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, y el abogado penalista, Gustavo Bordes, presentarán en la Fiscalía una ampliación de la denuncia por supuestas irregularidades ocurridas en la pasada administración de dicha cartera.

La denuncia, que es investigada por el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, refiere a varios ítems: alquileres de ONG pagos por el Mides y que no fueron volcados a los propietarios de los inmuebles arrendados; el abandono de un contenedor en el Puerto de Montevideo con insumos médicos donados; y el sobrestock de alimentos y materiales encontrados en los depósitos del ministerio.

Además de la denuncia penal, Martinelli y Bordes entregaron al fiscal un documento que contiene supuestas irregularidades funcionales, administrativas y presupuestales detectadas en el Mides por una auditoría interna iniciada tras la asunción del actual gobierno.

A poco de ingresar en el ministerio, los nuevos jerarcas encontraron un placard lleno de expedientes del INAU y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) -u organizaciones que le precedieron con otro nombre, pero con la misma función-. Muchos de esos expedientes llevaban 10 años allí sin haber sido resueltos, según dice el informe en poder del fiscal Rodríguez.

Esos documentos refieren a recursos administrativos presentados por funcionarios del Mides por traslados supuestamente indebidos de una sección a otra, sanciones disciplinarias o sumarios presuntamente ilegítimos. Ello, según una fuente del caso, es una muestra del “desorden” que imperaba en el Mides en la pasada administración.

El informe sobre esos recursos administrativos, al que tuvo acceso El País, señala que, al asumir las nuevas autoridades, en el área Jurídica “no existían plazos preestablecidos” para informar sobre expedientes administrativos, lo que llevó a “una acumulación” de los mismos, los cuales tenían en algunos casos más de un año de atraso.

“Se detectaron más de 250 expedientes con recursos administrativos pendientes desde el año 2009, correspondientes a INAU e Inisa”, dice el documento y alude que los derechos de los funcionarios reclamantes se vieron vulnerados por dicha demora.

Además, agrega que la División de Servicios jurídicos del Mides era “escasamente consultada” por las autoridades de la cartera; no participaba en la elaboración de los pliegos y no se le informaba de las licencias sin goce de sueldo.

Ante estas situaciones, el exdirector Nacional de Secretaria del Mides dictó dos resoluciones: una de ellas fija plazos que obligan a Jurídica a expedirse con celeridad sobre los expedientes -entre ellos los recursos administrativos- y la otra establece que todos los abogados del ministerio pasan a depender de esa repartición.

Para organizar la toma de decisiones administrativas, el actual gobierno creó y rediseñó rutas de los expedientes electrónicos. Por ejemplo, las licitaciones deberán pasar por Jurídica, algo que sostienen no sucedía en la anterior administración.

Certificaciones médicas.

El informe dice que se constató, una “amplia demanda” de consultas psicológicas referidas a diferentes motivos, las que no se respondían por la “inexistencia” de un protocolo de intervención y la “falta de una política clara” en materia de asistencia para los funcionarios teniendo en cuenta las particularidades de la cartera y la alta exposición a situaciones de estrés.

Prestadores advierten que sin la financiación no es posible avanzar. Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

“Tampoco se realizaban análisis multidisciplinarios sobre los motivos de licencias médicas, y se encontró una importante acumulación de unos 600 certificados médicos sin archivar”, advierte el informe. Y agrega que “es imposible” establecer cuáles son las principales causas de enfermedad, pero se estima que, desde el año 2018 hasta agosto de 2020, el costo por certificaciones asciende a $ 82 millones que representan aproximadamente 43.611 días de licencia médica.

Advierten “posible fraude”.

El informe del Mides en poder de la Fiscalía expresa que, en el Departamento de Proveeduría y Logística de la cartera, se detectó que el stock de insumos físicos que figuraba en los depósitos no coincidía con lo que se reflejaba en el sistema informático. “Para ello se debió realizar un conteo físico manual y solicitar una auditoría sobre el inventario de bienes en depósitos del ministerio”, agrega el documento.

El informe cita las conclusiones de dicha auditoría: “Los mecanismos de control para el proceso de ingreso, almacenamiento y egreso de los bienes en los depósitos auditados resultan ser insuficientes, presentan debilidades y en algunos casos son inexistentes”.

Según los auditores, el estado de los depósitos “impide asegurar la transparencia y confiabilidad” de los sistemas de registro que presentan problemas de integridad y podrían evidenciar posibles diferencias materiales entre los inventarios y los registros. El informe advierte a la Fiscalía que se constata una “concentración de funciones” en el jefe del Departamento de Proveeduría y Depósitos, lo que implicaría un “elevado riesgo de posible fraude”.

Varias Ong son denunciadas

El documento del Mides que fue entregado a Fiscalía dice que el 20 de julio de 2020 se efectuaron denuncias penales a las organizaciones Pieles Diversas y el Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (Cepid) por “incumplimiento” en el pago de los haberes salariales de sus empleados y “presunta apropiación indebida” de lo abonado por la cartera.

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