Comercio del supergás

Megal, Riogas y Acodike enfrentadas en un juicio

Ayer Megal denunció penalmente a sus competidoras.

Supergás: se trata de un trabajo zafral, pero estable. Foto: F. Flores
Supergás: se trata de un trabajo zafral, pero estable. Foto: F. Flores

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El comercio del supergás, que se encuentra en zafra baja, se vio sacudido ayer por una denuncia penal presentada por la empresa Megal contra sus competidores Riogas y Acodike.

El penalista Víctor Della Valle, en representación de Megal, entregó al fiscal especializado de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, un escrito donde acusa a Riogas y a Acodike de incurrir en supuestos ilícitos de estafa procesal y simulación de delito. Es que, en el pasado, la dueña de Megal, Rossana Bucheli, fue a su vez denunciada penalmente por las empresas competidoras.

"Todas esas denuncias han sido archivadas. Aquí estaríamos en un eventual caso de simulación de delito", dijo Della Valle al ser consultado por El País.

El profesional afirmó que la denuncia que presentó al fiscal Lackner puede ser la punta de un iceberg que genere consecuencias penales y civiles.

"Megal también iniciará una demanda civil porque sus competidores (a través de empresas subsidiarias) compraron acciones para fundirla y quedarse con su parte del mercado", explicó el penalista.

El 3 de octubre pasado, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, la dueña de Megal, Rossana Bucheli, denunció que Riogas, a través de su subsidiaria Kimley S.A, y Acodike, con Gusfel Investment S.A., compraron acciones de su empresa.

"Ambas empresas se juntan en el Directorio de Megal y trancan absolutamente todas las decisiones como, por ejemplo, tomar créditos. Es decir, a través de sus subsidiarias, Riogas y Acodike impiden el crecimiento de Megal", dijo Bucheli.

El economista Miguel Carrió, asesor concursal de Megal, dijo que esta es una de las empresas más difíciles de mantener abierta en el proceso concursal de los que le ha tocado participar.

Al igual que Bucheli, Carrió explicó a los parlamentarios que Megal tiene en su interna a dos accionistas que pertenecen a la competencia.

"Por lo tanto, aquellos actos que requieren de un acuerdo de más del 75% de los accionistas, son bloqueados sistemáticamente", dijo.

Según Carrió, eso ha sucedido, por ejemplo, con el tema del fideicomiso. "Cuando este se creó, la subsidiaria de Riogas inició un juicio para hacer caer el fideicomiso", explicó.

Megal también cuestiona un contrato de arrendamientos y suministros de gas firmado en 2007 entre Ancap, Riogas y Acodike que, supuestamente, beneficia a sus competidoras.

Ancap tiene el monopolio de la importación de gas en Uruguay y lo vende a la empresa envasadora Gasur. El capital accionario de Gasur está compuesto por un 40% de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas. Gasur le vende a Acodike, a Riogas y a Ducsa, empresa propiedad de Ancap.

En cambio, Megal tiene su propia planta de envasado. Pero, no puede envasar supergás para Ducsa o para cualquier otra empresa del mercado. En este momento, está en concurso de acreedores.

El 15 de noviembre pasado, el semanario Búsqueda consignó que la presidenta de Ancap, Marta Jara, consideraba que el contrato de suministro de gas firmado por la empresa estatal con Riogas y Acodike no beneficiaba al ente y que debía ser renegociado. El acuerdo finaliza en 2023.

En dicha publicación semanal, Riogas y Acodike negaron ser propietarios de Kimley S.A, y de Gusfel Investment S.A., respectivamente.

El País trató ayer en vano de comunicarse con representantes de Riogas y Acodike.

Zafral.

El mercado de supergás genera una venta promedio de 100 millones de kilos por año. Y no crece. Las ventas oscilan en función de la temperatura. Si está frío, en invierno, las empresas totalizan negocios por 110 millones de kilos. Y si no hace frío, las ventas representan 95 millones de kilos de supergás. Se trata de un mercado estable, pero zafral.

Entre abril y septiembre de cada año se venden 70 millones de kilos. Y entre octubre y marzo se comercializan 30 millones de kilos.

Ello significa que las empresas tienen superávit en seis meses del año y en los otros seis enfrentan un panorama crítico.

Demanda de Aratirí deberá ser pública

La Justicia resolvió que la demanda millonaria presentada por la minera Aratirí al Estado uruguayo deberá ser pública. El pasado 3 de julio la multinacional formalizó una demanda en Estados Unidos por US$ 3.536 millones, por daños y perjuicios. Entiende que la aprobación de la ley de minería de gran porte cambió las reglas de juego en su proyecto para instalar una mina de extracción de hierro en el pueblo de Valentines en Treinta y Tres. El abogado penalista, Gustavo Salle, presentó un recurso ante Presidencia para acceder a la demanda arbitral de la empresa que se negó a conceder. Ahora, tras un fallo del juez del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras, el gobierno deberá mostrar la demanda. Según supo El País, Presidencia no descarta apelar el fallo judicial. La demanda de la minera ya empezó a tramitarse en Washington, Estados Unidos. Por eso, en agosto viajó a EE.UU. una delegación uruguaya integrada por técnicos de la Dinama, Alejandro Nario y Jorge Rucks, exdirectores de esa repartición, los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández; Néstor Campal, director de Minería, Roberto Kreimerman, exministro de Industria, Energía y Minería, y Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia.

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