TIERRA TOMADA

En enero de este año, aprovechando el cambio de gobierno y la feria judicial, unas 700 familias se establecieron en poco tiempo en un predio estatal de Santa Catalina por donde pasa el colector del saneamiento.

Tras 28 procesamientos de personas realizadas a mediados de este año por ocupaciones ilegales y robos de leña, las actuaciones judiciales fueron suspendidas ahora por la negociación que inició un grupo interinstitucional con las familias que se radicaron en el terreno.

Consultado por El País, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, afirmó ayer que este grupo -conformado por los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Intendencia de Montevideo- está intentando encontrar una solución para el problema de la ocupación ilegal de un predio propiedad del Estado.

Según el fiscal Pérez, la intención es alcanzar una salida negociada con los ocupantes del predio. Es decir, el retiro voluntario de las más de 3.500 personas que se instalaron en el lugar.

Efectivos de la Zona IV (Cerro, La Teja y otros barrios) tenían previsto un operativo para ayer en el sitio ocupado, pero el fiscal Pérez lo suspendió dada la intervención de los organismos del Estado.

El equipo interinstitucional ha dialogado con los “okupas” para conocer sus necesidades en cuanto a viviendas y educación, y para saber qué beneficios reciben del Estado, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo a El País que funcionarios de la Dirección de Montevideo y de la Regional Oeste del organismo participaron en tres reuniones interinstitucionales. “Lo que hace el INAU es un acompañamiento. Nuestra presencia procura preservar los derechos de niñas y niños en una situación conflictiva”, explicó.

La “megaocupación” se inició en enero de este año cuando una supuesta cooperativa, montada en una cabaña, se instaló en el predio estatal. Esas personas les decían a los vecinos que los lotes eran para la gente del barrio y lo único que había que conseguir era alambres para delimitar los terrenos. Luego quisieron cobrar un “peaje” de $ 300 a cada interesado por los lotes en el campo privado de 100 hectáreas ubicado al costado del barrio Santa Catalina.

Los ocupantes, la mayoría de ellos residentes de esa zona, construyeron ranchos con costaneros (tablas de pinos y chapas).

Un hecho que generó cierta conflictividad entre la Policía y los ocupantes fue, en abril pasado, el desalojo de personas que habían levantado sus ranchos encima de un caño de saneamiento donde circula agua a elevada presión. Esos moradores corrían riesgo de vida en caso de que ese caño se rompiera. A los pocos días de que estos fueran retirados, otras personas invadieron el lugar.

Luego de la ocupación, con el paso de las semanas, varias situaciones llamaron la atención del fiscal Pérez. Una de ellas fue la presencia de maquinaria pesada en el lugar. Una retroexcavadora abrió calles y derribó árboles en varias de las hectáreas ocupadas. El chofer de la máquina resultó formalizado por intentar sobornar a policías. También sorprendieron al fiscal la rapidez de las personas que llegaron al lugar y cómo estaban organizados.

El 16 de abril de 2020, Pérez dijo que estaba investigando la posibilidad de que narcotraficantes estén detrás de las ocupaciones en Santa Catalina. “No se descarta”, sostuvo.

El fiscal insistió sobre el tema: “Hay una organización detrás de las ocupaciones de ese predio. Al lugar se le asignó un nombre. Esa organización cuenta con un asesoramiento importante. Y tiene una forma de distribuir los terrenos ocupados”.

Pérez reconoció que en el lugar se pudieron establecer familias humildes que precisan de un lugar para construir su vivienda. Y agregó que estás podrían estar siendo utilizadas por la organización o, quizá, tener vinculación con ella.