JÓVENES EN CONFLICTO CON LA JUSTICIA

Patrocinarán 20 casos que sean catalogados como “de alta complejidad, riesgo y extrema vulnerabilidad”.

Ezequiel tiene 20 años y es adicto a la pasta base. Gran parte de su día la dedica a buscar dinero para comprar una dosis y consumir. Compra, consume, disfruta “el pegue” que le dura unos minutos y sale -otra vez- a intentar conseguir plata para volver a consumir. Su día pasa “trillando” las calles de Ciudad Vieja y el Centro. Cuando no consigue plata sale a robar; muchas veces para lograr “la cuota” justa y volver a consumir.

A Ezequiel lo han agarrado varias veces, y su rostro es conocido para las autoridades de la Policía, pero también del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Es de “los menores infractores” con nombre y apellido, de esos problemas que la cartera que dirige Marina Arismendi busca solucionar. “Acá todos los problemas tienen nombre y apellido”, recuerda cada vez que narra las diferentes situaciones del ministerio.

Su caso es de “alta complejidad” y “extrema vulnerabilidad”. Es que ya no tiene familia, pero para las autoridades es un joven recuperable. Por eso, el Mides lanzó una licitación para contratar servicios de asesoramiento legal y poder patrocinar 20 situaciones como las de Ezequiel, e intentar que sus protagonistas salgan de la adicción, evitar que vuelvan a delinquir y entren en el mundo carcelario.

El llamado fue realizado mediante el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) para el programa “Jóvenes en Red”. La intención es contratar un servicio de “capacitación, asesoramiento y patrocinio legal para jóvenes” que estén incluidos en ese programa.

El mismo tiene un plazo de 12 meses y para quien gane la adjudicación de la licitación se destinarán $ 400 mil.

El pliego de la licitación establece las especificidades que se buscan con la contratación donde el punto número uno es generar “conocimiento sobre procedimientos policiales, derechos y ciudadanía que impacte en el mejoramiento de las capacidades de acción y resolución en diversas situaciones que implican la judicialización”.

A su vez pretenden conformar un “dispositivo de asesoramiento” para que intervenga en momentos de emergencia por casos de situación de violencia de género. Otro de los requerimientos es que se instale un espacio de consulta y asesoramiento legal para los equipos territoriales de los jóvenes que están incluidos en el programa “Jóvenes en Red”. El último punto del llamado es el que determina el ofrecimiento de “patrocinio legal” -es decir un abogado- para esos casos de alta complejidad.

Este equipo técnico se encargará del seguimiento de expedientes judiciales “cuando lo amerite la intervención”, detalla el llamado. La intención del Mides y el INJU con este proyecto es facilitar y promover a los jóvenes el acceso a la Justicia de “manera informada y acompañada por los equipos territoriales”.

Las autoridades observaron que durante el desarrollo del programa “Jóvenes en Red” han convivido con chicos que se vieron envueltos en asuntos judiciales.

Eso “configura un novedoso escenario de vulnerabilidad para varios de los adolescentes y jóvenes participantes, así como para sus familias dado que no se cuenta con el oportuno asesoramiento para transitar por estos espacios, resultando esto en diversas situaciones de vulneración de derechos. En tales escenarios se producen situaciones de alta complejidad, que van desde el descuido a la situación de los jóvenes hasta prácticas denigrantes y estigmatizantes”, explica el texto del Mides.

En una entrevista con El País publicada el domingo pasado, la ministra Arismendi explicó que cada caso que tratan en el Mides tiene su especial complejidad y requiere de un esfuerzo significativo de seguimiento y asesoramiento.

De lo contrario muchos de esos casos terminan en situación de calle con realidades muy “duras y complejas”. Por eso detalló que es necesario un seguimiento muy personalizado, casi individual de una gran mayoría de los casos.